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Mujeres en la Ciencia recuerdan al Estado su deber legal y moral de proteger el patrimonio natural en las Islas del Cisne

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Tegucigalpa – “El Estado tiene el deber legal y moral de proteger el patrimonio natural en las Islas del Cisne y no debe ponerlo en riesgo. Esto también es parte de su compromiso al haber firmado convenios internacionales de protección”.

En estos términos se pronunció la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD, por sus siglas en inglés), capítulo Honduras, integrado por 147 científicas del país, entre ellas, María Elena Bottazzi, nominada al Premio Nobel de la Paz.

“Como científicas, expresamos nuestra profunda preocupación ante el anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne”, expresó la organización que se suman a las filas de defensa a la protección del Parque Nacional Marino Islas del Cisne, ante la pretensión del Gobierno de construir una granja penal en la isla mayor.

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OWSD-Honduras señala en su pronunciamiento que, en lugar de llevar una cárcel, el Estado hondureño debe impulsar un plan para convertir el archipiélago en un espacio de investigación científica generador de conocimiento útil para la humanidad.

Detener planes de destruir la biodiversidad

OWSD-Honduras recordó que el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) ha emitido un sendo dictamen, el que recomienda debe ser considerado por el gobierno de Honduras.

Las científicas hondureñas instan a detener inmediatamente los planes de construcción y a llevar a cabo un proceso de evaluación riguroso sobre el impacto ambiental del proyecto que permita la participación activa multisectorial.

“Deberá incluirse el estudio de la efectividad del modelo de cárceles en islas de otros países, así como de la posibilidad de alternativas en otras regiones de Honduras donde el impacto ambiental no sea tan grave”, señala el pronunciamiento.

Evaluar, predecir y mitigar

La organización resalta que una evaluación de impacto ambiental es un procedimiento para evaluar, predecir y mitigar los potenciales impactos positivos o negativos que un proyecto de obra puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo.

Este tipo de evaluaciones también se usan para definir las alternativas cuando el proyecto no es conveniente y se ejecutan previo a la toma de decisión, no son estudios que se hacen para validar lo que ya está decidido.

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Los estudios que se hagan deben también incluir aspectos de costo-beneficio, de derechos humanos, atención en salud física y mental de las personas, acceso de las familias de los privados de libertad y el manejo de crisis de seguridad, sanitarias y de desastres.

Solo a través de una evaluación independiente, estricta y transparente se podrán tomar decisiones informadas y responsables que protejan tanto los intereses de seguridad nacional, como la integridad del medio ambiente en dichas islas. VC

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