Por: Ricardo Puerta
En la actualidad existen más de 200 sitios que han sido declarados “santuario”, mismos que protegen y refugian a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
El término “santuario” se aplica a jurisdicciones estadounidenses de niveles inferiores al federal: estados como California; ciudades como Nueva York; condados o municipalidades como Miami Dade County; e incluso oficinas del Sheriff o jefe de la Policía Local, un funcionario civil electo.
Además, podría ser declarado santuario un lugar de propiedad privada con uso colectivo, como una iglesia, un restaurante, una escuela, una biblioteca, etc.
¿Qué significa santuario?
Son sitios amigables con los inmigrantes, los tratan como humanos, sin importar su condición migratoria. Haciendo esto, aceptan con sus actividades que emigrar es un derecho humano inalienable, y que cruzar una frontera entre países -sin la debida documentación- es una falta administrativa y no un delito. Reconociendo que cada país maneja sus fronteras soberanamente, cumpliendo por acción u omisión, parcial o totalmente, lo estipulado en el derecho internacional.
Si dependieran del presidente Trump, los lugares santuario en los EE.UU. nunca se hubieran creado. Estos nacieron en 1977, con la Ley del Estado Santuario, de Oregón, figura legal que siguen usando de modelo otros estados -y jurisdicciones menores- que la han adoptado.
En esencia, la Ley Santuario prohíbe el uso de recursos estatales y locales para hacer cumplir la ley federal de inmigración, si el único delito que supuestamente tiene la persona “sospechosa” es estar ilegalmente en el país.
Al momento de su implementación, lo santuario no fue algo polémico. Si l lector quiere saber más de la historia de los lugares santuario en la migración estadounidense, pinche aquí.
Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, comienza su guerra desde la presidencia contra los inmigrantes: “era una promesa hecha a seguidores y votantes durante su campaña presidencial”.
Pero los sentimientos anti-migrantes de Trump venían desde más atrás. Los expresó el mismo día en que lanzó su pre-candidatura a la presidencia, en junio del 2015, cuando en su discurso estigmatizó a los inmigrantes latinos, en particular a los mexicanos, afirmando “que (al país) traen drogas, crimen, son violadores, y supongo que algunos son buenas personas”.
Y no estamos hablando de poca gente. La población inmigrante irregular en los EE.UU. hace años sobrepasa los 12 millones de habitantes, equivalente a casi el 4 % de la población total del país, que suman unos 10 millones de asalariados y una minoría de empleadores. Dos tercios de todos los inmigrantes indocumentados en ese país son de origen mexicano. Y hoy debe haber un estimado de 1.5 millones que forman la diáspora estadounidense de origen hondureña.
Los migrantes irregulares en Estados Unidos llevan décadas estancados en la misma situación migratoria irregular que tienen al presente. La última reforma migratoria integral estadounidense la hizo en 1986 el Presidente Ronald Reagan, que firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA).
Esa Ley evitó la deportación y abrió el camino a la ciudadanía a 2.7 millones de indocumentados, la mayoría de origen mexicano.
Desde hace años los más de 12 millones que hoy vive y trabaja en los Estados Unidos, representan el único caso en el conjunto de las 30 naciones más desarrolladas del mundo. La actuales autoridades migratorias estadounidenses no deportan esta fuerza laboral, ni fuerzan a firmar a quienes la integran un documento diciendo que “desean regresar voluntariamente a su país de origen”, aún en esta era abiertamente anti-migrante de Trump.
En mi opinión, tal indecisión existe porque los empleadores de esta numerosa “mano de obra silente” prefieren en sus empresas tener “mojados”. Pues al no disponer de “sus papeles en orden”, carecen de voz y legitimidad para exigir el cumplimiento de las leyes laborales vigentes, incluyendo paga, duración de la jornada legal de trabajo y beneficios adicionales.
Los patronos “de los ilegales” constituyen un dilema en el actual ambiente político estadounidense. En las elecciones votan habitualmente por el Partido Republicano. Sin que abiertamente, como grupo, se muestren partidarios de Trump, en parte por sus ideas anti-migratorias. Tema reiterado en su actual campaña presidencial, que culmina días antes del próximo 3 de noviembre, 2020, cuando piensa ser re-electo.
Ironía adicional: hasta Donald Trump, como empleador prefiere contratar en sus empresas a “inmigrantes ilegales” en vez de trabajadores estadounidenses. Según él, porque en ciertas épocas del año no encuentra trabajadores nativos o nacionalizados para hacer las labores requeridas.
De inmediato resalta en la Administración Trump el número de demandas judicialesque líderes, jueces y organizaciones no-gubernamentales pro-
Sonia Sotomayor, una jueza de esa Corte, protestó en febrero pasado por lo abusiva que se vuelve la Corte Suprema cuando concede solicitudes de emergencia en asuntos que a menudo revierten “el proceso normal de apelación” porque “inclinan … la balanza a favor de la parte que ganó”.
En la Corte hay 9 jueces en total, 5 conservadores y 4 que no lo son. Sotomayor dijo que la urgencia de lo expedito es “lo más preocupante en el comportamiento de la Corte” porque resulta beneficiando a “un litigante sobre todos los demás”. Sin decirlo directamente, la jueza se queja del abuso de poder que adopta la Corte para beneficiar los decretos de Trump. Al exigir urgencia para decidir la demanda, están favoreciendo a la mayoría conservadora de 5 contra 4, que la usa a su conveniencia.
Lo que sucede en la Corte Suprema, se refleja en la burocracia gubernamental que gestiona y administra -a nivel federal- la cuestión migratoria. Los Republicanos perciben que al cesar su mandato de 8 años, el expresidente Obama dejó de herencia a su sucesor una burocracia acostumbrada a tomar decisiones no en base a decretos presidenciales, como lo hace Trump, sino en relación a la historia, Constitución y leyes pro-migrantes de los Estados Unidos, realidades opuestas a las ideas anti-migratorias.
Como resultado, las definiciones “oficiales” que la administración Trump divulga sobre la condición “santuario” a la opinión pública -para dentro y fuera de los Estados Unidos- reflejan ideas y sentimientos distintos, a veces excluyentes entre sí y con frecuencia contradictorios.
Por eso, es recomendable que el lector conozca cuatro hechos que aparecen citados en la hoja informativa del Consejo de Inmigración de los Estados Unidos sobre los lugares santuario:
1. Las acciones federales destinadas a obligar a las jurisdicciones locales que cumplan con las leyes de inmigración vigentes –en cuanto a la identificación, detención y deportación de inmigrantes indocumentados– son probablemente inconstitucionales porque son funciones propias del gobierno federal y no de los gobiernos locales.
2. Las jurisdicciones santuario son más seguras y económicamente más vibrantes que las jurisdicciones no santuario.
3. Las jurisdicciones santuario cumplen con la ley federal.
4. Las jurisdicciones santuario comparten información con las autoridades federales de inmigración y no protegen a los inmigrantes que son realmente deportables, por haber cometido delitos mayores, asumiendo que ya fueron juzgados y sentenciados, de acuerdo al debido proceso.
Sheriff de la Policía Local de una Ciudad Santuario
Con fines ilustrativos comento el caso de Charlie Beck, Jefe del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles. De entrada, nos declara: “Ese -refiriéndose a entrevistas a inmigrantes irregulares- no es nuestro trabajo”. Y en consecuencia, el Departamento de Policía -el LAPD, por sus siglas en inglés- aclara: “no colaborará con las deportaciones anunciadas por Donald Trump”.
El Sheriff Beck tiene además un buen estilo gerencial. Acostumbra la agenda de la Ciudad abierta a la participación de sus bases sociales. Por su parte, los policías comunitarios de su Departamento se mantienen con vínculos y en dialogo permanentes con los líderes comunitarios de las distintas diásporas de inmigrantes que co-habitan en su cobertura.
En hondureño, eso equivaldría a gestionar la ciudad en un constante “cabildo abierto”, que le permite ejercer su mandato a través de un gobierno democrático, participativo e incluyente, con igualdad de oportunidades para todos pobladores, sean o no migrantes Por eso, además de California, el primer Estado que oficialmente se declaró “santuario” el 7 de octubre, 2017, los Estados de Connecticut y Oregón emularon la experiencia californiana.
A nivel nacional, un total de 239 localidades continúan siendo santuario; limitando el trabajo migratorio de las agencias federales, especialmente cuando las mismas están investigando casos criminales. Otras 23 tienen resoluciones santuario y 5 órdenes ejecutivas en tal sentido. Unos 12 estados tienen pendientes dos tipos de legislación, una pro y otro anti-santuario.
Por la variedad de medios que usan y los distintos grados de efectividad que logran en su desempeño, los dos párrafos anteriores demuestran que a distancia, es difícil distinguir cuáles son los requisitos mínimos y a qué nivel deben cumplirse para poder identificar que una localidad es suntuaria, categóricamente, y sin duda.
Líderes locales contrarios a los lugares santuario
Pero no todos los funcionarios –por debajo del nivel federal– aceptan que sus jurisdicciones sean “santuario”. Seis condados de Florida decidieron “dejar de ser santuario”, y pidieron que los nombres de sus sitios fueran borrados de la lista que publica USCIS.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), decide, entre otras el número máximo de visas que anualmente son aprobadas para que inmigrantes puedan trabajar legalmente en sus coberturas menos de doce meses al año y por un limitado número de años.
En este caso, tales comunidades de Florida siguieron la decisión hecha por Francis Suárez, popular alcalde del Condado Miami-Dade, electo por el 85 % del total de votantes de su condado. Suarez, al año y días de haber tomado posesión -en julio del 2018- adoptó para su condado la nueva lista de motivos por los que un inmigrante puede ser referido a juez de inmigración para iniciar su deportación. Con ello, alineaba su condado con las políticas anti-migratorias de Trump.
Dos hechos significativos antecedieron la decisión del Acalde Suárez. El 18 de junio 2019 el Presidente Trump abrió oficialmente su campaña de re-elección en Orlando, Florida, un estado péndulo en el que Trump ganó por un estrecho margen las votaciones de noviembre de 2016, resaltando con ello el valor estratégico que sigue teniendo el Estado de Florida en la elección presidencial estadounidense.
El otro hecho significativo sucedió en octubre, 2019, cuando el Presidente Trump y su familia se mudaron oficialmente a Florida, desde Nueva York, Estado en que vivieron por años antes de llegar a la Casa Blanca.
La amenaza más reciente a los santuarios
La primicia de esta amenaza me llegó por gentileza de Jorge Loweree, Director de Políticas del American Inmigration Council. El Consejo Americano de Inmigración, con sede en Washington D.C. además de proporcionar representación legal y recursos educativos, se dedica también a la defensa, el litigio y la investigación de temas que afectan la inmigración en los EE. UU. La organización está activa a nivel estatal y federal.
Lo que recibí el 2 de marzo, 2020, en mi correo digital decía (traducida al español) así: “El gobierno (federal) ahora tiene la intención de desplegar equipos SWAT de inmigración en las comunidades con políticas de santuario. Y se espera que los ataques a las políticas de santuarios se intensifiquen este año” (electoral), 2020, en que Donald Trump busca re-elegirse.
¿Que son los equipos SWAT en los Estados Unidos?
Según la estrategia del gobierno reportada por el New York Times, los agentes que serán enviados a estos sitios santuario conforman la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza. Son militares de élite, que forman varias fuerzas de seguridad. Sus miembros se entrenan para realizar operaciones de alto riesgo, que habitualmente quedan fuera de las capacidades de los oficiales regulares, como son: rescate de rehenes, lucha contra el terrorismo y operaciones contra delincuentes fuertemente armados. También son responsables de arrestos de inmigrantes ilegales.
Los equipos SWAT están a menudo equipados con armas de fuego especializadas, incluyendo ametralladoras, fusiles de asalto, material antidisturbios, granadas de aturdimiento y rifles de francotirador. Estos equipos se movilizan en vehículos blindados y usan armaduras corporales pesadas, escudos antibalas, visión nocturna y detectores de movimiento para determinar la forma encubierta donde se encuentran en estructuras cerradas los rehenes y secuestradores que buscan”.
Conclusión
¿Podrán los SWATs buscar, apresar y expulsar a más de 12 millones de inmigrantes irregulares que hoy se encuentran regados en más de 2,500 lugares a lo largo y ancho de Estados Unidos, sin fomentar en la nación un ambiente generalizado de miedo, persecución y guerra, y respetando a su vez, los derechos humanos de los migrantes y sus familiares? …… Lo dudo.
