Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- En la década de los setenta la historia registra que los primeros asomos del narcotráfico en Honduras estaban asociado a los militares.
Fue el caso de Mario y Mery Ferrari el despunte de esa historia inconclusa en este país.
En la década de los ochenta el tema de las drogas fue ahogado por el de la doctrina de la seguridad nacional y la guerra fría este-oeste. Washington no estaba tan ensimismado como ahora. Pero los militares cargaron el lastre de las violaciones a los derechos humanos por el cual desaparecieron en forma forzada más de un centenar de hondureños por sus ideas, según el informe oficial “Los Hechos Hablan por sí mismos” del Conadeh.
Esa factura nunca fue cerrada y el país tiene esa deuda con las víctimas y con la historia. Las Fuerzas Armadas, no obstante, entraron a una etapa de modernización y relevos en un afán por construirse una nueva imagen que les devolviera credibilidad para no ser vistas como el poder de los gobiernos de facto, el poder de las violaciones a los derechos humanos y mucho menos, el poder asociado al narco.
“Los cambios nos agarraron con los pantalones en la mano, pero tuvimos que entrar a ese proceso y ojalá ustedes—los periodistas—no terminen heredando la impunidad que tuvimos en su momento los militares”, me dijo hace años uno de los últimos jefes castrenses en una entrevista con fines académicos.
Fueron momentos difíciles para la institución castrense y si bien no se conoce a fondo el rol que jugaron en la etapa oscura de la democracia hondureña, lograron de a poco levantar su imagen y recuperar una credibilidad perdida. Hasta un Libro Blanco de Defensa construyeron para dibujar las líneas de cambio a seguir pero los políticos impidieron ese avance, los engolosinaron para desembocar posteriormente en los sucesos del 2009 con la asonada al gobierno de turno.
Antes del 2009 y posterior a ese año, los militares redescubrieron el encanto del poder que otra vez les ofrecían los civiles. Fue el gobierno del derrocado Manuel Zelaya quien les abrió esa puerta y les coqueteó dándoles funciones que se creían del pasado. Luego del golpe, el resto de gobiernos siguió descansando en los militares ante la ola de inseguridad y violencia del país. Vivimos una especie de reedición histórica con algunas tonalidades diferentes.
Una de ellas es precisamente su aliado tradicional en la figura de Estados Unidos, país que ahora no parece estar dispuesto a tolerar que su estrategia contra las drogas se les vaya de las manos.
Inusual como suelen ser muchas de las cosas que hace Washington, dos comunicados señalando con nombres apellidos presuntos nexos de hondureños, entre ellos militares, con la corrupción y el narcotráfico ha colocado nuevamente en el ojo público a las fuerzas armadas.
Máxime cuando uno de esos oficiales ya había sido denunciado en una carta por las comunidades misquitas en un confuso operativo en el cual murieron personas inocentes sin que existan culpables.
Callados en principio, esperando que el feriado y el invierno dejaran correr el agua, los uniformados no quisieron referirse a fondo sobre el primer comunicado de la embajada estadounidense. “Esperamos una comunicación oficial”, dijeron un tanto altaneros.
Fue el segundo comunicado revelando otro nombre de otro oficial que llevó finalmente a las gloriosas a reaccionar y decir que sienten “vergüenza” y que van a limpiar la casa aunque se resistan a creer que pudieran ser permeados como pasó en los años setenta.
La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha sido quizá la más directa en cuanto a estas designaciones de Washington. Ella cree que el presidente Hernández se ha de sentir defraudado porque ha colocado en los militares miles de millones de recursos para las estrategias de seguridad dentro del presupuesto normal y dentro del presupuesto del tasón de seguridad, ultimo que se conoce a medias.
Castellanos cree el presidente Hernández y el alto mando de las fuerzas armadas están a tiempo de corregir los entuertos, de sanear la institución para que no ocurra lo que pasó con la policía y que no pierdan su credibilidad. Los militares siguen siendo la única institución del Estado con mayor credibilidad, más que el Ejecutivo y los otros poderes del Estado juntos, según las encuestas.
Pero si no leen los mensajes de Washington y siguen cometiendo abusos como los registrados por la policía militar de orden público plasmados en libros y archivos públicos y humanitarios, es probable que los pantalones se les vuelvan a bajar.
Lo lamentable es que ese es un lujo que no se pueden dar como en el pasado, el país está muy frágil, polarizado e infestado en gran parte por el poder de los barones de la droga. Basta leer los reportes para hacerse una idea de la dimensión del problema.
Esconder la cabeza como el avestruz sería un craso error que ojalá los castrenses entiendan, pero si en lugar de atacar y atajar el mal, siguen oyendo a los flautistas de Hamlet de la política, tendremos que prepararnos para fuertes tempestades. Más de Thelma Mejía. Aquí…
