Por: Ricardo Puerta
Me decidí a escribir este artículo sobre el dilema migratorio hondureño porque es una demanda con más de 15 años sin resolverse en el acontecer nacional. Además, al presente estamos en un ambiente generalizado de diálogo nacional, buscando ideas para después construir “la Honduras que deseamos y no tenemos”, conforme a los tiempos en que vivimos.
Se estima que unos 100 mil nacionales se van cada año de Honduras, con destino a Estados Unidos, por tierra, sin la debida documentación, movidos mayormente por coyotes, buscando el empleo que buscan y no tienen en Honduras. El costo promedio de cada uno que se va del país por tierra fluctúa en unos cuatro mil quinientos dólares, alrededor cien mil lempiras por persona si viaja asistido por un coyote.
Esos costos los pagan habitualmente los emigrados hondureños, parientes y amigos, que ya están establecidos en el extranjero. Aún cuando a su vez la familia que deja en Honduras el migrante que se va, también incurre también en gastos adicionales y por ello asume un endeudamiento, probablemente de menor cuantía que el asumido por la diáspora.
Para tener una idea, en el último masivo éxodo infantil de origen hondureño que se disparó para Estados Unidos por tierra el año pasado, 2014, se fueron unos 19,000 menores sin compañía de un adulto, en adición a unas 21,000 unidades familiares, esto es, un menor acompañado por un adulto. Mover todo ese contingente humano, produjo en ingresos unos 60 millones de dólares al coyotaje del país. Si bien es un negocio penalizado, opera como una empresa multinacional, casi “de interés público” por el efectivo y ubicuo servicio que presta, con “filiales” en Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos.
Los coyotes en Honduras son los operativos más visibles y aceptados de la política oficial migratoria vigente. Cuando quieren, inician, impulsan o detienen movimientos originados con demanda en cualquier lugar del país. En parte, porque la “política oficial” vigente, en la práctica carece de transparencia y realismo. No tiene la institucionalidad, recursos, programas, proyectos, controles, incentivos y mecanismos de evaluación mínimos necesarios para lograr y probar lo que pretenden.
Para muestra un botón. Aunque el discurso oficial del Gobierno dice que con sus acciones favorecen a los migrantes y familiares, de hecho, en balance, quienes más se lucran con los negocios que generan los migrantes son los bancos, cooperativas de crédito, casas remesadoras, de cambio, los importadores y exportadores de productos, y los especuladores de monedas extranjeras en Honduras. Ello sucede aún cuando el Banco Central de Honduras decide las políticas y normas regulatorias de lo hecho, supuestamente orientadas “al crecimiento, desarrollo y bienestar del país”.
Durante el año pasado 2014 el monto de remesas recibidas en Honduras desde el exterior ascendió a tres mil quinientos millones de dólares, unos setenta mil millones de lempiras. Ese total significa una gran cantera de recursos frescos para el país.
Lo recibido en remesas supera cada año los dólares que en conjunto entran a Honduras por las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, los fondos extranjeros de inversión y ayuda. El total anual en remesas equivale a un tercio del presupuesto general anual de ingresos y egresos de la República y al 15% del Producto Interno Bruto/PIB nacional.
Por todo lo anterior, desde hace más de una década las remesas que vienen del exterior al país, se han convertido en el principal estabilizador financiero de la economía hondureña. Así lo reitera el Gobierno, la empresa privada y los organismos de la cooperación. Solamente están superados por los montos anuales que mueven la narcoactividad y el lavado de dinero en el agregado nacional.
El problema
La migración hacia el exterior de hondureños podría convertirse en un instrumento efectivo del desarrollo del país, que hoy no lo es. Por lo tanto, el problema para Honduras no es la migración en sí misma, sino el tipo de migración que predomina en el país desde 1998, año en que nos azotó el huracán Mitch y se disparó el éxodo masivo de los hondureños hacia países extranjeros.
La misma se caracteriza por ser desordenada, ilegal, costosa, extractiva de recursos humanos, irrecuperables hasta el presente, altamente violadora de derechos humanos y con impactos negativos para el migrante, familia, empresas, comunidades y para el país en general.
En los medios de comunicación de Honduras continuamos oyendo y leyendo a diario sobre los abusos, maltratos, extorsiones, secuestros, explotaciones y violaciones que les hacen a nuestros compatriotas cuando emigran por tierra, hacia Estados Unidos y otros países, generalmente por razones laborales, buscando una mejor vida para ellos y sus familias.
Muchos quedan lisiados, víctimas de accidentes en la travesía, y también al cruzar fronteras, y en menor número, cuando finalmente se asientan en sus sitios de destino. En tales movimientos resalta el número de nacionales que han perdido sus vidas a manos de delincuentes comunes, criminales, mafiosos y narcos, que operan en habitual complicidad con autoridades policiales, militares y migratorias, tanto de Honduras como de los países en tránsito, sobre todo en México, y menos, aunque en menor número, en el país de destino.
Más de 450 hondureños han sido mutilados por el temido Tren de la Bestia en los últimos cinco años. Según cifras de COFAMIPRO desde el 2000 a la fecha, se han registrado más de 500 casos de hondureños desaparecidos durante la ruta migratoria. En el año 2014 el Instituto Nacional de Migración de México denunció 662 secuestros contra migrantes centroamericanos, de los cuales la mayoría, 365 era de nacionalidad hondureña.
El tipo de migración al exterior que predomina en Honduras tampoco favorece a la empresa privada del país. Para ello, tendría que convertirse en lo que hoy no es: la gran generadora y beneficiaria de las “remesas del conocimiento”; entendidas éstas como la transferencia de capital humano y social, usando recursos de diferentes tipos que fueron aprehendidos por el migrante mientras estuvo laborando fuera de Honduras. Esos recursos tienen demanda nacional permanente en el país de origen del migrante. Esta comprobado que en la época de globalización en que vivimos, combinar remesas económicas con las del conocimiento, dentro de una estrategia de crecimiento y desarrollo nacional, genera innovaciones, suma nuevas actividades y aumenta el nivel de competitividad de las empresas, sobre todo cuando abren, reorganizan o expanden sus operaciones.
Además, no olvidemos que migrar dentro y fuera del país es un derecho natural e inalienable de la persona humana. Esta expresamente reconocido como tal desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por ende, ningún gobierno, funcionario o autoridad de otra instancia, puede negarle ese derecho a la persona que quiera ejercerlo, en busca de una vida mejor u por otras razones personales.
Alternativa
En Honduras urge cambiar el patrón dominante de migración existente por otro muy distinto, diría hasta contrario al actual. Mientras que los movimientos migratorios al exterior, especialmente los de naturaleza laboral— continúen controlados por las peores actores e intereses particulares del mercado –como sucede en Honduras al presente– la migración seguirá será siendo un problema y no una solución para el país, aún cuando pudiera convertirse en un potente recurso nacional para el crecimiento y desarrollo del país.
Para ello, la migración de los hondureños al exterior por razones laborales debería estar concebida, planificada y directamente manejada por un ente privado, sin fines de lucro, de interés social, auto-sostenible y con fuertes vínculos operativos con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo iglesias. Operando así se convertiría en el gran artífice real de la vigente política pública migratoria laboral hacia el extranjero. El Estado hondureño seguiría normando al sector pero sujeto a veedurías de ciudadanos notables y de reconocidos defensores de los intereses de los migrantes.
El ente ejecutor mencionado podría surgir de las bases gremiales de la empresa privada hondureña, COHEP, Federación de Cámaras de Industria y Comercio de Honduras, ANDI u otros entes análogos. Los empresarios seleccionados podrían formar el primer núcleo organizador del ente ejecutor; y al mismo tiempo estar asesorados por investigadores de campo del fenómeno migratorio, combinados con prácticos que en sus respectivas trayectorias laborales evidencian años de servicios efectivos en áreas económicas, sociales, humanitarias y de derechos humanos de los migrantes.
El mayor beneficiado de la política migratoria vigente debería ser el trabajador migrante hondureño y su familia; seguido por las empresas y empresarios del país, más las empresas y empresarios extranjeros que contraten temporalmente, con opción a varios años, trabajadores migrantes hondureños.
El candidato a trabajador migrante sería identificado por una empresa hondureña que tiene planes de expandirse en los próximos tres años. Geográficamente dicha empresa se encuentra cerca, o en la misma localidad de origen o de residencia del candidato a migrante. Operativamente la empresa hondureña se desempeña en el mismo ramo o sector productivo que la empresa extranjera a donde va a trabajar el trabajador hondureño.
Esa afinidad entre las empresas de ambos países, potencia el deseado intercambio que la experiencia migratoria pudiera generar en “remesas del conocimiento”. El intercambio que se estaría buscando con este vínculo, entre otros resultados, busca la transferencia de conocimientos y destrezas que se necesitan para abrir o ampliar sociedades y alianzas empresariales, mercados, inversiones, equipos, productos, personal y otras innovaciones.
El candidato a emigrante será remitido por la empresa que lo identificó al ente ejecutor para que lo evalúe. Si fuera seleccionado se le capacitará y apoyará técnica, legal, financiera y culturalmente, incluyendo el manejo de su inglés básico ocupacional. Será también habilitado con toda documentación requerida, pasaporte y visa, para que viaje legalmente y por vía aérea, llegue al lugar donde se encuentra el empleador que lo demanda. A los pocos días de llegar a a dicho lugar, firmará el contrato de trabajo, el mismo que conoció en Honduras y para el cual lo prepararon técnica y emocionalmente.
El ente ejecutor dará seguimiento a la experiencia de trabajo del migrante hondureño en el exterior, que por estrategia es temporal –menos de 12 meses en un año calendario– reduciendo con ello el frecuente rompimiento de la unidad familiar hondureña del migrante, hecho que sucede ahora con demasiada frecuencia. Según lo firmado, el migrante podrá repetir con el empleador extranjero el contrato laboral por tres períodos consecutivos –migración circular– siempre que así lo desee el empleador extranjero. Al término de tres años, se espera que el migrante hondureño deje de ser migrante y pase a ser un asalariado permanente más, quizás con funciones de mando medio, en la empresa hondureña que inicialmente lo descubrió y lo “convirtió” en un beneficiado de este esfuerzo migratorio planificado.
Manejada así, la migración de hondureños al exterior por razones laborales se convertiría en uno de los ejes operativos del desarrollo del país, con efectos de co-desarrollo en la era globalizada en que vivimos. Con beneficios para el trabajador migrante, el empresario hondureño y para el empresario extranjero, con contribuciones adicionales positivas a la economía del país, a nivel macro y micro.
