Tegucigalpa – El presidente de la comisión especial multipartidaria nombrada para dictaminar el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), José Oswaldo Ramos Soto, manifestó hoy que “me parece incorrecto que un Estado extranjero pida la extradición de un hondureño por situaciones de corrupción”.
En comunicación con el programa Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez, Ramos Soto aseguró que “vamos a obrar conforme a los intereses del pueblo hondureño, pero en el respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico”.
Apuntó que el Congreso tiene la potestad de aprobar o improbar los convenios y eso históricamente así ha sido en todo el sistema constitucional hondureño.
Indicó que el convenio fue trasladado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y aunque al principio carecía de algunas páginas y los anexos, en los últimos días previos al inicio de la Semana Santa, se obtuvo el documento completo, se reunió con los 10 miembros de la comisión especial multipartidaria para distribuirlo y estudiarlo.
Detalló que el convenio contiene 16 artículos desde los objetivos hasta los procedimientos de investigación hasta terminar con las disposiciones generales, pasando por las competencias de la MACCIH, la responsabilidad del Estado, el financiamiento, las obligaciones de protección y seguridad de los miembros, los privilegios e inmunidades, el retiro de la comisión y la solución de controversias, entre otros.
Agregó que el convenio contiene también dos anexos, uno que recoge el historial del por qué surge la situación y luego la convocatoria del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a un diálogo nacional hasta la solicitud al organismo hemisférico para intervenir en la función de apoyo.
Refirió que se firmó el convenio entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro y el presidente Hernández, vinieron los miembros de la comisión a Honduras y anunciaron que a partir de abril próximo, una vez aprobado el convenio por el Congreso Nacional.
Explicó que hay tres artículos en la Constitución de la República, el 16, el 17 y el 18. En el artículo 16 se preceptúa que los convenios y tratados suscritos por el Poder Ejecutivo, deben ser aprobados por el Congreso y luego ratificados por el Poder Ejecutivo y una vez ocurrido ese procedimiento pasan a formar parte del derecho interno del país.
Por su parte, el artículo 17 señala taxativamente que en caso de incompatibilidad entre un tratado y la Constitución, el tratado debe ser aprobado siguiendo el procedimiento de reforma constitucional en dos legislaturas y reformándose simultáneamente la norma constitucional que choca con el tratado para que entren en vigencia.
Entretanto, el artículo 18 preceptúa la jerarquía normativa o sea que en caso de conflicto entre un tratado y la ley, prevalece el tratado, pero encima de los tratados está la carta fundamental según la Constitución actualmente en vigencia.
Indicó que en la primera reunión de la comisión multipartidaria se acordó que mañana martes, los miembros de la misma se van a reunir luego de previamente haber estudiado exhaustivamente el documento.
Enfatizó que un convenio como el de la MACCIH, no tiene precedentes en el país, porque se otorgan facultades a los miembros de esa misión para supervisar, certificar a los jueces y fiscales, a la Policía, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Respecto al planteamiento de la extradición por asuntos de corrupción, ilustró que eso no está contemplado en el artículo 102 de la Constitución que establece categóricamente que sólo hay tres casos en los cuales un hondureño puede ser extraditado a solicitud de gobiernos extranjeros y uno es el tráfico de estupefacientes en todas sus modalidades, por terrorismo y por delincuencia organizada.
“Obviamente cuando un país extranjero pide la extradición de alguien por razones de tráfico de estupefacientes, por terrorismo o de delincuencia organizada, que produce efectos en el país que lo solicita, eso está en la Constitución, pero luego cuando hay problemas en el país por corrupción, el Estado que está obligado a castigar a alguien por corrupción, es el Estado hondureño”, refirió.
En ese sentido, manifestó que le parece incorrecto que un Estado extranjero pueda pedir la extradición de un ciudadano hondureño por situaciones de corrupción que ocurren contra el erario del país por el ejercicio de funciones públicas o desde el sector privado.
Detalló que el convenio no solamente tiene alcance al sector público sino también a la empresa privada que haya intervenido en cuestiones de esa naturaleza.
“Nosotros tenemos la firme convicción de que el Congreso va a discutir y aprobar este convenio, pero no vamos a correr como algunos creen a hacer esto, porque tenemos responsabilidades históricas frente a la Constitución y el Estado de derecho”, afirmó.
Asimismo, Ramos Soto cuestionó la posición de algunos sectores que creen que a los tres meses de la instalación de la MACCIH, va a producir resultados para lo cual parodió lo que sucedió en Guatemala cuyo gobierno solicitó la presencia de las Naciones Unidas a través de un ente para combatir la situación que existía en ese momento de corrupción en la Policía, asesinatos de indígenas y otros hechos y fue hasta años después, en el gobierno de Otto Pérez que se obtuvieron los primeros resultados.
“Yo pienso que todos los hondureños queremos que se castigue la corrupción, que desaparezca la impunidad por actos de corrupción en el país, así que yo no quisiera que adelantáramos criterios diciendo que el Congreso va a tomar tal o cual determinación porque primero nosotros tenemos que preparar el dictamen y luego someterlo al conocimiento del pleno de la honorable representación nacional”, arguyó.
Asimismo, ilustró que en Honduras existe la teoría de la separación de poderes, según el artículo cuatro de la Constitución. Los poderes son independientes, complementarios, pero sin relaciones de subordinación.
No obstante, fue el titular del Poder Ejecutivo, quien solicitó a la OEA, la presencia de la MACCIH y suscribió el convenio por lo que es muy difícil que en el Congreso Nacional se tome una decisión contraria a una aspiración de todo el pueblo hondureño.
Destacó que la situación es tan compleja y difícil que tiene hartos a todos los hondureños que se deben tomar responsabilidades, pero tiene que hacerse bien, la próxima semana cuando los miembros de la MACCIH han anunciado que retornarán al país.
