Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa.– La búsqueda de capital de mediano y largo plazo es una aspiración en los países en vías de desarrollo; de esta forma se podrían financiar proyectos que requieren un horizonte más largo de tiempo.
En otras palabras, cómo hacer que el ahorro nacional financie la inversión, especialmente la productiva. El sistema financiero nacional, tradicionalmente conservador, se inclina más por actividades de altos rendimientos y de corto plazo, como es el caso de financiar el consumo a través de las tarjetas de crédito.
En el pasado, nuestros países establecieron bancos de desarrollo con ese objetivo, pero la tradicional corrupción de las élites políticas y económicas los hicieron fracasar; ejemplos de ellos son los casos de la CONADI y BANADESA en Honduras. En la actualidad, y después de la fuerte y dolorosa crisis fiscal de los primeros años de esta década, el gobierno se da cuenta de su incapacidad para financiar este tipo de actividades. No puede ser de otra forma cuando uno de cada tres lempiras que se reciben de impuestos se dedica para el pago de la deuda pública. Sin embargo, los asesores del presidente, y el Presidente mismo, están convencidos que han encontrado la piedra filosofal del financiamiento de la inversión pública.
Esta tiene dos vertientes: la primera, las asociaciones público-privadas; a través de este mecanismo, y dado que hay que mostrar resultados rápidos en cuatro años, se concesiona cuanto activo del Estado hondureño sea posible, no importando que el análisis financiero del mismo no sea sólido y haciéndolo lo más extensos posible en el tiempo para garantizar que los inversionistas se sientan muy cómodos y que sepan que no están arriesgando nada y que sus altas ganancias están garantizadas.
La segunda vertiente tiene que ver con los fondos de los institutos de previsión social. En este caso, los dueños del dinero en estos institutos, no son los aportantes, sino las “luminarias” que aconsejan al gobierno y que le señalan que esos dineros están ociosos en los bancos nacionales y que hay que ponerlos a trabajar en proyectos de inversión. Para ello hay que aprobar leyes, como la nueva ley de inclusión financiera que obliga (aunque la ley utiliza el eufemismo “voluntario”) a los institutos a invertir un 20% de sus recursos en fideicomisos para consolidación de deudas (el gancho) y el financiamiento a la pequeña y mediana empresa. Aunque la ley no ha sido sancionada por el presidente Hernández, parece que lo hará muy pronto.
Pero esta medida es solamente una de las varias en cartera. Otra importante es la inversión, por parte de los institutos de previsión (léase directivas impuestas por el gobierno actual y el anterior) de más de 100 millones de dólares en el Centro Cívico Gubernamental. Una obra, cuyo permiso de construcción fue otorgado doblándole el brazo a la municipalidad del Distrito Central y que el Colegio de Arquitectos ha señalado que tiene deficiencias en cuanto a planificación urbana y de otra naturaleza. Además, el público se debe preguntar, cómo es posible que hasta ya iniciado el proyecto los institutos deciden, con un dictamen de UNOPS de cuestionable calidad, que le es rentable invertir en esta obra. Con una tasa de rendimiento garantizada de 8.5% en dólares en este proyecto, hasta George Soros se viene a invertir en Honduras. Estos cuentos de hadas lo único que dan es más sospechas que las cosas no se están haciendo bien y que la característica principal es un abierto abuso de poder.
Otro ejemplo de lo contradictorio de este caso del denominado Centro Cívico Gubernamental es que es bien conocido que en las asociaciones público-privadas el Estado no debe garantizarle la obtención de recursos al sector privado, porque eso sería asignar todo el riesgo al gobierno. En este caso, la garantía de los recursos de los jubilados proviene del gobierno, es decir una triangulación para violar la ley y el espíritu de estas asociaciones.
Finalmente, y siendo este el punto principal, ¿quién le otorga al gobierno la potestad de dirigir a su antojo los recursos que provienen del sacrificio de consumo presente de los trabajadores por la esperanza de una jubilación digna en el futuro?. Que gran diferencia, mientras con el sector privado se firma actas para aprobar el nuevo Código Tributario (a pesar que no son ellos los que pagan la mayor parte de los impuestos), las decisiones sobre el dinero de los trabajadores se hacen a espaldas de sus dueños. Honduras realmente está cambiando.
