Por:Julio Raudales
En mi columna anterior hice un somero resumen acerca de la naturaleza y objetivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), institución creada en 1944 en el marco de los denominados “acuerdos de Bretton Woods” que dieron origen, entre otras, cosas al llamado “Consenso de Washington” debido a que los Estados Unidos, país líder de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, negoció con éxito que los dos grandes Organismos Financieros Internacionales (FMI y Banco Mundial) se instalaran en su capital.
Aunque Honduras es miembro fundador del FMI y éste organismo prestó su apoyo a nuestro país en la creación del Banco Central y el fortalecimiento de la institucionalidad pública del país a partir de la década de 1950, no fue sino hasta en 1990, luego de la debacle económica que el gobierno de Rafael Callejas había heredado de su antecesor José Azcona, que las autoridades de entonces recurrieron a este organismo para firmar una “carta de intenciones” que permitiera salir del “default” en el que se había incurrido.
El gobierno de Callejas había iniciado un proceso de reformas tendientes a liberalizar la economía del país, por lo que en 1991 se firmó el primer Acuerdo de Contingencia (Stand By) que un año después se convertiría en ESAF o acuerdo de Ajuste Estructural con una duración de 3 años. Sin embargo, la falta de disciplina fiscal observada en 1993 (año electoral), impidió que este arreglo tuviese feliz término y provocó que las nuevas autoridades económicas iniciaran su administración con un nuevo desajuste.
Luego de este primer desacuerdo, el equipo económico del Doctor Reina debió restituir la credibilidad perdida, para lo cual se aprobó a comienzos de 1994, un nuevo paquete de medidas fiscales y monetarias que permitieron que a finales de 1995 se restableciera el ESAF suscrito con la administración anterior, sin embargo, las instituciones públicas volvieron a caer en la indisciplina, por lo cual el acuerdo volvió a romperse y el gobierno suscribió un programa monitoreado, el cual es interino y no incluye fondos frescos para el país.
La administración Flores inició su gestión con desequilibrios macroeconómicos importantes especialmente en el sector monetario y financiero. La tasa de interés y la inflación en aquellos años rondaba el 40%, lo cual gravitaba fuertemente en la producción y sobre todo en los niveles de pobreza. Esta situación se vio agravada con el paso del huracán Mitch, por lo que luego de un severo ajuste que incluyó un aumento de cinco puntos porcentuales al impuesto sobre ventas y la intervención de varias instituciones bancarias, las autoridades suscribieron un nuevo acuerdo trianual, ahora denominado PRGF, el cual fue incumplido por las mismas razones que los anteriores en el año 2001 (año electoral).
Al iniciar la administración Maduro, la credibilidad de nuestro país frente a las instituciones financieras internacionales se había deteriorado notablemente. Pese a los esfuerzos realizados por el gabinete económico y el interés del estado para gozar de los beneficios de la Iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), el directorio del FMI no aprobó un nuevo PRGF de tres años hasta en abril de 2004. Vale la pena señalar que este ha sido el único programa que se cumplió a cabalidad, sobre todo por el incentivo de que al hacerlo se conseguiría el alivio de la deuda externa del país.
La administración Zelaya firmó un acuerdo Stand By a mediados de 2008 y el mismo fue el más efímero de todos. Recuerdo que el representante local de ese organismo me comentó que un mes después de su inicio, se incumplieron casi todos los puntos establecidos en el programa, por lo cual el país volvió a caer en el descrédito.
Luego de la crisis política del 2009, las autoridades de la administración Lobo Sosa firmaron un nuevo Programa Stand By en octubre de 2010, mismo que no llegó a concluirse debido a desacuerdos entre el gabinete económico y el FMI acerca del tipo de cambio real y el incumplimiento de las metas fiscales.
De lo anterior se desprenden dos conclusiones: la primera es que desde 1990, todos los gobiernos desean firmar un programa macroeconómico con el FMI desde su primer año. Quizás lo hacen para mejorar su credibilidad a nivel internacional o tal vez porque necesitan recursos frescos para financiar sus planes de gobierno. La segunda es que, salvo el programa 2004-2007, ningún gobierno ha logrado concluir un acuerdo con este organismo, la mayoría de las veces, debido a la indisciplina en que las administraciones caen en el año electoral. Es evidente que el equilibrio macroeconómico no garantiza el bienestar a ningún país, pero jamás se logrará la reducción de la pobreza si no se cuenta con una política económica disciplinada.
