Por: Mario E. Martín
Tegucigalpa.- El protagonismo cambia a medida que maduramos como sociedad y enfrentamos los retos de la competitividad y el desarrollo.
Esto es particularmente notable en nuestras ciudades.
La rápida evolución de las condicionantes del crecimiento económico del país y la Región nos lleva a pensar en quienes son los actores en las coyunturas que nuestra sociedad y especialmente nuestras comunidades y empresas enfrentan en el ámbito y contexto político local.
Comencemos por el cambio en paradigmas y estrategias adoptados por el gobierno central, a solo dos años de gestión:
1. Apoyo a una administración municipal dinámica, aunque todavía no consciente de las necesidades sociales en comparación con las físicas de inversión.
2. Una apertura acelerada a la asociación pública-privada en infraestructura.
3. Una visión amplia del reto de desempeñar una nueva función como el centro logístico regional centroamericano. Y concomitantemente, como nuevos polos de desarrollo urbano.
Todos tienen que ver con nuestras ciudades y las relaciones territoriales y de atención a las necesidades sociales.
Vemos en perspectiva que el nuevo gobierno ha asumido iniciativas para corregir los errores acumulados en los últimos 20 años, desde la fallida reorientación hacia la izquierda en el modelo de desarrollo, hasta la integración de un gabinete consolidado y fuertemente conducido y que mide la gestión por resultados.
También reconozcamos la apertura y el reto que significa para el gobernó local cumplir con las transferencias municipales, el creciente aumento de la base tributaria municipal y la revitalización – y municipalización -de las empresas nacionales de servicios (ENEE, SANAA y HONDUTEL).
Pero, por otro lado, creemos que todavía persisten obstáculos para acelerar la gestión urbana compartida. Percibimos quejas por atrasos en los proyectos de inversión, inclusive externa, en proyectos de vivienda y en los diagnósticos de impacto ambiental, lo cual sugiere falta de diálogo.
Queremos proponer aquí además para propósitos de discusión el consenso sobre la apropiación del plus valor a través del impuesto de bienes inmuebles. Concluimos que todavía no estamos aprovechando los beneficios de la inversión urbana que da para mucho más.
Dadas estas circunstancias, analicemos las oportunidades que se han abierto y si estamos aprovechándolas.
En relación con el desarrollo de Tegucigalpa como ciudad capital pero más que todo como economía local y ambiente para vivir, enfrentemos el hecho que – según estudio del Banco Mundial – aquí se produce el 19% del PIB nacional. No es comparable con el Valle de Sula, con población similar, pero recursos y dinámica diferente.
Esta jerarquía económica está bien reflejada en La Visión de País y Plan de Nación, que coloca en orden las regiones prioritarias y de ventajas comparativas para el desarrollo en base a los recursos naturales: 1 Sula, 2 Comayagua, 3 Occidente, y solamente en el lugar 12 la región Central alrededor de Tegucigalpa.
Entendamos que la base económica de Tegucigalpa -en ausencia de abundantes recursos naturales y al mismo tiempo vulnerable a los desastres naturales-seguirá siendo el empleo en servicios, y preparémonos para jugar bien esa función.
Si tenemos la oferta del BID de diseñar los planos como ciudades emergentes dentro de la nueva iniciativa latinoamericana, ¿por qué no participan los actores promoviendo la participación activa local?
¿Quiénes son los actores actuales y potenciales llamados a ser beligerantes en todos estos nuevos procesos? Entendemos por actores los grupos con intereses económicos y sociales en el proceso de crecimiento urbano.
Así como la Nación se está acostumbrando a que no solo el Estado lidera la economía, que la mayor parte de las decisiones corresponden a la sociedad civil y especialmente a las empresas, también es lógico que actuemos con las nuevas reglas del juego, que el Estado debe facilitar para que la empresa invierta, adoptando las medidas facilitadoras y las leyes y permitiendo que la sociedad defina las prioridades sociales.
En este esquema falta la beligerancia de las comunidades, los gremios, los consejos, las empresas y las organizaciones de base, incluyendo las ONGs. Este, a nuestro juicio, es parte del reto para la sociedad civil y las cámaras de comercio, comenzando con la de Tegucigalpa y la de Cortés.
¿Por qué rescatar la función de las cámaras como foros de la sociedad civil, en la gestión del desarrollo local? Para comenzar, representan los agentes privados más abundantes y progresivos sin los cuales no se da el desarrollo. Además, tienen el mandato por constitución de defender el valor social, entendiéndolo en el sentido amplio como la contraparte de la gestión e interés políticos.
Percibimos que hasta ahora la función ha sido de reacción, a la defensiva. Ahora hay que además volverla propositiva. No hay excusa de no saber, o no entender, hacia donde están dirigida la conducción estatal. Hay que dedicar esfuerzos para mantenerse al día con las intenciones y las tendencias oficiales.
Para esto hay que mantenerse informado del contenido y las intenciones de lo adoptado: decretos, leyes, reglamentos y declaraciones explicitas o veladas de los dirigentes gubernamentales. Y hay que mantener abierto el diálogo y la consulta siendo partícipes y beligerantes. Ejemplo vivo: el programa de la generación de empleo recién anunciado y su impacto local.
Conviene mantener un equipo de “inteligencia” o análisis objetivo, bien formado por analistas y directivos de las cámaras, función que no es evidente, aunque si se dan imágenes y resultados positivos para las cámaras, como las entrevistas y opiniones individuales de la presidencia y algunos líderes sectoriales.
La idea es reforzar estas opiniones con criterios consensuados y bien fundamentados y documentados. En la relación con el gobierno local, la gestión propuesta incluye no solo participar cuando hay convocatoria, sino preparar posiciones sobre instrumentos y decisiones, supuestamente consultadas según la ley, que deben ser consensuadas en todo el sentido de la palabra.
Caso específico, el plan de arbitrios y la normativa incluida y la revisión de la tasa de impuesto y la base de los avalúos sobre los bienes inmuebles. En este tema se concentran los intereses, trascendentales y frecuentemente contrapuestos, de los actores del desarrollo local.
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