La corrupción fue precisamente la principal causa que esgrimió la Cuenta del Milenio que impulsa el gobierno de Estados Unidos para dejar fuera al país del segundo compacto de ese programa, que paradójicamente fue bien evaluado por las autoridades en la primera etapa de su ejecución.
La cultura de la corrupción parece estar arraigada entre la sociedad hondureña. Los funcionarios parecen llegar a los puestos públicos a enriquecerse fácilmente, mientras la ciudadanía se queda de brazos cruzados ante los actos que quedan generalmente en la impunidad.
Parece que frente a tan creciente fenómeno, no hay nada qué hacer, a pesar de contarse con una herramienta legal que serviría para “mantener a raya” a quienes asumen los cargos públicos y tienen que ejecutar fondos públicos.
La herramienta está a disposición de la ciudadanía desde hace cinco años, y ha comenzado a utilizarse tímidamente.
Se trata de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creada mediante decreto legislativo 170-2006
La Ley tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.
“La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública debería ser la herramienta principal de lucha contra la corrupción”, dice a Proceso Digital la directora del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Guadalupe Jerezano, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, y de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública.
Jerezano, quien asumió el cargo el 16 de diciembre de 2009, tras una crisis interna que dejó fuera del cargo a la entonces comisionada presidenta del IAIP Elizabeth Chiuz Sierra, hace una evaluación de su primer año de gestión, en el cual, dice, se han alcanzado algunas metas “pero nos queda mucho por hacer”.
 | Recuerda que tras asumir el cargo, tuvo como primea tarea trabajar, junto a los otros dos comisionados de la Institución, Gilma Agurcia y Arturo Echenique, para mejorar la imagen institucional y el posicionamiento de los logros. Reconoce que hay aspectos por mejorar, aunque dice que con “el limitado presupuesto” asignado a su dependencia “es difícil cumplir con muchas de las metas y objetivos que tienen planteados en el plan estratégico y el plan operativo”. |
“Sin embargo, consideró que el IAIP a un año ha mejorado mucho su imagen y sobre todo ya ha habido una mayor información de la ciudadanía respecto a la Ley de Transparencia y de la Información Pública como un derecho nuevo; no ha sido fácil, sin embargo la ciudadanía está conociendo y utilizando esa herramienta”.
Expone, como uno de sus principales tareas, la evaluación que se hizo a mediados del 2010 a las 73 instituciones del aparato estatal hondureño en lo referente al cumplimiento de la divulgación de la información de oficio.
La evaluación, dice la funcionaria, resultó muy bien porque muchas de las instituciones están cumpliendo con sus portal de transparencia y la información de oficio, pero se detectó que otras no lo estaban haciendo, y se les está requiriendo para que cumplan con la ley.
¿Cómo garantizar que esa es toda la información? ¿Cómo saber si es la información correcta la que se está publicando?, se le consulta, a lo que responde: “Es difícil, porque nosotros evaluamos en base a lo que ya establece la ley y a la información de oficio”.
Asimismo reconoce que debería de hacerse una revisión conjuntamente con las otras instituciones fiscalizadoras y contraloras del Estado para determinar si la información publicada en los portales de transparencia es la correcta, sin excluir alguna.
Cuenta también que junto a las autoridades de la ONCAE identifican mecanismos que permitan que las instituciones tengan al día todos los contratos y garantizar a la ciudadanía que tienen al día toda la información, que es la información correcta y que no está manipulada la información.
Reitera que Ley de Transparencia y Acceso a la Información debería ser la herramienta principal de lucha contra la corrupción.
Pero para ellos, dice, “necesitamos apoyo presupuestario para seguir socializando la ley a nivel nacional, con todos los sectores y no solo con las instituciones obligadas, para que los ciudadanos y ciudadanas tengan una herramienta eficaz para que los servidores públicos y todas las instituciones obligadas les rindan cuenta de la administración de sus fondos porque son fondos públicos”.
“Queremos que todas las personas se den cuenta que si sus autoridades están ejecutando un presupuesto la comunidad tienen derecho a saber cómo se está ejecutando y a pedir información, si eso no se hace de nada va a servir que haya una ley de transparencia de acceso a la información pública y que haya una política integral contra la corrupción si la ciudadanía no se convierte, no son vigilantes de los actos administrativos que ejecutan los servidores públicos”, indica.
Los ciudadanos tienen en sus manos esta ley pero además la ciudadanía tiene que convertirse en vigilantes que sus autoridades administren transparentemente los fondos para los proyectos que fueron planificados y que no vayan a cometerse actos reñidos con la ley, agrega.
 | En ese contexto habla de sus planes para el presente año. “En el 2011 vamos a entrar de lleno con todas las alcaldías municipales que tienen que rendir cuentas, tener su portal de transparencia, y si no lo pueden tener, pues hay otras formas que la ley señala, rendir cuentas a través de cabildos abiertos, por ejemplo, y lo mismo con las ONG que manejan recursos del Estado”, señala Jerezano. |
Dice que también coordinará “una investigación con el ministerio de Finanzas y con el ministerio del Interior para tener un listado de las ONG que manejan fondos del Estado porque tienen la obligación de rendir cuentas, de tener un portal de transparencia o cualquier otro mecanismo que permita a la ciudadanía darse cuenta que están manejando esos fondos con la más absoluta transparencia”.
Otro de los retos a enfrentar “muy importante, dice, es la relación estrecha con el ministerio de Educación, porque la ley contempla que tendremos acciones concretas para que se pueda incorporar dentro de la curricula educativa la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas”.
Confía además en un amplio apoyo del Gobierno central a la gestión del IAIP en 2011, ya que para este año “uno de los ejes del gobierno actual es la transparencia” y “eso significa que las instituciones que somos garantes de promocionar una cultura de la transparencia y de acceso a la información pública vamos a necesitar apoyo para que conjuntamente con ellos coordinemos todos estos esfuerzos de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción”.
Desafíos Jerezano dijo que “un desafío muy importante es que la ciudadanía aproveche la Ley de Transparencia para pedir rendición de cuentas a los que manejan fondos públicos, y eso solo se puede lograr en la medida en que masifiquemos el conocimiento de la Ley de Transparencia, que la persona se dé cuenta que tiene derecho a pedir información a cualquier institución obligada, es una información pública, es un desafío que queremos fortalecer”. Otro aspecto es fortalecer alianzas con sectores de la sociedad civil organizada y la firma de convenios con organizaciones e instituciones para impulsar una lucha conjunta, con organizaciones afines como la política integral anticorrupción. Recuerda que recientemente se le entregó a los tres poderes del Estado el documento de una política integral anticorrupción para que la analicen y se remita al Congreso Nacional para que se convierta en ley. “Una política integral anticorrupción de Estado es un desafío muy importante, es un desafío grande para todas las instituciones y el IAIP”, anota. ¿Qué hace falta para fortalecer esa cultura de la transparencia?, se le consultó, y respondió: “que haya decisión política de las más altas autoridades para que verdaderamente se dé el combate a la corrupción y se luche por esa cultura de la transparencia”. No obstante, dice que ya existen muchos sectores que están haciendo uso de la ley. Los medios de comunicación hacen uso de la ley extraordinariamente para sus trabajos de investigación, también los ciudadanos, las comisiones de transparencia en las alcaldías están haciendo uso de la ley, manifiesta. Cuenta que “desde las alcaldías más remotas han venido recursos de reposición aquí (y) eso es importante, significa que la ciudadanía está vigilante de quienes manejan los fondos del Estado”. Considera que a pesar de los obstáculos “ahora tenemos una ciudadanía más participativa, mas vigilante porque los procesos de transparencia se realicen y que haya rendición de cuenta por parte de los servidores públicos, quienes, según ella, se están dando cuenta que la situación ha cambiado, que ya no se puede manejar la cultura del secreto, que engavetaban información o la destruían, ahora saben que con esta ley tienen que publicar toda esa información en sus portales de transparencia”. |
