– Nuevas atribuciones, funciones, acciones coordinadas y diversos escenarios, prevén las nuevas iniciativas de ley.
– La ley de Lavado de Activos busca una armonía con la de Privación de Dominio y la de Financiamiento al Terrorismo, ambas aprobadas en 2010.
En el caso de la actual Ley de Lavados de Activos, esta data del 5 de marzo de 2002 y fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 15 de mayo del mismo año.
El prosecretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la nueva Ley de Lavado de Activos fue introducida a secretaría por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la orden del presidente de ese poder del Estado, Jorge Rivera Avilés.
La norma se compone de 97 artículos y una comisión legislativa integrada por las siete bancadas representadas en el Congreso se encargará de revisarla y socializarla.
Zambrano detalló que trabajan en una calendarización de reuniones y socialización con los sectores que intervienen en este delito. En las citas estarán las autoridades de la Secretaría de Seguridad, así como la de Defensa; también la Dirección de Inteligencia del Estado, el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
La nueva ley otorga mucha beligerancia a la CNBS que es el órgano que tiene que trabajar de manera coordinada con los entes investigadores y los encargados de judicializar las causas del crimen organizado.
La CNBS a través de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), elaborará la estrategia nacional de prevención y combate en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
El parlamentario aseveró que el objetivo principal de la ley es tratar de ponerse a tono con la legislación actual y la que tienen otros países del área con respecto al delito de lavado de activos.
Insistió que la nueva Ley de Lavado de Activos deberá estar a tono con las concernientes a la privación de dominios, tráfico de drogas, financiamiento del terrorismo y la que regula la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
“Esperamos que este instrumento jurídico le sirva a los operadores de justicia para que no exista excusa para no poder llevar a los tribunales a los lavadores de activos”, afirmó.
Explicó que la actual Ley de Lavado de Activos contempla la investigación, judicialización y hasta la sentencia condenatoria, pero no establecía claramente cuál era el manejo y el destino de los bienes incautados a las personas acusadas.
Agregó que “ahora quedará bien establecido cuál será la utilización de los bienes, que deberá ir encaminado a potenciar las funciones de los operadores de justicia”.
Remarcó que hay varios cuerpos de investigación del Estado y las mismas autoridades de la Corte Suprema que urgen una nueva Ley de Lavado de Activos.
El parlamentario apuntó que en el caso que algún funcionario público o autoridad competente incurra en el delito de lavado de activos, se le estaría aumentando la pena en un cuarto.
Actualmente este ilícito se castiga con penas de 15 a 20 años. También la nueva norma prevé multas que oscilan entre 10 y 20 millones de lempiras.
Ley de Recompensas Esta misma semana, el secretario del Congreso, Mario Pérez, anunció que introdujeron al seno legislativo la Ley de Recompensas, como una medida de dar con el paradero de líderes de organizaciones criminales. El congresista argumentó que con esta medida, se busca “dejar legalmente establecido que los organismos de seguridad del Estado, puedan implementar ese sistema de recompensas en aquellos crímenes que tiene un fuerte impacto social”. Pormenorizó que la propuesta consiste en “poner a disposición del ciudadano hondureño, una recompensa de dinero para brindar información que logre la identificación, la captura o cualquier otra diligencia importante en la investigación de un delito”. Con relación a las cantidades de efectivo que se ofrecerá como recompensa, Pérez indicó que esta “quedaría abierta de acuerdo al delito que se cometa”. |
Casi 300 millones en cuentas de la OABI
Hace unas semanas, el gobierno decidió destituir a Humberto Palacios Moya como director de la OABI. El ex funcionario se quejó por mucho tiempo de algunas falencias que presenta la actual Ley de Lavado de Activos.
Al abandonar el cargo, Palacios Moya reveló que dejaba 273 millones de lempiras en cuentas de esa oficina del Estado. El dinero muchas veces no puede ser utilizado porque tiene que someterse a trámites largos y burocráticos, denunciaba cada vez podía el ex director de la OABI.
“No se deja dinero amarrado, la OABI es una institución completamente solvente”, expresó en una de sus últimas declaraciones a la prensa nacional.
