Por: Hugo Noé Pino
En días previos a las elecciones de 2017 escribimos un artículo con este título; en ese momento advertimos sobre los efectos negativos de la reelección: la inseguridad jurídica, la polarización de la sociedad y el debilitamiento de la democracia.
Esto es lo que vive Honduras después de un año de desgobierno. Ahora se aborda un tema relacionado: la efectividad de las políticas públicas.
El marco general de análisis es el hecho de que el presente gobierno es ilegal, ilegítimo y sin credibilidad. ilegal porque la Constitución no permite la reelección, ilegítimo porque es producto de un fraude electoral, sin credibilidad por la relación obvia de sus dirigentes con la corrupción y el narcotráfico. Estos hechos son destacados por diversos sectores diariamente, pero se hace poco énfasis en los resultados que tienen las políticas públicas.
En materia macroeconómica se reconoce la reducción del déficit fiscal, pese a que se realizó con un alto costo social. No obstante, se ha dado un fuerte incremento de la deuda que absorbe una gran cantidad de recursos. También la administración tributaria ha mejorado, pero con fuerte retroceso en los últimos años debido a la aprobación del nuevo código tributario.
Pero que se puede decir de los principales programas o proyectos emprendidos por el gobierno dirigido por JOH. El primero de ellos son las alianzas público-privadas; mucho antes de lo imaginado se han vuelto una carga para los contribuyentes: demandas potenciales por incumplimiento de contratos están a la vuelta de la esquina con consecuencias negativas para el fisco. Cambios en las tasas de servicios como el peaje se tendrán que soportar por las próximas dos décadas. Todo ello producto de contratos aprobados a la carrera, poco transparentes y con empresas poco conocidas a nivel internacional o nacional. La situación es tal que hasta el mismo poder ejecutivo que las alentó ahora habla de una auditoría internacional.
Un segundo ejemplo son las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES); éstas fueron anunciadas como una solución a los problemas de empleo en Honduras, pero no pasaron de ser una ilusión. Si embargo, su creación fue incorporada a la Constitución de la República. Nadie habla ahora de las ZEDES, excepto aquellos empresarios que quieren que les regalen partes del territorio hondureño.
Un tercer ejemplo es el Plan 20-20 con sus seiscientos mil (600,000) empleos y trece mil millones ($13,000) de dólares en inversión en cinco (5) años. Siempre sostuvimos que este “plan” era más una bandera política, que algo que tuviera realmente viabilidad. Un cuarto ejemplo es la ley Marco de Protección Social aprobada en 2015; la promesa de que el sector informal se iba a incorporar al Instituto de Seguridad Social quedó en nada. Hasta ahora lo único que se ha puesto en práctica es el aumento de la cotización de los trabajadores y patronos al IHSS, que continúa en crisis.
Un cuarto ejemplo es la revisión de las exoneraciones; todos los años se repite la misma promesa, pero nunca se lleva a la práctica. Claro está que esto conlleva granjearse el aplauso y apoyo de los sectores que las reciben. Más bien en los últimos años las han extendido al sector agropecuario y al turismo. En todos estos casos se ha seguido la mercadotecnia política de: ofrece, ofrece, ofrece, que la esperanza no llena, pero mantiene.
Pero el caso más dramático y frustrante para la sociedad hondureña se llama ENEE. No solamente se sostuvo que con la aprobación de tres fideicomisos se estaría solucionando el problema, sino también que eso implicaría beneficios para el consumidor final. Seis años después la situación financiera de la ENEE está peor, producto entre otras cosas, de contratos amañados, incapacidad gerencial y falta de decisión política. Ahora se viene que hay un “nuevo” plan de reestructuración que seguramente implicará mayores tarifas para el sector productivo y residencial del país.
SI a esto agregamos la inequidad en la aplicación de los impuestos, la reducción de bienes sociales la falta de transparencia en el manejo de los asuntos públicos, la corrupción de altos funcionarios del gobierno, etc., el conjunto de políticas públicas que supuestamente deben ayudar a un país para el progreso económico y social están muy alejadas de cumplir su cometido. En el fondo no deberíamos extrañarnos porque las dictaduras tienen como características mantener el status quo para beneficio de pocos.
