Lanzan la piedra y esconden la mano

Por: Luis Cosenza Jiménez

Confieso que pensé que ya había agotado el tema de los célebres contratos para el suministro de energía solar.

Lamentablemente, la semana pasada los dueños de los muy lucrativos contratos enviaron a una dama a justificar lo injustificable en varios medios de comunicación.

A fin de que el público esté correctamente informado, me siento obligado a retomar el tema. Los hechos irrefutables, y fácilmente comprobables, son los siguientes:

1. Las tarifas aplicables al suministro de energía solar en Honduras son las más altas del continente. De hecho, en Panamá han contratado a ocho centavos de dólar el kWh, mientras que nosotros pagaremos un poco más de dieciocho.
2. Las tarifas han sido fijadas en dólares de EUA y serán ajustadas conforme a la inflación en ese país. Eso significa que las tarifas subirán anualmente. Una modesta inflación del tres por ciento anual durante tres años implica que la tarifa pasaría de dieciocho a casi veinte centavos de dólar por kWh.
3. El costo del equipo, fabricado principalmente en China, es prácticamente igual para cualquier proyecto en Centro América y nuestra zona sur es tan buena, o mejor, que cualquier otro sitio en Centro América para la generación de energía fotovoltaica. Esto implicaría que los precios deberían ser iguales. Lo que es diferente es el afán de lucro de los inversionistas y eso es lo que explica la diferencia en los precios contratados.
4. Ni el Banco Mundial, ni el BID han participado en el financiamiento de estos proyectos. Si lo ha hecho la Corporación Financiera Internacional, CFI, el brazo del Grupo del Banco Mundial que financia el sector privado. La CFI simplemente analiza la rentabilidad del proyecto, y entre más alta sea esta, más probable es que apoyen el proyecto. La CFI supone que los gobiernos nacionales protegen a sus consumidores de los abusos de los inversionistas, por lo que se centra exclusivamente en el retorno del proyecto. Es absolutamente incorrecto pensar que el financiamiento de la CFI implica un juicio moral en cuanto a la razonabilidad de los
5. Los contratos adjudicados en Honduras no nacen de licitaciones públicas internacionales transparentes, sino que de procedimientos opacos que desembocan en contrataciones directas con grandes empresarios o con personas influyentes.
6. La promoción del uso de nuestros recursos naturales renovables pudo haberse logrado mediante licitación pública internacional, la cual pudo haber estipulado que solamente las centrales fotovoltaicas podrían participar en la licitación. Se pudo especificar que se compraría hasta 300 MW a quienes ofrecieran los precios más bajos. De esta manera se hubiera contado con energía fotovoltaica a precios competitivos mediante un proceso transparente.
7. Los contratos solares tendrán un pesado y nocivo efecto sobre las finanzas de la ENEE y en las facturas de los consumidores. El respiro financiero logrado por la ENEE como consecuencia de la caída del precio del búnker ha sido efectivamente borrado por el impacto de los contratos.
8. Los contratos resultarán en una masiva transferencia de dinero de los consumidores de la ENEE al gran capital, nacional y extranjero.
9. Según declaraciones ofrecidas a La Tribuna por don Percy Buck, ex Sub Gerente Técnico de la ENEE, aún cuando los precios del petróleo llegaron a su punto máximo, el costo de la energía generada con búnker no llegó a dieciocho centavos. Es más, en estos momentos el costo para la ENEE de la energía generada con búnker debe andar alrededor de los siete centavos de dólar.
10. El propio Coordinador del Gabinete Económico, don Marlon Tábora, ha declarado públicamente que estos contratos son “insostenibles” y que “deberán ser renegociados”.

Cabe mencionar que la energía eólica y la solar son inherentemente intermitentes. Eso implica que la potencia suplida por esas centrales puede variar, súbita y significativamente, de un momento a otro. Para evitar que esto afecte la calidad del servicio que presta, la ENEE se verá obligada a adoptar un régimen de operación para las plantas hidroeléctricas y térmicas que permita absorber los cambios bruscos que se presenten en las centrales eólicas y solares. Estas limitaciones casi seguramente resultarán en costos adicionales para la ENEE y, por ende, para los consumidores.

Por otro lado, se carece de estudios que demuestren que el sistema hondureño puede absorber 600 MW de centrales intermitentes (200 eólicos y 400 solares). Si esto no fuera posible, los problemas resultantes afectarían al Sistema Interconectado Centroamericano y el Ente Operador Regional obligaría a la ENEE a que tome medidas para remediar la situación. En otros países la solución ha sido limitar la potencia que suplen las centrales intermitentes. Al proceder sin estudios se ha casi garantizado que próximamente tendremos una disputa legal que involucrará enormes cantidades de dinero que nuevamente afectarán las finanzas de la ENEE.

En resumen, se trata de una pésima contratación, hecha de manera opaca y sin contar con los estudios técnicos que aseguren que no habrá dificultades con la operación del sistema. Como he dicho antes, esta Administración pasará a la historia como la protagonista de la peor contratación hecha por la ENEE.

Para concluir, ojalá que no deba abordar nuevamente el tema de los contratos solares. Si los dueños de los contratos desean continuar con el debate, entonces, muy a mi pesar, tendré que retomar el asunto. No obstante, en ese caso les sugiero que den la cara y no se oculten detrás de una dama. Seguramente que al pueblo hondureño le gustará saber quiénes son los beneficiarios de una buena parte de la factura eléctrica que mensualmente pagará. Si no dan la cara parecerá que lanzan la piedra y esconden la mano, y esa no es una posición honorable.