Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa.– El pasado 26 de octubre, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó la tercera y cuarta revisión del programa económico que tiene con el gobierno de Honduras.
Como es conocido, este programa está respaldado por un Acuerdo Stand By (SBA) por tres años y por una Facilidad de Crédito Stand By (SCF) de dos años. Las autoridades nacionales mantienen en condición de “precautorios” los recursos financieros asignados bajo estos acuerdos, lo que significa que los utilizaría sólo si es necesario. En todo caso, serían recursos para fortalecimiento de la balanza de pagos y no para programas específicos.
Un primer aspecto a considerar de dicha revisión son las dispensas a lo establecido en el Acuerdo (waivers) relacionadas con los criterios de ejecución establecidos y que no se cumplieron de acuerdo al programa. En este sentido se hace relación al saldo de los activos domésticos netos a diciembre de 2015, pero corregidos durante este año. A junio de 2016 se dispensan los criterios de ejecución relativos a los préstamos netos de los fondos de pensiones y los atrasos de pagos de la ENEE. Esto último muestra lo difícil de la estabilización financiera de dicha empresa. De tal forma que más adelante se enfatiza: “la consolidación de las reformas en el sector eléctrico son cruciales para reforzar las finanzas públicas e incentivar la competencia en el mercado eléctrico”.
El elemento principal de la revisión, tomado del comunicado de prensa difundido, es lo siguiente: “el programa de reforma económica respaldado por el FMI……. ha hecho un considerable progreso en restaurar la estabilidad macroeconómica, reduciendo el déficit fiscal y abordando problemas estructurales. Al mismo tiempo, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ha disminuido, el crédito doméstico se expande a un ritmo sostenible y las reservas internacionales han aumentado. Juntos, estos favorables desarrollos han contribuido a un mejoramiento sistemático en las calificaciones de riesgos internacionales.” La revisión continúa elogiando la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la considera clave para reducir la alta tasa de endeudamiento del país. El FMI insiste en la necesidad de una mayor flexibilización del sistema cambiario y de reformas a la política monetaria que permita enfrentar mejor los choques externos.
Estos comentarios son muy parecidos a los de la primera y segunda revisión en cuanto a la marcha del programa, pero no toman en cuenta los impactos sobre los diferentes grupos sociales de las medidas adoptadas para lograr estos resultados. En el último párrafo del comunicado se señala; “Los niveles de pobreza e informalidad permanecen altos en Honduras, mientras el crecimiento y empleo potencial permanecen bajo. Mientras el gasto social ha sido protegido, reformas estructurales para impulsar el crecimiento y el empleo deberían enfocarse en reducir el crimen y la violencia, las brechas de infraestructura, especialmente en energía; aumentando también el acceso a los mercado financieros a familias pobres y la eficiencia del gasto público”.
Lo anterior significa ejecutar políticas de desarrollo, tal y como plantea el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en el documento “Estabilidad sin desarrollo. Análisis de los dos primeros años del gobierno actual”, publicado en febrero del presente año. Es decir, no basta la estabilidad económica si ésta no se transforma en crecimiento económico equitativo.
