Por: Víctor Meza
Tegucigalpa.- Así se denomina el anteproyecto de ley que la Misión de apoyo de la OEA, la MACCIH, ha preparado para que el Congreso Nacional lo discuta y, eventualmente, lo convierta en ley de la República.
Es el instrumento jurídico que hace falta para ir cerrando el círculo legal que dará sustento a un verdadero sistema nacional anticorrupción en nuestro país. Los conocedores del tema estiman que, una vez aprobada esta ley, estará casi conformada la plataforma normativa para sustentar jurídicamente y con mejores probabilidades de éxito la lucha contra la corrupción.
El gobierno, a decir verdad, no ha mostrado mayor entusiasmo a favor de esta iniciativa. Lo que quiere decir, en pocas palabras, que no le agrada. Y no le agrada porque no le conviene ni le favorece. Al contrario, le incomoda y molesta, le resulta sospechosa y preocupante.
Y es comprensible que así sea: un instrumento legal semejante permitiría llegar más al fondo en los casos planteados, una vez que se haya obtenido la debida “colaboración eficaz” por parte de actores clave en la trama de la corrupción. De esa forma, con la ayuda del “colaborador eficaz”, la investigación fluye por cauces más seguros y rápidos.
La información obtenida, una vez comprobada su veracidad y viabilidad legal, facilita el conocimiento de los investigadores y permite llegar al meollo de la cuestión, evitando pérdida de tiempo y recursos. La construcción de los casos resulta más sólida y fiable, cerrando los posibles atajos y salidas que suelen utilizar los jueces de dudosa transparencia y precaria autonomía. La experiencia de varios países de nuestro continente, en donde funcionan esos instrumentos legales, ha demostrado la gran utilidad de los mismos y su probado valor jurídico.
Las redes de la corrupción, construidas dentro del laberinto burocrático del Estado, funcionan con siniestra precisión, acorazadas por códigos de silencio y complicidad que suelen ser tan cerrados como eficaces. Sus integrantes asumen su pertenencia a la red como un pacto de hermandad delictiva, un compromiso casi de sangre, cuya violación o incumplimiento pueden pagarse muy caro.
Pero siempre se hallan fisuras, siempre se encuentra la grieta que conduce a la fractura mayor. Y aquí es donde entra en juego la debida y oportuna “colaboración eficaz” del peón que altera la armonía del tablero. Como suele decirse, el ventilador frente al barril de detritus, el eslabón débil, otrora fuerte, que se rompe y da al traste con la fortaleza de la cadena. Lo demás viene por derivación. Como en el juego de dominó, las piezas van cayendo y el juicio va llegando a su final.
La solidaridad de los corruptos no es indestructible ni permanente. Ante la certeza de la prisión oscura y la angosta celda, el corrupto vacila y se doblega. No tiene, ni puede tener, la fuerza moral del prisionero político, el valor que se desprende de una convicción ideológica o la fortaleza de una causa justa. La causa del corrupto despide el inquietante aroma del dinero fácil.
Su conciencia es flexible y su moral es casi inexistente. La “colaboración eficaz” es la puerta que tiene frente a sí, posiblemente la única puerta de salida. Es el momento clave cuando empieza a funcionar la desbandada, la estampida múltiple de los actores de la trama, gritando cada quien el “sálvese quien pueda”. Y así, en certera frecuencia, irán cayendo las piezas, una tras otra, a la vez que se debilita y fracciona la red que antaño funcionaba con precisión de axioma. Es el momento final.
Las leyes de colaboración eficaz que funcionan en otros países han mostrado su valor en casos de gran trascendencia e impacto. Baste citar el caso de la empresa constructora más grande de América Latina, la brasileña Odebrecht, que pagó millonarios sobornos para obtener multimillonarios contratos en una docena de países del continente.
A través de sus tentáculos se diversificaban poderosas redes locales de corrupción, que hoy están siendo desmanteladas y golpeadas en toda la región. En cada uno de esos casos, la colaboración eficaz de actores clave comprometidos en la trama, ha sido decisiva y fundamental. Y si esto es así, cabe entonces la pregunta: ¿qué están esperando los legisladores del Congreso Nacional para iniciar la discusión y concluir con la pronta aprobación de la Ley de colaboración eficaz que ha propuesto la Misión de apoyo de la OEA? La pregunta es válida, pero la respuesta, por lo visto, es incierta.
