A pesar de una baja en la tasa de homicidios en años recientes, El Salvador continúa siendo uno de los países más violentos del mundo. Algunas de las razones de esto pueden encontrarse en la guerra civil de 12 años que terminó en 1992. Estos incluyen los altos índices de pobreza y desigualdad, y otros desafíos relacionados con la débil institucionalidad. Así mismo, entre 1996 y 2002, Estados Unidos deportó a Centroamérica a miles de personas condenadas, incluyendo 12.000 a El Salvador. Los miembros de las pandillas que fueron retornados aprovecharon las condiciones en el país para reclutar y consolidarse en grupos organizados y violentos. Múltiples gobiernos implementaron estrategias cortoplacistas contra el crimen como el despliegue descontrolado de fuerzas de seguridad que no han logrado resolver el problema de las pandillas. En vez de evaluar la efectividad de esas políticas, cuando tomó posesión, el presidente Nayib Bukele se basó en ellas para dar más poder a las fuerzas de seguridad para cometer abusos con impunidad.
Entre 2014 y 2018, la policía de El Salvador cometió 116 ejecuciones extrajudiciales, según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Solo dos resultaron en condenas. Además, durante las medidas de aislamiento implementadas durante la pandemia, se reportaron más de 1,600 violaciones de derechos humanos, incluyendo más de 620 relacionadas al derecho a la libertad de movimiento. Por si fuera poco, el poder judicial de El Salvador no es independiente y su sistema carcelario está al límite. En abril de 2020, las prisiones del país alojaban a más de 38.000 personas, aunque estaban construidas para 18,051. El 27 de abril de 2022, Bukele dijo que las fuerzas de seguridad habían detenido a más de 20,000 personas en solo 33 días.
¿Cómo aborda la inseguridad el gobierno de Bukele?
Desde que tomó posesión en 2019, Bukele ha hecho grandes promesas para reducir la violencia y el crimen, que son en parte el resultado de décadas de fallas del gobierno a la hora de abordar, entre otros temas, los altos niveles de desigualdad.
Poco después de asumir la presidencia, lanzó el Plan de Control Territorial, una estrategia de seguridad nacional que, en el papel, apuntaba a desmantelar las pandillas y grupos de crimen organizado. En la práctica, sin embargo, la iniciativa, que todavía no ha sido publicada completamente, ha sido criticada por no haber sido efectiva y no incluir iniciativas contra la violencia y para prevenir el accionar de las pandillas a nivel comunitario ni propuestas esenciales para reformar mecanismos de investigación, patrullaje y control del accionar policial, entre otras medidas.
Una caída en la tasa de homicidios de 36 cada 100.000 personas en 2019 a 17.9 cada 100.000 en 2021, sin embargo, sugería que la estrategia estaba funcionando. Sin embargo, rápidamente quedó claro que la baja era el resultado de una supuesta negociación y acuerdo entre el gobierno y líderes de las pandillas del país.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Bukele brindó incentivos financieros a la MS-13 y a la pandilla Barrio 18 para asegurar que la violencia y los homicidios se mantuvieran bajos. Esto llevó a que, en diciembre de 2021, Estados Unidos impusiera sanciones a dos funcionarios salvadoreños bajo la Ley Magnitsky.
¿Qué es el estado de emergencia y por qué se ha impuesto?
De acuerdo a la Constitución de El Salvador, un estado de emergencia deriva de una declaración del poder legislativo en respuesta a una situación extraordinaria que plantea una amenaza fundamental a la seguridad nacional del país. El artículo 29 establece que la necesidad de declarar un estado de emergencia puede surgir de situaciones que no pueden ser abordadas de otra forma e incluyen “rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o una perturbación seria al orden público.”
A altas horas del 27 de marzo, tras una ola de violencia que dejó al menos 80 personas muertas, supuestamente a manos de las pandillas, Bukele llamó a la Asamblea Legislativa para aprobar un decreto que declara estado de emergencia por 30 días.
El decreto suspendió derechos esenciales garantizados en la Constitución y convenciones internacionales de derechos humanos como: el derecho al debido proceso, a la defensa legal y el derecho a reunión. También permite al gobierno interceptar las comunicaciones de ciudadanos y ciudadanas sin la necesidad de una orden judicial. El 30 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de “medidas complementarias”, reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo para poder probar participación en una pandilla de forma más rápida y aumentar las penas. También reformaron el Código Penal, para aumentar las sentencias de prisión contra miembros de pandillas y permitir que niños de 12 años acusados de ser miembros de grupos criminales puedan ser tratados como adultos. Además, la Asamblea aprobó US$80 millones adicionales para gastos de seguridad.
Tras un pedido de Bukele el 25 de abril, la Asamblea Legislativa también aprobó una extensión de 30 días al estado de emergencia.
¿Por qué son problemáticas estas medidas?
La democracia en El Salvador se está deteriorando rápidamente.
Lejos de brindar las herramientas necesarias para proteger a las personas de la violencia, el estado de emergencia representa una amenaza a los derechos humanos de todos y todas. El gobierno parece estar usándolo como una excusa para introducir restricciones innecesarias a los derechos humanos y libertades civiles, para promover su campaña para silenciar a quien se le opone políticamente, a organizaciones de la sociedad civil y medios independientes, intentar tomar el mando del poder judicial, y buscar otros beneficios.
La introducción de reformas legales como las hechas al Código Penal el 5 de abril para criminalizar a medios y periodistas por “la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” muestra claramente lo que Bukele está dispuesto a hacer para asegurarse que nadie lo critique.
Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes han documentado cientos de violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad y hasta el sistema judicial – evidencia que el estado de emergencia pone un riesgo desproporcionado a la protección de las libertades fundamentales. Por ejemplo:
- Arrestos masivos y detenciones arbitrarias: Desde que se declaró el estado de emergencia, hasta el 27 de abril, al menos 20.290 personas fueron arrestadas sin ninguna garantía como el debido proceso. Se ha arrestado a personas en sus hogares y en las calles sin órdenes y fueron prevenidas de acceder a una defensa legal. El decreto permite que se mantenga a detenidos por 15 días –en vez de tres como usualmente– sin que se les levante cargos.
- Violaciones de derechos humanos: Fuerzas policiales han llevado adelante cientos de detenciones arbitrarias, incluyendo de mujeres y menores. Jóvenes han sido detenidos sin evidencia de actividad de pandillas más allá de llevar un tatuaje decorativo o unos zapatos que, se asume, son los que usan todos los miembros de las pandillas. Ha habido desapariciones forzadas de corto plazo y al menos dos personas han muerto en custodia. Además, familiares de detenidos han denunciado que la Policía Nacional y otros oficiales les han negado información sobre la ubicación y el estado en el que se encontraban sus seres queridos y dijeron que se había utilizado fuerza contra ellos.
- Abusos en prisión: Durante la detención, jóvenes sin vínculos con las pandillas corren riesgo de sufrir violencia o ser forzados a unirse a ellas. Bukele ha mostrado las duras condiciones de las prisiones en El Salvador, incluyendo personas durmiendo en el piso en celdas hacinadas y quejándose de la poca comida que reciben y la falta de salubridad.
- Falta de transparencia en el gasto público: Junto a la extensión del estado de emergencia, la Asamblea Nacional pasó una reforma que permite que el gobierno evada procesos legales que regulan el gasto público y los contratos mientras que el decreto esté vigente. Esta medida es similar a una ley que fue aprobada en 2020 para el gasto durante la pandemia que resultó en que un 66 por ciento del gasto público se llevara a cabo con irregularidades.
¿Qué ha hecho Estados Unidos?
El gobierno de los Estados Unidos ha sido lento en responder a la situación extremadamente crítica de El Salvador.
No fue hasta el 10 de abril que el Departamento de Estado publicó una declaración de preocupación sobre la violencia y la legislación que busca censurar a periodistas y silenciar a críticos del gobierno de Bukele. Mientras que es bienvenida, hay otras medidas que Estados Unidos puede tomar. Esto incluye continuar implementando y mejorando proyectos de prevención del crimen y la violencia, particularmente los que apuntan a las poblaciones jóvenes en riesgo a acercarse a las pandillas como mecanismo de supervivencia. La inversión centrada en la prevención que ayude a que las juventudes se alejen de las pandillas mediante el ofrecimiento de otras oportunidades es clave.
Así como USAID redireccionó asistencia de instituciones gubernamentales salvadoreñas a grupos de la sociedad civil en respuesta a la toma ilegal de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y el Fiscal General que tuvo lugar el 1 de mayo de 2021, el gobierno de Estados Unidos debería enviar un claro mensaje que cualquier forma de asistencia tendrá condiciones. Estas deben estar relacionadas a la protección de los derechos humanos, el combate de la corrupción y la impunidad, la implementación de reformas y políticas para fortalecer el estado de derecho y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Así mismo, la retórica del gobierno de Estados Unidos que busca resaltar la importancia de la sociedad civil de El Salvador y los medios de comunicación independientes debería ser acompañada por acciones concretas que apoyen a estos grupos. Estados Unidos también debería continuar imponiendo sanciones a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción y actores que socavan la democracia.
¿Cómo puede El Salvador abordar su problema de violencia?
El Salvador enfrenta muchos problemas complejos con recursos y apoyo limitados. Un país que ya sufre de altos niveles de pobreza, violencia, crimen y corrupción se encuentra en una situación en la que el uso de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del estado solo empeora el problema. Los pasos que se necesitan para aliviar la violencia de pandillas en El Salvador no incluyen la suspensión de derechos constitucionales y la detención masiva de decenas de miles de personas sin acceso a un sistema de justicia independiente.
En cambio, el país necesita fortalecer su sistema de justicia invirtiendo suficientes recursos y personal, particularmente para procesar crímenes complejos. Las autoridades también necesitan invertir más tiempo y recursos en programas comunitarios de combate a la violencia brindando educación y otras oportunidades para jóvenes, así como protección para que no se vean forzados a unirse a las pandillas —y programas de intervención y rehabilitación para quienes desean salir de ellas—. Se debe hacer un esfuerzo concertado para profesionalizar y dar apoyo a la policía del país, incluyendo a través de la mejora de las condiciones laborales para el personal pero también asegurando que la policía tenga las herramientas para prevenir y lugar contra el crimen y el apoyo de la población.
Las soluciones no son simples, o rápidas, pero son esenciales si El Salvador realmente quiere abordar sus problemas.
