Washington – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy preocupación por la violencia que sufren los más de 114,500 «niños invisibles» del Bajo Aguán (Honduras), donde un conflicto agrario ha causado la muerte de 22 adolescentes en el último año.
«Los niños son víctimas invisibles que requieren atención», señaló la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, que expresó su inquietud por las repercusiones para la infancia del conflicto entre campesinos y terratenientes que azota esta región.
Jóvenes armados para defender sus tierras, adolescentes embarazadas y niños sin escuelas fueron algunas de las realidades que salieron a la luz en una de las tres audiencias públicas sobre Honduras durante el 153 Período de Sesiones de la CIDH, que se celebra en Washington.
La comisionada Rosa María Ortiz, al frente de la Relatoría sobre Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, expresó «gran preocupación» por la violencia que azota a los menores de 18 años y el número de homicidios que se vincula a los niños.
Según datos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entre enero de 2012 y diciembre del 2013, hubo 54 muertes violentas de campesinos, de los que 22 tenían entre 15 y 18 años.
El grupo más afectado fue el de los hombres menores de 30 años con 19 muertes, lo que representa el 34 por ciento de los fallecidos en el Bajo Aguán.
A pesar de la política de desarme general en la zona, el director de COFADEH, Wilmer Vásquez, alertó de que las armas de fuego protagonizan el 87 por ciento de las muertes.
«La impunidad en estos casos es la regla. Existe una falta de voluntad política y de recursos para emprender acciones contundentes», señaló Vásquez, quien puso de ejemplo la desarticulación en 2008 por falta de medios de la Unidad Especial para la Prevención e Investigación de Muerte de Menores.
Por si la violencia no fuese suficiente, los peticionarios denunciaron que a los niños de esta región se les niega el derecho a la salud, la alimentación, la educación y la vivienda, entre otros derechos fundamentales.
Especialmente llamativo es la privación del derecho a la educación, pues solo tres de los 22 asentamientos campesinos de la región cuentan con un centro educativo y, en total, nueve maestros tienen que atender a más de 2.200 familias, según los peticionarios.
«Se está comprometiendo el presente y el futuro de los niños», alertó Vásquez, quien explicó que los menores reciben clases en «galeras» (espacios sin paredes) sin pupitres, ni pizarras, ni libros.
A juicio de los peticionarios, resulta «especialmente grave e incluso indignante» que, durante los desalojos forzosos, las fuerzas de seguridad pública destruyeran centros educativos, como el de la comunidad de Rigores en 2011, lo que «intimida» a los niños y adolescentes presentes.
En ese sentido, los peticionarios hicieron especial hincapié en las secuelas psicosociales que la violencia deja en los niños, que «cuando ven un militar tiemblan y se esconden».
Por eso, pidieron al Estado que investigue y sancione de manera eficaz las violaciones de derechos para «juzgar a todas las partes que sean responsables, independientemente de quien se trate, conforme a las leyes nacionales e internacionales».
La CIDH visitará la primera semana de diciembre Honduras y esta «zona de guerra» del Bajo Aguán en la que, según los peticionarios, los niños «sienten y respiran» día a día la violencia generalizada y la pobreza extrema.
