Tegucigalpa, Honduras. Las historias sobre Violencia Basada en Género (VBG) tienen poder, los testimoniales generan el interés humano, los discursos y foros nacionales e internacionales ponen el tema en la agenda mediática, pero nada de eso ha bastado para indignar lo suficiente a las y los operadores de justicia.
No ha causado al menos un temor parcial que les haga ver que cualquier decisión que tomen en contra de los derechos de las mujeres les pondrá en la palestra pública. ¡Al contrario! Parece que se burlan y exhiben a diestra y siniestra el lado androcéntrico y patriarcal de la justicia.
Eso es lo que ha sucedido con el caso de Keyla Martínez y la tipificación del delito que pasó de femicidio agravado a homicidio imprudente, lo que no es solo un cambio de nombre, sino una torcedura a la ley para reducir significativamente la pena por matar a una mujer.
Nuevamente, las matemáticas no son favorables cuando de hacerle justicia a las mujeres se trata, pues con ese cambio la pena máxima pasa de 25 a tan solo 6 años de prisión, con la opción de quedar libre inmediatamente.
¿Si el Estado no cambia, cómo va a cambiar el agresor? ¿Si se sigue protegiendo a los feminicidas -más cuando estos pertenecen a los entes que deberían protegernos y garantizar nuestros derechos- cómo avanzaremos hasta la denuncia formal de casos por VBG?
Mientras la impunidad siga siendo el apellido de los feminicidios en Honduras (90% de los casos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el Estado nos seguirá condenando a guardar silencio y a atenernos a la justicia internacional o la divina…
El caso de Keyla es un claro mensaje que nos tatúa en el subconsciente que la vida de una mujer no vale, ni siquiera con la agravante de que esta se encontraba bajo la custodia policial.
A más de dos años y medio del feminicidio de Keyla Martínez, la justicia sigue quedando a deber. Cuando todo indica que no fue suicidio, no fue accidente, no fue homicidio imprudente: ¡fue feminicidio!, los operadores de justicia insisten en “vender” como héroe a un asesino.
Es imperativa la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Como mujeres, le decimos al Poder Judicial que no pedimos trato preferencial para estos casos, ¡lo que exigimos es justicia! Nos duele ver que conviertan el caso de Keyla en una lucha de poderes, en donde -como siempre- la desventaja la lleva el grupo que a lo largo de la historia ha sido condenado a vivir en situación de vulnerabilidad, frente a un aparato policial que usa el “servir y proteger” solo como calcomanía.
Mientras la Corte Suprema de Justicia siga confundiendo en sus comunicados hasta la fecha del feminicidio de Keyla, qué prestancia se va a esperar para que se pronuncien sobre la tipificación del delito y la mala intención de dejar libre al culpable de su muerte. El próximo 03 de noviembre se notificará la sentencia del caso. Escuchen al pueblo, escuchen a las mujeres, así como lo dijo la activista e integrante de la sociedad civil, Jimena García, “A Keyla se le vulneraron todos los derechos”. No queremos más rostros de la impunidad; no sigan perpetuando esa cadena de injusticias y permitiendo que en Honduras la defensa de las mujeres se declare sin lugar.
