Guatemala – Las autoridades guatemaltecas admitieron que han incumplido las medidas cautelares ordenadas hace nueve años en favor de comunidades que fueron víctimas de la explotación de la mina Marlin, de capital canadiense, que cerró operaciones en 2017.
Durante una citación de los diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, el gerente del Instituto de Fomento Municipal (Infom), Julio Contreras, se tuvo que retractar de la información presentada acerca del cumplimiento de las medidas ordenadas hace nueve años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 18 comunidades.
