Por Alberto García Marrder, desde Madrid.
Especial para Proceso Digital y La Tribuna en Tegucigalpa. Y El País, en San Pedro Sula (Honduras)
He visto de todo, en la Cámara de los Comunes en Londres y en el congreso americano en Washington. Pero lo nunca visto sucedió esta semana en el parlamento español cuando un fugado de la justicia dirigía las votaciones sobre el proyecto de ley de la amnistía, que en principio le iba a favorecer a él y a los procesados en Cataluña.
Se llama Carles Puigdemont, presidente del partido separatista catalán “Junts Per Cataluyna” y desde Bruselas daba órdenes como votar por teléfono-móvil a su representante en el congreso, la diputada Miriam Noguera, y a sus otros seis diputados.
Finalmente votaron los siete NO y tumbaron el proyecto de ley de amnistía del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Por que pedían más concesiones que les blindaran de acusaciones futuras de terrorismo y traición al Estado.
Puigdemont se fugó a Bruselas en el año 2017, cuando era presidente del gobierno autónomo regional de Cataluña y haber declarado, fraudulentamente, la independencia de esa rica región del noreste de España.
La derrota parlamentaria ha sido un golpe duro a la imagen política de Sánchez, que tras arduas negociaciones con “Junts”, esperaba una fácil aprobación de la Ley de la Amnistía para Cataluña. La decepción era palpable en la cara de Sánchez y de los pocos ministros presentes en el congreso, en ese momento.
La votación fue de 179 en contra y 171 a favor. Ahora el proyecto de ley regresa a las comisiones del congreso por uno o dos meses, para una reelaboración. Los socialistas del gobierno aseguran que hay “líneas rojas” que no van a cruzar en la ley de amnistía y que no harán cambios.
Yo temo que si lo harán, porque por esos dichosos siete votos parlamentarios de “Junts”, podrán seguir en el poder. Llámenle chantaje, si quieren.
La cosa es seria porque están en juego las votaciones sobre los próximos presupuestos y, en definitiva, el resto, casi cuatro años del mandato de Sánchez.
El dilema del gobierno de coalición socialista-comunista- extrema izquierda es agobiante: conceder lo que reclama “Junts” a pesar que sabe que es “incorrecto” o convocar nuevas elecciones generales, que sabe que va perder, a manos del partido Popular de centro-derecha.
Las últimas noticias de Bruselas son malas, tanto para “Junts” como al partido Socialista de España. Que confirman que la Unión Europea va a investigar los supuestos contactos de Puigdemont con emisarios del Kremlin de Rusia que prometían a cambio de una campaña de “desinformaciones” en España, apoyar económica y militarmente a una Cataluña independiente.
Y eso lo están investigando dos jueces españoles, que han sido fuertemente criticados (casi insultados) en el congreso de Madrid por los separatistas catalanes, ante el silencio del nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, hombre fuerte del gobierno de Sánchez.
Y observando, casi en silencio, como les va a los separatistas catalanes, están los vecinos vascos, (Bildú y PNV), que llegado el momento también pedirán una ley de amnistía para esa región… que incluya a los terroristas vascos de ETA (con más de 800 asesinatos).
