“La vulnerabilidad social, la pobreza y la violencia son aprovechadas por grupos criminales para reclutar a menores y utilizarlos en acciones de robo, extorsión, asesinato y venta de drogas”, dijo el director nacional de la ONG Casa Alianza Honduras, José Ruela.
El 66.5 por ciento de los hogares hondureños tenían un ingreso mensual de 127 dólares. Sin embargo, el precio de la canasta básica de alimentos es de 357 dólares, según un reporte de 2012 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El problema se agrava porque las leyes hondureñas impiden sentenciar con rigor a los menores, algo de lo cual se aprovechan los criminales para que los menores lleven a cabo sus delitos, según Ruela.
El Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras especifica que el internamiento de un menor se aplicará por el menor tiempo posible y no podrá exceder de ocho años. Los menores de 12 años no son imputables.
Entre enero y octubre de 2013 se judicializaron menores en 74 casos de asesinato, 34 de extorsión y 332 de robo, según el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedij) de la Corte Suprema de Justicia.
En 2012 se judicializaron 96 menores por homicidio, 602 por robo y ninguno por extorsión. Además, este año se han reportado 232 casos de portación ilegal de armas por menores, según el Cedij.
Actualmente, unos 700 menores están recluidos en los tres centros de reformación juvenil de país, uno de ellos ubicado en San Pedro Sula y dos en Tegucigalpa, según el director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Felipe Morales.
“Las reducciones presupuestarias dificultan nuestra labor de contrarrestar y prevenir que los menores caigan presas del crimen organizado”, sostuvo.
La institución realiza terapia ocupacional, sicoterapia, reuniones grupales, cursos y charlas motivacionales a fin de reinsertar a los menores a la sociedad.
Además, debido a las fugas que ocurrieron el 11 y 27 de noviembre, cuando escaparon 22 menores del centro El Carmen, Morales dijo que están mejorando la seguridad en las instalaciones.
“Los niños que se fugaron están relacionados con la pandilla (Mara) Barrio 18”, dijo Morales. “Ante esa situación, decidimos elevar las vallas en los muros, colocar serpentinas y cámaras de seguridad, así como capacitar al personal de vigilancia para evitar más fugas”, apuntó.
Hogares desintegrados
Una abogada que labora en una ONG que rehabilita menores, cuyo nombre no fue divulgado por razones de seguridad, dijo que en general los adultos estudian las rutinas de las víctimas y luego ordenan a los menores a ejecutar la extorsión o el asesinato.
“Los menores forzados a cometer un acto criminal son secuestrados al salir de los centros educativos e introducidos en un automóvil, donde los amenazan con matarlos o a su familia si no cumplen con lo solicitado”, explicó. “Al menos un 20 por ciento de los jóvenes que ejecutan crímenes está bajo coacción”, acotó.
El 80 por ciento restante no tiene conciencia de la responsabilidad penal de los delitos, pues para cometer la extorsión o el asesinato ingieren drogas o portan armas provistas por adultos, agregó.
“Siempre detrás de un menor infractor hay un adulto inductor al crimen”, afirmó. Los jóvenes dicen que los reclutamientos son forzados o por afinidad a una pandilla y lo primero que hacen es una ‘misión’, que consiste en una prueba de capacidad y eficiencia en traer o llevar un ‘paquete’”, es decir, el cobro de la extorsión, pago o acto de sicariato.
La experta dijo que los menores usualmente no delatan a quienes los obligan a delinquir.
“Más bien se apegan a ellos con lealtad, pues pertenecer a un grupo poderoso hace que se sientan seguros y protegidos, algo que no tienen en sus hogares”, añadió.
Para el director del Ihnfa, se deben elevar las penas contra quienes obligan a menores a delinquir.
“La sociedad debe impulsar sanciones ejemplares contra los adultos que usan a los menores para cometer delitos, porque al final los niños son víctimas de los mayores”, concluyó Morales.
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