Washington, DC—El 16 de marzo, fuerzas de seguridad nicaragüenses detuvieron a 107 personas durante una nueva ola de violencia y represión contra manifestantes en Managua y otras ciudades, según cifras del gobierno.
-El gobierno debe poner fin a la represión y liberar a todos los presos políticos
La marcha fue la primera movilización grande organizada por la oposición en cuatro meses, desde el año pasado cuando la Policía Nacional declaró ilegal cualquier manifestación pública que no sea autorizada. En un comunicado de prensa, la policía nicaragüense afirmó que estaban liberando a los detenidos como una respuesta a las gestiones del Nuncio Apostólico en Nicaragua, informó el medio AFP. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización líder de derechos humanos, el gobierno de Nicaragua debe liberar inmediatamente a los cientos de personas que siguen encarcelados por actividades políticas, y debe cesar de inmediato todo acto de represión en contra de la ciudadanía. Solo así se considera que el gobierno del Presidente Daniel Ortega estará demostrando un compromiso serio con las negociaciones retomadas con representantes de la oposición.
«Los ataques recientes de la policía en contra de manifestantes pacíficos representan un asalto deplorable a los derechos civiles básicos del pueblo nicaragüense», dijo el vicepresidente para programas de WOLA, Geoff Thale. «Estas acciones ponen en duda la seriedad del gobierno para entrar y participar en negociaciones que permitan una salida efectiva a la la crisis política y económica».
Según informes, la marcha convocada para el 16 de marzo tenía como fin exigir la liberación de cientos de presos políticos. La liberación de los presos políticos es una de las principales condiciones de la oposición para reiniciar negociaciones con el gobierno. Bajo una fuerte presión internacional, previa a la represión policial reciente, las autoridades nicaragüenses habían puesto a casi 150 detenidos en arresto domiciliario. Según la Articulación de Movimientos Sociales, más de 700 manifestantes antigubernamentales permanecen detenidos. Se cree que muchos han sido detenidos bajo una nueva ley antiterrorista.
«Se calcula que el gobierno de Nicaragua ha liberado a menos de un cuarto de los presos políticos. La falta de avance en la liberación de los presos políticos aunado a los ataques y las detenciones registrados el 16 de marzo, deja claro que el presidente Ortega no está dispuesto a tolerar la disidencia, ni a negociar sobre los temas más básicos», dijo Thale. «El gobierno tiene que demostrar su voluntad para entablar negociaciones serias demostrando un claro respeto por el derecho a la libertad de expresión y asociación, y poniendo en marcha la inmediata liberación de todos los presos políticos».
