Río de Janeiro – El Gobierno de Brasil prohibió pagar con tarjeta de crédito, dinero en efectivo o criptomonedas en sitios de apuestas deportivas, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y evitar que se endeuden, informaron este jueves fuentes oficiales.
La medida hace parte del paquete de normas establecidas por el Ministerio de Hacienda para regular las actividades de los agentes que operan apuestas de cuota fija, publicadas este jueves en el Diario Oficial.
Conocidas en Brasil como ‘Bets’, las apuestas de cuota fija son aquellas en la que el apostador intenta prever el resultado en eventos reales de temática deportiva, como los partidos de fútbol, o en eventos virtuales, como los juegos online.
Según la medida, los apostadores pueden transferir recursos para realizar apuestas directamente desde sus cuentas bancarias, tarjetas de débito o tarjetas prepago, siempre y cuando los recursos provengan de una cuenta que esté registrada en el sistema.
«No se aceptarán aportes financieros mediante efectivo, comprobantes de pago, criptoactivos o cualquier otra forma alternativa de depósito que pueda dificultar la identificación del origen de los recursos», señala el comunicado del Ministerio de Hacienda.
Según explicó la cartera, la norma también es una medida «prudencial» para disuadir a las familias brasileñas de endeudarse.
Con la nueva medida, el ministerio también dio un plazo máximo de dos horas, contadas a partir de la finalización de los partidos, para que los sitios de apuestas autorizados por el Gobierno paguen los premios.
Asimismo obliga a este tipo de portales a contar con una reserva financiera de 5 millones de reales (961.538 dólares) para garantizar el pago de los premios y les prohíbe utilizar los recursos provenientes de las apuestas para cubrir gastos operativos o como garantía de deudas.
En diciembre pasado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó una ley que regula y establece una serie de impuestos para las empresas y usuarios de apuestas deportivas y juegos de azar por internet, con el objetivo de aumentar la recaudación y aliviar el creciente déficit fiscal que soporta el país.
El proyecto establece que las empresas tendrán que pagar un 12 % sobre su facturación, mientras que a los apostadores se les aplicará un 15 % sobre el valor neto de los premios que obtengan en un año y siempre que estos superen los 2.112 reales (406 dólares).
