Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, entregará este domingo la batuta de la nación al mandatario electo, Bernardo Arévalo de León, después de cuatro años marcados por acusaciones de corrupción y persecución judicial a contra sus rivales, pero blindado de cualquier proceso judicial hasta 2028 debido a que pasará a ser diputado del Parlamento Centroamericano.
Giammattei se despide de la presidencia con una baja aprobación popular y con una Administración que no logró cumplir con sus promesas de campaña sobre corrupción, desnutrición e infraestructura.
En sus últimos días de gestión, Giammattei dio su visto bueno a un presupuesto estatal con candados que perjudica a su sucesor y aprobó un decreto para otorgarles seguridad y vehículos a sus ministros durante 5 años.
Persecución judicial
Una de las tachas más notables de su gestión es que en 2022 decidió renovar el mandato al frente al Ministerio Público de Consuelo Porras Argueta, quien en los últimos cinco meses ha intentado anular los resultados de los comicios celebrados el año pasado.
El miércoles pasado en un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Giammattei se desmarcó de la persecución judicial del Ministerio Público contra Arévalo de León, alegando que en Guatemala existe «separación de poderes» y criticó que la comunidad internacional culpara a su Gobierno «sin fundamento».
Durante la Administración de Giammattei, más de 30 operadores de justicia, entre fiscales y jueces, decidieron exiliarse tras denunciar persecución política en su contra.
Además, el periodista José Rubén Zamora Marroquín fue apresado en 2022 pocos días después de lanzar fuertes críticas contra el círculo cercano de Giammattei.
Junto a esto, la Administración de Giammattei se vio opacada por señalamientos de mal manejo de fondos para la atención de la pandemia de la covid-19.
Giammattei envió el jueves su documentación al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para ser juramentado como nuevo diputado regional.
Esta medida le permitirá contar con antejuicio hasta 2028 y evitar ser investigado por reclamos de corrupción que existan en su contra.
Instituciones debilitadas
La semana pasada, Arévalo de León declaró a EFE que recibirá un «Ejecutivo debilitado por la corrupción» y que su primera acción será derogar decisiones de su antecesor que considere «irresponsables».
La principal promesa de Arévalo de León, durante la campaña en 2023, fue combatir la corrupción y rescatar la «independencia de las instituciones públicas».
Este domingo, Arévalo de León debe tomar posesión para el periodo 2024-2028 en medio de una crisis política sin precedentes por los intentos de la Fiscalía de Porras Argueta por intentar anular su triunfo electoral. EFE/ir
