Lima.- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) autorizó en 1998 la transferencia de fondos de las Fuerzas Armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para que fueran usados en su campaña de reelección, afirmó hoy el vicealmirante retirado Humberto Rosas, exjefe del organismo.
Rosas declaró hoy ante el tribunal que juzga a Fujimori por su presunta participación en el desvío de 122 millones de soles (unos 43 millones de dólares) de fondos estatales para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas, conocidos como «chicha», durante su campaña para las elecciones presidenciales del 2000.
El exjefe militar reconoció que existió el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas hacia el SIN para ser utilizados en la campaña de reelección de Fujimori y dijo que desde 1998 la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército entregaban 250.000 dólares mensuales, cada uno.
Indicó que esos fondos «fueron para la campaña de ‘re-reelección'», tal como se conoció por entonces a la postulación de Fujimori a un tercer mandato consecutivo.
Rosas dijo que ese dinero era utilizado por el exasesor Vladimiro Montesinos, quien ejercía el poder «en la sombra» en el SIN, para pagar a los canales de televisión, diarios y otros medios de comunicación que vendieron su línea editorial.
El exjefe del SIN reveló, incluso, que Montesinos lo mandó a comprar y registrar, por 30.000 dólares, el logotipo del hasta entonces diario de oposición «Referéndum».
En ese sentido, aceptó que en la práctica Montesinos era quien dirigía los servicios de información y «era el enlace permanente con el expresidente Fujimori».
Rosas añadió que Fujimori le pidió instalar una gran sala en la sede del SIN para el proceso de «re-reelección», y allí vio dos veces al ex jefe de Estado.
Durante la audiencia de hoy, se informó que el exministro de Defensa José Villanueva solicitó al tribunal ser citado nuevamente para declarar sobre el caso, tras haberse negado la semana pasada a ofrecer su testimonio.
Sin embargo, el tribunal declaró «inadmisible» su pedido y ratificó que el también ex comandante general del Ejército será denunciado por haberse negado a declarar en ese momento.
La Cuarta Sala Penal Liquidadora, encargada del juicio, reinició hoy las audiencias después de haberlas suspendido durante la semana pasado luego de que Fujimori sufriera una crisis de hipertensión.
A pesar de que esta dolencia le fue controlada, el expresidente lució hoy en mal estado físico, lo que llevó incluso al abogado Ronald Gamarra, representante de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue sentenciado en otro proceso a 25 años de cárcel, a señalar que el juicio «debe cortarse».
«Francamente, el juicio a Alberto Fujimori por el caso de la prensa chicha debe cortarse ya. Fujimori no está en condiciones de afrontarlo», señaló Gamarra en su cuenta en la red social de Twitter.
El expresidente es el último procesado en el caso de los diarios «chicha», por el que en 2005 ya se condenó a 29 personas, entre ellas a ocho años de prisión a Montesinos y a los exgenerales Elesván Bello y José Villanueva por los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir.
En junio pasado, el presidente de Perú, Ollanta Humala, le negó a Fujimori el indulto humanitario, al seguir las recomendaciones de una comisión especial que concluyó que no tenía una enfermedad terminal ni presentaba trastornos mentales graves.
El exjefe militar reconoció que existió el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas hacia el SIN para ser utilizados en la campaña de reelección de Fujimori y dijo que desde 1998 la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército entregaban 250.000 dólares mensuales, cada uno.
Indicó que esos fondos «fueron para la campaña de ‘re-reelección'», tal como se conoció por entonces a la postulación de Fujimori a un tercer mandato consecutivo.
Rosas dijo que ese dinero era utilizado por el exasesor Vladimiro Montesinos, quien ejercía el poder «en la sombra» en el SIN, para pagar a los canales de televisión, diarios y otros medios de comunicación que vendieron su línea editorial.
El exjefe del SIN reveló, incluso, que Montesinos lo mandó a comprar y registrar, por 30.000 dólares, el logotipo del hasta entonces diario de oposición «Referéndum».
En ese sentido, aceptó que en la práctica Montesinos era quien dirigía los servicios de información y «era el enlace permanente con el expresidente Fujimori».
Rosas añadió que Fujimori le pidió instalar una gran sala en la sede del SIN para el proceso de «re-reelección», y allí vio dos veces al ex jefe de Estado.
Durante la audiencia de hoy, se informó que el exministro de Defensa José Villanueva solicitó al tribunal ser citado nuevamente para declarar sobre el caso, tras haberse negado la semana pasada a ofrecer su testimonio.
Sin embargo, el tribunal declaró «inadmisible» su pedido y ratificó que el también ex comandante general del Ejército será denunciado por haberse negado a declarar en ese momento.
La Cuarta Sala Penal Liquidadora, encargada del juicio, reinició hoy las audiencias después de haberlas suspendido durante la semana pasado luego de que Fujimori sufriera una crisis de hipertensión.
A pesar de que esta dolencia le fue controlada, el expresidente lució hoy en mal estado físico, lo que llevó incluso al abogado Ronald Gamarra, representante de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue sentenciado en otro proceso a 25 años de cárcel, a señalar que el juicio «debe cortarse».
«Francamente, el juicio a Alberto Fujimori por el caso de la prensa chicha debe cortarse ya. Fujimori no está en condiciones de afrontarlo», señaló Gamarra en su cuenta en la red social de Twitter.
El expresidente es el último procesado en el caso de los diarios «chicha», por el que en 2005 ya se condenó a 29 personas, entre ellas a ocho años de prisión a Montesinos y a los exgenerales Elesván Bello y José Villanueva por los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir.
En junio pasado, el presidente de Perú, Ollanta Humala, le negó a Fujimori el indulto humanitario, al seguir las recomendaciones de una comisión especial que concluyó que no tenía una enfermedad terminal ni presentaba trastornos mentales graves.
