Tegucigalpa – 24 horas pasaron del anunció del decálogo de medidas anunciado por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para retomar el control de las cárceles hondureñas y nuevas reyertas ocurrieron este miércoles en los centros penales de Ilama, Santa Bárbara, El Porvenir, Francisco Morazán, y Morocelí, El Paraíso que dejó 11 privados de libertad heridos.
– Las cuatro mayores cárceles -El Pozo, La Tolva, Támara y El Porvenir- fueron tomados por elementos de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
– La interventora Julissa Villanueva propone un desarme voluntario en las cárceles en el sentido que los privados de libertad entreguen sus armas y las pongan en los patios de las cárceles.
De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), en la cárcel El Pozo se produjo un enfrentamiento armado entre miembros de la Pandilla 18 y la MS-13, quienes comenzaron el intercambio de disparos desde los ventanales de los módulos separados en que permanecen recluidos.
Las versiones oficiales de inteligencia aseguran que existía información de sucesos violentos luego del anuncio de las medidas a tomar para recobrar la gobernabilidad en las cárceles.
La causa del enfrentamiento es la trillada rivalidad de ambas estructuras criminales, informó el INP en un comunicado de prensa.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) fueron instruidos para investigar este suceso en El Pozo y deberán presentar un informe de lo ocurrido a la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario.
Aunque el INP no detalló sobre un tiroteo en el centro penal de Morocelí, El Paraíso, se conoció que tres internos resultaron heridos y fueron ingresados a la emergencia del Hospital Escuela. Igualmente, en El Porvenir, Francisco Morazán, se informó de un recluso con lesiones.
En ninguno de los dos sucesos violentos de este miércoles en El Pozo, La Tolva y El Porvenir se informó la identidad de los heridos.
Fuerzas Especiales y “desarme voluntario”
La interventora del sistema penitenciario hondureño, Julissa Villanueva ordenó en las últimas horas que la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) tome el control de las cárceles, al tiempo que imploró a los privados de libertad que entreguen las armas e incluso que las dejen en el patio de los presidios.
Las declaraciones de Villanueva se dieron en un programa televisivo del gobierno en el preciso momento que ocurría una balacera en la cárcel El Pozo, donde siete privados de libertad resultaron heridos.
Dijo que era algo de esperar y que desde anoche había recibido una alarma que los privados de libertad no iban a acatar las instrucciones de las autoridades luego de anunciar el decálogo de medidas para lograr recuperar la gobernabilidad en las cárceles.
“Quiero decirles a los privados de libertad que todavía tienen acceso a la comunicación que nosotros no vamos a confrontar a ningún privado de libertad que esté dentro del marco legal y a las acciones apegadas a la norma. Todo aquel que esté incidiendo a generar crimen y disturbios, y por supuesto a utilizar instrumentos prohibidos, de manera clara y categórica les decimos que vamos a intervenir”, expresó.
La viceministra de Seguridad reveló que desde la noche del martes dio instrucciones para que se reforzara la seguridad en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, para evitar sucesos como los ocurridos este miércoles.
“En estos momentos se ha instruido a la Policía Nacional para que las Fuerzas Especiales tomen el control inmediato de El Pozo, Támara y todos y cada uno de los centros penitenciarios que no se ajusten a lo que estamos hablando”, exteriorizó.
Prometió que las Fuerzas Especiales no se retirarán de los recintos carcelarios y especialmente de las cuatro cárceles más importantes (Ilama, Morocelí, Támara y El Porvenir), donde habrá refuerzos del cuerpo élite de la Policía.
Desvirtuó que lo ocurrido esta tarde sea una afrenta a su nombramiento como interventora del sistema carcelario.
La doctora Villanueva pidió a los privados de libertad que tienen armas en su poder que las entreguen y que las dejen en el patio de los recintos carcelarios.
Bautizo a interventora
El violento episodio ocurrió un día después del anuncio por parte de la interventora Julissa Villanueva, quien detalló una decena de medidas para transformar la administración de las cárceles en el país.
La interventora Julissa Villanueva dijo que la recuperación de la gobernabilidad en el sistema carcelario comienza con la puesta en marcha de un decálogo de medidas.
“Aunque los reos escondan las armas las vamos a encontrar con tecnología”, aseguró Villanueva en la comparecencia del martes.
Las acciones comienzan en las cuatro cárceles más importantes: Támara, Ilama, Morocelí y El Porvenir.
El censo penitenciario arroja el dato de 19 mil 966 privados de libertad, pero se contarán uno por uno para evitar suplantación de identidad, dijo la viceministra.
La doctora Villanueva fue designada por la presidenta Xiomara Castro para encabezar la recuperación del sistema penitenciario hondureño, luego que el pasado 8 de abril se registraran reyertas simultáneas en las principales cuatro cárceles del país.
45 muertes en cárceles cada año
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas reveló que un promedio de 45 privados de libertad mueren cada año de forma violenta al interior de las cárceles en el país.
Indicó que el control de los centros penitenciarios y que pasen por fin a manos del Estado es importante, porque no debe de permitir acciones contrarias a las que deben de registrarse al interior de las mismas.
Señaló que el problema de hacinamiento, de gestión penitenciaria, y garantías de la seguridad personal.
“Las 10 medidas de control son importantes porque ya los derechos humanos, organizaciones internacionales porque los privados de libertad sólo pierden su libertad”, indicó.
Señaló que las armas entran por las aduanas y quienes son los que están ahí son los agentes penitenciarios por lo que deben de empezar por ellos a formarlos, si la situación persiste pues se deben de separar del sistema, porque son los que introducen todo tipo de armas a los centros penales.
El hacer un censo penitenciario y reclasificarlos servirá para saber quiénes son los que están en cada uno de los centros penales y separarlos por su delito.
Recomendó un sistema de video vigilancia para verificar el actuar de cada uno de los privados y los policías penitenciarios del país. PD
