Tegucigalpa – En el último día de su gestión al frente de la Fiscalía de los Derechos Humanos, Sandra Ponce reveló que deja un informe detallado sobre las investigaciones en contra de ex miembros de la cúpula policial, acusados de la fuga de información y violación de los deberes de los funcionarios en el caso del asesinato de dos jóvenes universitarios.
Al mismo tiempo, expresó que ha sido concluida la investigación en relación al caso de los policías acusados por el asesinato de los jóvenes universitarios y reveló que en los próximos días se estarán dando los requerimientos fiscales en los Juzgados de lo Penal.
El pasado 22 de octubre fueron asesinados Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora universitaria; y el amigo de éste, Carlos David Pineda, quienes fueron presuntamente ejecutados por varios elementos policiales, hecho que ha sacudido a la institución encargada de la seguridad en el país.
Por este caso se encuentran recluidos Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colindres, Gabriel Donatilo Mancía Hernández, Wilson Roberto Córdova y José Rubén Pozo López, agentes de escala básica y quienes guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán.
Mientras que el subinspector Carlos Gáleas Cruz, los agentes Wilfredo Figueroa Velásquez y Arnulfo Padilla Rodríguez, siguen prófugos de la justicia hondureña.
Al respecto, la fiscal de los DDHH añadió que la fase de investigación ha terminado y todo está en un proyecto de requerimiento elaborado por fiscales.
Además manifestó que la siguiente etapa del caso será la audiencia preliminar en la que el Ministerio Público (MP), formalizará la acusación.
El Ministerio Público ya tomó declaración testifical a varios altos oficiales de la cúpula policial para conocer sus versiones en torno a dos expedientes que se abrieron en su contra y que tiene que ver con la violación de secretos y otro por violación a los deberes de los funcionarios.
La fiscal recordó que ya fueron emitidos autos de prisión por los delitos de asesinato y abuso de autoridad contra cinco policías, quienes actualmente guardan prisión.
El pasado 22 de octubre fueron asesinados Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora universitaria; y el amigo de éste, Carlos David Pineda, quienes fueron presuntamente ejecutados por varios elementos policiales, hecho que ha sacudido a la institución encargada de la seguridad en el país.
Por este caso se encuentran recluidos Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colindres, Gabriel Donatilo Mancía Hernández, Wilson Roberto Córdova y José Rubén Pozo López, agentes de escala básica y quienes guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán.
Mientras que el subinspector Carlos Gáleas Cruz, los agentes Wilfredo Figueroa Velásquez y Arnulfo Padilla Rodríguez, siguen prófugos de la justicia hondureña.
Al respecto, la fiscal de los DDHH añadió que la fase de investigación ha terminado y todo está en un proyecto de requerimiento elaborado por fiscales.
Además manifestó que la siguiente etapa del caso será la audiencia preliminar en la que el Ministerio Público (MP), formalizará la acusación.
El Ministerio Público ya tomó declaración testifical a varios altos oficiales de la cúpula policial para conocer sus versiones en torno a dos expedientes que se abrieron en su contra y que tiene que ver con la violación de secretos y otro por violación a los deberes de los funcionarios.
La fiscal recordó que ya fueron emitidos autos de prisión por los delitos de asesinato y abuso de autoridad contra cinco policías, quienes actualmente guardan prisión.
