Por: Luis Cosenza Jiménez
Como es sabido, el convenio con la MACCIH está por finalizar. Puede ser renovado, por un período igual al original, mediante un simple intercambio de notas suscritas por un representante del Ejecutivo y por el Secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA.
No obstante lo anterior, el Poder Ejecutivo solicitó a la OEA, y esta aparentemente aceptó, que primero se evalúe el desempeño de la MACCIH, y que con base en eso luego se decida si se renueva o no. Si se decide renovarlo, pero modificándolo para superar los problemas identificados durante la evaluación, entonces el nuevo convenio tendría que ser enviado al Congreso de la República para su ratificación. Es importante entender que el Congreso participaría en el proceso solamente si se decide modificar el convenio. No obstante, y como si ya supiera cual será el resultado de la evaluación del Ejecutivo, el Presidente del Congreso nombró una comisión de diputados para que evalúen ellos también la gestión de la MACCIH. Pero, ¿se trata de una verdadera evaluación con miras a mejorar el funcionamiento de la MACCIH, o se trata de una simple jugarreta para limitar el alcance de las funciones de la MACCIH, o incluso para no renovar el convenio? Analicemos la situación y veamos a qué conclusiones podemos llegar.
Para comenzar, es evidente que una evaluación seria y bien intencionada puede ser una herramienta muy útil para mejorar un proceso o una organización. No obstante, una evaluación seria debe cumplir con ciertos principios básicos. El primero de estos consiste en contar con metas o indicadores de desempeño previamente definidos, es decir, establecidos en el convenio original. Contando con esos indicadores, es posible evaluar si la organización, en este caso, la MACCIH, cumplió con la tarea encomendada. No es aceptable definir los indicadores a posteriori, ya que eso se presta a la manipulación y la arbitrariedad. Es decir, dependiendo de cómo se seleccione los indicadores, es fácil asegurar el éxito o el fracaso de la MACCIH. El segundo principio básico establece que la evaluación debe ser llevada a cabo por personas que no estén en una posición de conflicto de intereses. Es decir que la evaluación no puede ser hecha por funcionarios de la OEA, ni por funcionarios o diputados que podrían ser afectados por el trabajo de la MACCIH. Como ninguna de estas dos condiciones se cumple, debo concluir que no se trata de una evaluación seria y fehaciente.
¿Para qué entonces una evaluación? Solo se puede pensar que se trata de restringir el mandato de la MACCIH, o, en el mejor de los casos para quienes se sienten amenazados por la labor de la MACCIH, de no renovar el convenio. La sociedad hondureña, y la comunidad internacional abogan abiertamente por la renovación del convenio, pero esta Administración, y en particular este Congreso, han demostrado ser inmunes a la opinión nacional y extranjera. Poco o nada les importa el mensaje que enviarían en cuanto a la lucha contra la corrupción y la impunidad, si no se renueva el convenio. Por supuesto que no faltan quienes se arropen en un falso patriotismo alegando que nosotros los hondureños somos capaces de combatir la corrupción por nosotros mismos, ignorando lo que acontecía previo a la llegada de la MACCIH. Los apologistas de esta Administración llegan al extremo de decirnos que el arribo de la MACCIH fue una iniciativa de don Juan Orlando, olvidando las marchas y manifestaciones de la sociedad demandando el establecimiento de una organización similar a la CICIG que entonces operaba en Guatemala.
Pero ya que el Ejecutivo y el Congreso están tan convencidos de los méritos y beneficios de las evaluaciones, les propongo que evaluemos el desempeño de ambos entes. Evaluemos si el Congreso ha facilitado u obstaculizado la gestión de la MACCIH. Preguntemos si el Congreso ha aprobado legislación que dificulta la investigación y la formulación de requerimientos fiscales a funcionarios y diputados. Si concluimos que el Congreso ha aprobado legislación que complica la lucha contra la corrupción y la impunidad, entonces exijamos que los diputados que votaron a favor de esa legislación no reciban sueldo por el resto de esta Administración y que no puedan buscar su reelección. En cuanto al Ejecutivo, evaluemos su desempeño en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y si concluimos que su desempeño ha sido deficiente, entonces exijamos que renuncien a sus cargos. Acepto que estas son propuestas extremas, pero así como desean someter a la MACCIH a evaluaciones poco serias, deben estar dispuestos a que se les evalúe.
Mientras escribía este artículo ha trascendido que el Congreso ha decidido recomendar al Ejecutivo que no renueve el convenio que dio vida a la MACCIH. La opinión del Congreso no es vinculante, pero retrata de cuerpo entero a un buen grupo de nuestros diputados. Lamentablemente, esto es lo que ocurre cuando el Presidente del Congreso es simultáneamente candidato a la Presidencia de la República. En este caso, aparentemente se trata de asegurar a diputados y funcionarios que, a diferencia de don Juan Orlando, él sabrá protegerlos frente a quienes combaten la corrupción. Ahora don Juan Orlando debe decidir si deteriora aún más su imagen, o si desea congraciarse con quienes podrían brindarle protección una vez que deje el poder. Alternativamente, podría devolverle el favor al Congreso, enviándoles una versión modificada del convenio original. Eso haría que la responsabilidad por la no renovación del convenio recaiga directamente sobre el Presidente del Congreso y el grupo de diputados que sienten la necesidad de contar con impunidad. Sin embargo, si procede de esta manera, la popularidad de don Juan Orlando se reduciría aun mas en el Congreso y se arriesgaría a que le paguen con la misma moneda una vez que deje del poder. ¿Qué sucederá? Me parece que don Juan Orlando, preocupado como está por protegerse, preferirá quedar bien con los diputados, a pesar de que ello implique el rechazo de la población y de la comunidad internacional. Nosotros debemos prepararnos para dar la batalla, pacíficamente, en las calles. Eso, y la publicación de los nombres de los diputados que votaron a favor de recomendar la no renovación del convenio de la MACCIH para que no votemos por ellos, son las únicas opciones que nos quedan. Como duele ver lo que le han hecho a nuestra patria. ¡Qué vergüenza!
