Por: Luis Cosenza Jiménez
Finalmente ocurrió lo inevitable. La Administración Hernández ha tenido que firmar el acuerdo para la operación de la MACCIH en nuestro país. Ya en un artículo previo he dicho que me parece que para combatir la corrupción que nos ahoga debemos contar con la MACCIH, o una institución similar.
No es posible derrotar este flagelo si descansamos única y exclusivamente en nuestras propias instituciones. Los políticos tradicionales simple y sencillamente destruirían cualquiera de nuestras débiles instituciones que mostrara un ápice de independencia y la someterían a su control. Al final debemos, con profundo dolor, reconocer que nuestros políticos tradicionales han hecho necesaria la MACCIH. Con mucha vergüenza debemos aceptar que al destruir nuestra institucionalidad, nuestros políticos nos han convertido en un estado tutelado. Permítanme explicar por qué.
Me parece innecesario demostrar que nuestra institucionalidad carece absolutamente de credibilidad, dentro y fuera del país. No hay independencia de poderes; un poder controla y domina los otros (el Ejecutivo, en esta Administración, y el Legislativo, en la anterior). El Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el sistema judicial han fracasado en la lucha contra el crimen, la inseguridad y la corrupción. La ciudadanía no confía en estos entes por lo que muy pocos delitos son denunciados y un número insignificante es investigado y llevado exitosamente a su conclusión. ¿A quién podemos convencer de nuestra capacidad autónoma para investigar y combatir la corrupción, cuando solos somos incapaces de depurar la policía nacional? Por supuesto el golpe más duro contra nuestra institucionalidad, contra la independencia del poder judicial, fue la destitución inconstitucional de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Después de todo esto resulta risible pensar que solos podemos vencer el cáncer de la corrupción. Lo notable, lo inverosímil, fue que algunas buenas personas sostuvieran esa tesis, partiendo de un malentendido patriotismo.
Pero bien, ya todo eso es historia y ahora la MACCIH es realidad. Resulta irónico que una Administración que rechazaba la CICIH tenga ahora que sufrir el amargo trago de la MACCIH, porque la MACCIH es equivalente a una CICIH, o mejor aún, a una CICIG, con más poder. No nos equivoquemos, lo han hecho porque no han tenido alternativa. Don Luis Almagro y don John Biehl resultaron ser mucho más inteligentes y comprometidos con el estado de derecho y la lucha contra la corrupción que lo que imaginaron quienes nos gobiernan. Estos soñaban con un diálogo interminable que distrajera nuestra atención y en su lugar se encontraron con la MACCIH. Una vez presentada la propuesta por la OEA, la presión de los gobiernos cooperantes fue tan fuerte, que no han tenido opción. Puede pensarse que sin la MACCIH no habría Plan para la Prosperidad en el triángulo norte de Centro América. Resta ahora ver si nuestras autoridades colaborarán con la MACCIH, o si los políticos tradicionales recurrirán a sus conocidas artimañas para obstaculizar su labor. Recordemos que si la MACCIH opera correctamente entonces podremos tener al menos dos poderes independientes, el Ejecutivo y la MACCIH. Eso, a pesar de lo insignificante que pueda parecer, sería un notable avance en nuestro país.
Pero volviendo al punto de partida, es lastimoso que nos hayamos convertido en un estado tutelado. Si duda que seamos un estado tutelado, recuerde nada más lo siguiente. Nuestra Constitución no es la pieza fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Ese papel le corresponde a los tratados internacionales. Fue supeditando nuestra Constitución a dichos tratados como se justificó legalizar la reelección, pese a que la Constitución explícitamente la proscribe. En el ámbito de los derechos humanos nuestra Corte Suprema no es la última instancia. Ese papel lo juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo referente a narcotráfico y corrupción, el gobierno de Estados Unidos tiene la iniciativa y última palabra. Nótese lo recientemente ocurrido a connotados personajes hondureños. Finalmente, ahora con la MACCIH la investigación de los casos de corrupción, incluyendo la depuración de la policía nacional, pasará a ser su responsabilidad. Nuestras maltrechas instituciones ocuparán un segundo plano. En efecto, somos un estado tutelado por la comunidad internacional.
Al final, todo lo ocurrido evidencia la necesidad de rescatar y reconstruir nuestras instituciones. Si la MACCIH se convierte en la piedra angular del proceso de recuperación de nuestro sistema judicial, que así sea. No obstante el positivo papel que la MACCIH pueda jugar en este proceso, la reconstrucción de nuestras instituciones compete fundamentalmente a los hondureños. Somos nosotros los llamados a emprender esa tarea y a mi juicio el primer paso consiste poner a los políticos tradicionales en su lugar. En efecto, me parece que sin una nueva clase política difícilmente lograremos crear la institucionalidad que requerimos para vivir en democracia y alcanzar el desarrollo de nuestro país. Ojalá que veamos a la MACCIH como una herramienta valiosa para combatir la corrupción y fundar la nueva institucionalidad. Los políticos tradicionales nos han llevado a la penosa situación en la cual nos encontramos, pero como dice nuestra gente, no hay mal que por bien no venga.
