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Estado regional de derecho y buena gobernanza en Centroamérica

Dr. H. Roberto Herrera Cáceres

(Exhortación ciudadana a la buena gobernanza, conforme al ordenamiento jurídico regional, en función del bienestar y calidad de vida y trabajo de los pueblos centroamericanos). 

Es de importancia apremiante salir de la inercia del pasado, comenzando en estos tiempos de pandemia a la dinamización de la efectiva funcionalidad del marco jurídico e institucional de la integración que prescribe posibilitar, a los pueblos centroamericanos, el goce de sus derechos humanos, concretados en  bienestar, trabajo decente y justicia económica y social, como la razón de ser de este nuevo esquema integracionista humanista del Sistema de la Integración Centroamericana que pronto cumplirá 30 años de vigencia.

La salud de los pueblos y su bienestar integral es también un bien público universal, como lo es todo lo que contribuye a preservarla, por ser determinante esencial de la vida y del desarrollo sostenible de las sociedades. Desarrollo en el cual cada persona y cada pueblo es centro, participante y beneficiario primordial.

Los Estados deben, en consecuencia, fomentar la solidaridad entre personas, familias, comunidades locales y nacionales, así como tratar conjunta y productivamente el problema de la pandemia, actuando solidariamente en favor del desarrollo de todos los pueblos, entre ayudándose y evitando la discriminación o exclusión social, con la certeza de que ningún pueblo centroamericano estará protegido contra las amenazas a su seguridad humana, si no lo están los demás pueblos de la región, y que el desarrollo sostenible de  cada Estado, tendrá mayor firmeza si se fomenta el de la región entera.

La pandemia de la COVID – 19 y otros desastres concomitantes están causando, en diferentes proporciones y variedad de alcances, un serio impacto sobre los derechos a la vida, salud y todos los demás derechos humanos de nosotros los pueblos centroamericanos, con particular ensañamiento sobre las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y, en todo caso, produciendo serios atentados contra la seguridad humana y el desarrollo sostenible, en todos los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Esas diferencias, en cuanto a la actual amenaza pandémica y otros males públicos centroamericanos, y las crisis derivadas que afectan la dignidad de las personas y sus condiciones  de vida en  cada país aisladamente considerado, deben superarse dado los lazos geográficos y  de cooperación que nos unen, nuestra comunidad de aspiraciones integracionistas y  el  deber de todos los Estados de cumplir el ordenamiento jurídico regional que cristaliza la comunidad que hemos constituido como Sistema de la Integración Centroamericana,  fundamentado en la protección y promoción de  los derechos humanos de los pueblos cuya dignidad, hoy vemos gravemente amenazada.

En este crítico contexto que abre oportunidades de reconversión productiva de la institucionalidad regional, ha habido llamados de miembros de sociedad civil centroamericana a la solidaridad regional e internacional, y se ha realizado acciones intergubernamentales de apoyo, como la de El Salvador a Honduras (con una donación de parte de vacunas solicitadas por siete municipios); de Panamá a Costa Rica (donación de unidad médica móvil para emergencias); de Honduras a cinco países (transporte de pruebas de detección de COVID 19); de Guatemala a Honduras (Transporte de vacunas donadas por Israel).

Sin embargo, a excepción de  la elaboración, por la Secretaria General del SICA, del        “Plan de Contingencia Regional, Centroamérica y República Dominicana Unidos contra el Coronavirus”; y de una resolución del Parlamento Centroamericano, formulando una  “DECLARACIÓN DE RESPALDO A ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA COVID – 19 PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SICA”: no encontramos ninguna decisión y acción comunitaria o regional concreta y eficaz para resguardar la salud y condiciones de vida de todos los pueblos centroamericanos; ni informes, solicitudes, gestiones y planteamientos de cooperación  que necesitamos, ante la comunidad internacional; ni decisiones, previa consulta social, sobre la nueva y diferente realidad de vida digna, ya visualizada en nuestro marco legal integracionista, y que debemos lograr, en la postpandemia, por medio del desarrollo sostenible, con activa participación social.

Ante esa situación: necesitamos, de los órganos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una actitud más activa y positiva con iniciativas, decisiones, capacidad, disposición de actuar, seguimiento y control. Actitud a acompañarse del comportamiento coordinado y la cooperación solidaria de los Estados miembros, para asegurar eficazmente la funcional unidad de acción regional y nacional en favor de la seguridad humana y el desarrollo sostenible, ante las amenazas a la dignidad de los habitantes de los Estados miembros y a la creciente incertidumbre social de la utilidad de la acción estatal e integracionista de crear posibilidades y oportunidades de mejorar su bienestar y calidad de vida y trabajo.

Posibilidades y oportunidades que, más allá del intercambio comercial, demandan asegurar progresivamente el bienestar común de los habitantes de Centroamérica, mediante el deliberado, armónico y equilibrado avance, en todos los países de la región, del desarrollo sostenible en su integralidad económica, social, cultural, política, medio ambiental y ecológica.

 La normativa regional también prescribe expresamente pautas de conducta a los Estados miembros de alcanzar, en sus respectivos Estados de Derecho, el desarrollo sostenible integral de sus poblaciones, debiendo hacerlo simultáneamente con avances en la democracia, la libertad y la paz, como un todo armónico e indivisible; mediante el fomento, entre otros, de la solidaridad entre sociedades, así como de la cooperación entre personas, familias, comunidades y pueblos de la región; y garantizando la seguridad humana de los habitantes contra las principales amenazas regionales como: la pobreza, la violencia, la delincuencia, la corrupción, la narcoactividad, la impunidad y la degradación del medio  ambiente, entre otras.

Este llamado se hace así, con fundamento en normas esenciales del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, del Tratado Marco de Integración Social Centroamericana, del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana y de otros actos normativos de la Integración, conforme a los cuales se determina que el Sistema de la Integración Centroamericana, en su conjunto, tiene por objetivo fundamental la realización de la integración para constituir a Centroamérica, como Región de Paz, Libertad y Desarrollo, sobre la base  esencial de la tutela, respeto  y promoción de los derechos humanos, expresándose así el propósito superior integrador hacia el cual debe orientarse la dinámica de la integración en los diferentes ámbitos del desarrollo.

En consecuencia, el presente llamado tiene como propósito el impulso de la gestión pública de la integración centroamericana y sus recursos, conforme al formal y vigente estado de derecho de la integración, para el logro de objetivos concretos de desarrollo sostenible, coincidentes con avances en democracia, paz y libertad y con el ejercicio efectivo de los derechos humanos, en un contexto de responsabilidad, transparencia, participación social y atención a las necesidades y aspiraciones de los pueblos centroamericano.

II. Exhortación

En virtud de lo anterior y dado que desarrollo, democracia, paz, libertad, y derechos humanos son objetivos y principios indivisibles jurídicamente protegidos por el sistema jurídico regional, como derechos de cada habitante y de los pueblos centroamericanos y como fuerza vital para su progreso y bien público nacional y regional: insto respetuosamente, a los órganos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y a los Estados miembros, a una actitud sistémica y sistemática de aplicación del Derecho de la Integración y de buena gobernanza regional, con enfoque de dignidad humana, para asegurar progresivamente el efectivo bien común de los pueblos centroamericanos.

Actitud que debe ser necesariamente proactiva en materia de la realización y promoción de auténticos avances en bienestar nacional y centroamericano, asegurando mayores oportunidades y posibilidades en mejor calidad de vida y de trabajo, a los hombres y mujeres que habitamos en los Estados miembros del SICA.

Formulo la presente exhortación a título de ciudadano centroamericano activo, ex – Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Honduras, 2014 – 2020), ex – Diputado Fundador del Parlamento Centroamericano, Presidente de la Comisión Preparatoria de la Entrada en Funcionamiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y su primer Secretario General.

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