Una vez más, don Juan Orlando ha puesto en evidencia su desdeño por la institucionalidad, la legalidad y el Estado de Derecho. Ha montado en cólera porque los Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, se han atrevido a obedecer la ley, en este caso, la Ley General de la Industria Eléctrica, LGIE, aprobada precisamente en su Administración. Imagínese que osadía, estimada lectora, ¡acatar la ley! La LGIE establece que la tarifa debe ser revisada trimestralmente y que el resultado de la revisión debe publicarse para conocimiento de todos. La tarifa revisada es lo máximo que la ENEE puede cobrar, y por supuesto la ENEE podría cobrar menos, si así lo dispone y sus finanzas se lo permiten. Siendo así las cosas, lo correcto, lo lógico sería agradecer a la CREE por el cumplimiento de lo establecido en la LGIE, y luego decidir qué hará la ENEE, que por supuesto podría incluir un subsidio PARA LOS POBRES. No obstante, en nuestro caso se optó por jugar política, tratando de recuperar popularidad. Se creó un escándalo, se injurió a los Comisionados de la CREE y se hizo que el Congreso aprobara precipitadamente una iniciativa disparatada que entre otras cosas “faculta” a los Comisionados a que violen la LGIE, subsidia a ricos y pobres y no instruye a SEFIN a que tome recursos del presupuesto de la República para evitar el perjuicio a las finanzas de la ENEE. ¡Qué ironía! ¡El Congreso autorizando la violación de la Ley! Todo esto conforma lo que en otras partes se conoce como “autoritarismo populista”. Yo pregunto, estimado lector, ¿es esto congruente con un Estado de Derecho o con un Estado Deshecho?
Es importante señalar que la LGIE continúa vigente, y que a pesar de la autorización del Congreso, lo que procede es que la CREE publique su resolución. Entiendo las consecuencias que tal decisión puede acarrear para los Comisionados, particularmente cuando estamos padeciendo un régimen autoritario y populista, pero eso es lo que procedería en un Estado de Derecho.
Seguramente que quienes leen mis columnas recordarán que esto mismo había sucedido hace unos pocos meses. De hecho, la última factura que enviara EEH ya incluye un subsidio indiscriminado que favorece tanto a ricos como a pobres. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué subsidiar a quienes no lo necesitan? Todavía están a tiempo para rectificar. En primer lugar, deben descontinuar el subsidio a los ricos. En segundo lugar, deben subsidiar a la persona pobre, mediante un bono mensual pagado con recursos del presupuesto nacional, y no la tarifa. Al incluirlo en la factura mensual, están subsidiando la tarifa y restándole fondos a la ENEE, lo cual llevará a un déficit anual más alto todavía, lo que a su vez hará más difícil que la ENEE pueda honrar lo que adeuda. Según cálculos del gobierno, el subsidio que aprobaron hace unos meses costará quinientos millones de lempiras hasta finales de año. El nuevo, e indiscriminado, subsidio costará alrededor de ciento ochenta millones de lempiras mensuales, y como don Juan Orlando ya decidió que en lo que resta de su mandato no habrá ajustes tarifarios, a finales del primer trimestre de 2022 los subsidios sumarán alrededor de mil ochocientos millones. Esta cifra podría ser aún más alta si la próxima revisión de la tarifa demuestra que debería subir en enero de 2022. Ya podemos agregar ese monto al déficit de la ENEE.
Por supuesto que los subsidios no hacen que el problema desaparezca. Si el costo de la energía ha subido, alguien tendrá que pagarlo y solo hay dos alternativas. Lo pagamos los clientes de la ENEE, o lo pagamos los contribuyentes al fisco. Si se opta por la segunda alternativa, lo que necesariamente ocurrirá es que habrá que tomar recursos del presupuesto nacional que de otra forma podrían ser utilizados para atender las necesidades de nuestros pobres. No son fondos que salen de los bolsillos de quienes toman estas decisiones populistas y dañinas. Son nuestros recursos que los populistas distribuyen como si fueran un obsequio, una pequeña muestra de su munificencia. Una vez más sacrificamos a los pobres para que nuestros “líderes” aparezcan como héroes que protegen a su pueblo.
Como resultado de estas medidas populistas, la próxima Administración heredará un sector eléctrico altamente deficitario y con una débil y golpeada institucionalidad. Además encontrará un rezago de más de un veinte por ciento en los ajustes tarifarios y como no podrá subsidiar para siempre, tendrá que aplicar las tarifas autorizadas por la CREE. En otras palabras, encontrará un sector eléctrico destrozado y una ENEE severamente deficitaria e incapaz de pagar sus cuentas, y además tendrá que hacer un significativo aumento tarifario. Si a eso agregamos una probable multimillonaria demanda de EEH, podremos apreciar el daño que se le ha hecho al sector. Flaco favor le han hecho a la próxima Administración.
Sabemos que el narcotráfico y la corrupción continúan golpeando nuestra nación. Si a eso agregamos el irrespeto a la Constitución y las leyes, y por ende el debilitamiento de nuestras instituciones y del Estado de Derecho, veremos que la nueva Administración se encontrará con un Estado deshecho. Dios ilumine a los próximos gobernantes para que logren iniciar el largo camino para rescatar a nuestro país de la patética situación en la cual lo han sumido.
