Por Thelma Mejía
Tegucigalpa.- De un tiempo a acá Honduras experimenta una involución en el Estado de Derecho, donde las garantías individuales disminuyen y el acceso a la información pública como piedra angular en el ejercicio de la libertad de expresión se limita. Es como si el país estuviera entrando a un peligroso Estado de excepción.
En las calles, los operativos encausados por la policía militar de orden público cada vez sustituyen la labor de la policía de tránsito y por desconocimiento y falta de preparación para tratar la relación con el ciudadano, los hombres de uniforme cometen abusos y excesos amparados en unos chalecos en los cuales su nombre no figura, por ende, nadie puede identificar quién o quiénes son los responsables de los excesos que cometen.
Los especialistas en la rama del Derecho dicen que cuando usted marcha en su vehículo, éste es como una extensión de su vivienda. Por eso cuando la autoridad se acerca en un operativo y le pide que salga de su vehículo y comienza a registrarlo, constituye un abuso de autoridad.
¿Por qué? Porque para ello la autoridad debe mostrarle una orden de allanamiento y debe estar presente un fiscal, pues nadie le asegura que mientras usted está fuera de su auto y se lo registran, le puedan implantar evidencias para incriminarle en un determinado hecho.
Y si usted accede, aún sin que le presenten la orden de allanamiento y sin la presencia de un fiscal, a sabiendas que se está cometiendo un abuso de autoridad, lo recomendable es que usted permita ese allanamiento por partes: primero un lado, luego otro y así sucesivamente, pero usted con ellos a la par, no lejos del sitio.
Eso dicen los expertos, eso establece la ley, eso dice la teoría. Pero en la práctica, la realidad es otra porque no todos los hondureños conocen sus derechos y también sus responsabilidades.
Un incidente ocurrido en contra de un defensor humanitario que fue el segundo a bordo en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fue un ejemplo concreto del abuso de poder de la autoridad policial militar, ya que éste se negó a que le registraran su vehículo sin que le mostraran una orden legal.
El hecho se produjo en pleno centro capitalino y ante la negativa del defensor—que no es un delincuente—amenazaron con echarle los perros antidrogas. La intervención de organismos humanitarios como el Cofadeh y el mismo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos impidió que el defensor y ex juez de los tribunales de justicia fuera atropellado más en sus derechos.
Como éste seguramente existen muchos ejemplos de historias que les han ocurrido a ciudadanos comunes. Si bien es cierto hay que respetar la ley y el orden, la autoridad investida de poder no fue creada para abusar, violentar, intimidar y amenazar. Eso no es parte del llamado Estado de Derecho.
Otro caso de limitación de garantías, esta vez relacionadas con el derecho y acceso a la información pública lo constituye la reciente resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que aplicando la ley de secretos, de un sopapo declaró como información secreta los «asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional y el logro de los objetivos en esta materia».
De esta forma, sin aplicar la prueba de daño que dice la ley, este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró como secreta la información en al menos 17 instituciones «y otras que se puedan incorporar en el futuro…»
Estas instituciones son Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, Ministerio Público-Dirección de Lucha contra el Narcotráfico; Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas de Honduras (C-2 o inteligencia militar); Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Le siguen el Instituto Nacional de Migración, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto de la Propiedad, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la Dirección General de la Marina Mercante, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y, «otras que se puedan incorporar en el futuro».
En Estados Unidos y algunos países europeos esta decisión sería un escándalo mayúsculo. En Costa Rica, la Sala IV de lo Constitucional estaría conociendo las respectivas acciones legales, pero en Venezuela, Ecuador y Nicaragua, la acción sería desapercibida como lo ha sido en Honduras porque sus democracias parecen decantarse por el autoritarismo y no por la pluralidad y el respeto al debate de las ideas.
Al igual que la libertad de expresión el derecho a la información y el acceso a la información pública tienen excepciones, como las democracias tienen sus pesos y contrapesos. En materia de Seguridad Nacional ya la doctrina fija los límites entre lo público y lo secreto.
Pero nuestras autoridades parecen estar preocupadas por hacer secreto lo público y público lo que debe ser secreto, son las paradojas del sistema. Si bien hay información pública que debe ser reservada por motivos de seguridad y otra puede caer en la categoría de reserva parcial, lo hecho por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sencillamente riñe con la política de transparencia y lucha contra la corrupción que pregona la actual administración.
Para quienes conforman este órgano de decisión, la secretividad parece ser la norma y no la excepción. Su afán por ocultar lo público de lo público calza con esa prepotencia militar policial de atropellar la dignidad de las personas, calza con esa impunidad con que se movían esos policías militares que intentaron secuestrar a un comerciante, demostrando al gobierno que su fuerza elite no era químicamente pura como se vendía.
No dudo de los buenos propósitos del gobierno en algunos temas, pero me asalta la inquietud si es consciente del alcance de algunas de sus acciones que tendrán fuertes repercusiones en el tiempo. Colombia y México no son ejemplos distantes, los años ochenta en Honduras sigue siendo un capítulo sin cerrar, y si bien los hondureños queremos paz, seguridad y tranquilidad, su precio no está por encima de la democracia ni las garantías ciudadanas. La democracia es calidad, no rasgaduras.
