Análisis de Alberto García Marrder – Especial para Proceso Digital
El senado español acaba de aprobar, con la oposición de los partidos de la derecha, una llamada Ley de la Memoria Democrática para reescribir la historia de este país desde la Guerra Civil Española (1936-39) y noto que apenas dedica un breve párrafo a los “bebés robados” durante la dictadura franquista de casi 40 años.
La nueva ley, cuando habla de las víctimas de todos esos años, incluye solo este parrafito de apenas dos líneas:
“h) Los niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores y hermanos”.
El proyecto fue elaborado por un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. Y apoyado por los independentistas vascos del PNV y hasta por el partido Bildu, la rama política de la ex organización terrorista vasca ETA. Esquerra Republicaba, de Cataluña, se abstuvo.
Ha tenido que ser un periódico extranjero y no nacional, el prestigioso “The New York Times” que le ha dedicado en su “magazine” un magnífico reportaje de nada menos que de 8,000 palabras al tema de los “bebés robados”, firmado por su ex corresponsal en Madrid, Nicholas Casey. Bajo este subtítulo: “Miles de niños españoles fueron sacados de los hospitales y vendidos a familias ricas católicas. Esta es la historia de Ana Belén Pintado”.
Pintado fue un bebé robado, tiene ahora 49 años, es madre de tres niños y vive en Campo de Criptana (Ciudad Real-Castilla La Mancha), en la ruta quijotesca de los molinos de viento, que aún existen.
Después que murió “su madre” (Petra Torres) en 2014 y su “padre” (Manuel Pintado) en 2010, estuvo limpiando las cajas con documentos que había en el garaje. Le llamó la atención un certificado médico que certificaba que la que creía que era su madre era estéril. Y ese documento estaba fechado seis años antes de que Pintado hubiera nacido en 1973.
Pintado comenzó entonces una campaña de varios años, en la prensa, la televisión, archivos y con sus vecinos, en busca de su madre biológica (Pilar Villora García) que al fin encontró y confirmó mediante una prueba del ADN. Y sus tres hijos han conocido, al fin, a su abuela biológica.
La monja que supuestamente intervino en este robo y otros, fue denunciada e imputada. Fue sor María Florencia Gómez Valbuena, quien murió en 2013 a la edad de 87 años. Unas meses antes, el diario madrileño “El País”, titulaba un artículo sobre ella así: “La monja que repartía bebés”.
Después de su muerte, el diario español “El Mundo” era más explícito: “Los secretos de la gran ladrona de niños”.
En esta historia tenebrosa de esos años en España hay dos villanos que nunca fueron a la cárcel, aunque sí estuvieron señalados por la justicia e imputados: esta monja y un ginecólogo, el doctor Eduardo Vela.
Ambos trabajaban en la sala de maternidad de la Clínica Cristina de Madrid. Con su soberbia característica de ella, en su primera comparecencia judicial, se negó a declarar ante un juez y en la segunda, ni se molestó a estar presente.
Pero en un cuaderno de tapa azul tenía apuntado centenares de nombres y direcciones de madres “donantes” y de los que adoptaban, mediante una factura de “gastos del parto”, que oscilaban entre las 100,000 y las 300,000 pesetas.
El Dr. Vela fue declarado culpable del robo de una niña en 1969, pero absuelto en 2018 por prescripción del delito.
Hay dos etapas en esta macabra historia de los “bebés robados”. La primera durante la Guerra Civil Española (1936-1939) cuando, según los historiadores, a las prisioneras republicanas en las celdas franquistas se les quitaban sus bebés recién nacidos para dárselos (o venderlos) a familias católicas adineradas. Y la otra, en la dictadura de Francisco Franco de casi 40 años, cuando monjas y curas tienen una gran participación.
Según varios historiadores, las monjas escogían a embarazadas jóvenes solteras y de pocos recursos. Las convencían que sus hijos tendrían mejor futuro si los dejaran en adopción a familias adineradas. Si no lo lograban, las chicas eran anestesiadas en el parto y luego la monja les comunicaban que había muerto el niño. Este era pronto “vendido” a una familia católica rica.
No se sabe con certeza cuántos niños fueron robados y adoptados ilegalmente. Las cifras oscilan entre 25,000 a 30,000. Y de esos, solo unos 255 han conocido a sus padres biológicos como Pintado. Otras cifras superan los 100,000.
En España no hubo una comisión oficial para investigar el caso de los “bebés robados”, como si pasó en Argentina (Junta Militar 1976- 1983) y en Chile (dictadura de Augusto Pinochet 1973- 1990).
“La Iglesia Católica tuvo un papel “determinante” en el robo de bebés en España entre 1938 y 1996”, según la investigadora Neus Roig, tras estudiar 500 casos. En una entrevista con la Agencia EFE, asegura que el tráfico de niños no fue una sucesión de hechos aislados, sino “una represión ideológica que terminó en negocio”. En el libro sobre este tema, “No llores que vas a ser feliz”, Roig señala que el tráfico de niños “no hubiera sido posible sin la participación de las órdenes religiosas”.
