Tegucigalpa – Un grupo de dirigentes indígenas, liderados por Austra Berta Flores, entregó un informe sobre los hechos que antecedieron el asesinato de Berta Cáceres, hecho ocurrido en marzo de 2016 en el occidente de Honduras.
Doña Austra, madre de la malograda Berta Cáceres, entregó el documento a las autoridades de la Fiscalía hondureña, al tiempo que exigieron llegar hasta los autores intelectuales del crimen, por el que hay ocho personas imputadas.
La familia de Berta Cáceres -liderada por Olivia Zúniga Cáceres, Salvador Zúniga, Austra Berta Flores y sus cuatro hijos- presentó hoy la evidencia documentada en el informe ante el Ministerio Público. Y, a la vez, solicitó una investigación formal de los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA.
El diputado y líder campesino, Rafael Alegría, relató que “estamos acompañando a la familia de Berta Cáceres en la entrega a la Fiscalía General de este análisis sobre los hechos que precedieron la muerte de la líder indígena”.
“Si se hubiera actuado en esas denuncias que se hicieron y se hubiera desarticulado esa red, probablemente no hubiese ocurrido el crimen”, señaló el congresista Alegría.
Aseveró que de los ocho detenidos por el crimen de Cáceres hay al menos cuatro que tienen relación con las fuerzas de seguridad del Estado, “algo que llama a la preocupación”.
Con base en los actos de corrupción denunciados en el estudio, Austra Berta Flores, madre de la líder ambientalista Berta Cáceres, presentó el lunes de esa semana ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) una petición para que se investigue esa supuesta red de corrupción que opera en la concesión de proyectos hidroeléctricos y extractivistas.
Red de corrupción
Un estudio publicado por Oxfam revela supuesta red de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos y permisos de operación al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. El documento, denominado Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores, resume argumentos legales para solicitar la clausura definitiva del proyecto.
El Proyecto Agua Zarca es una iniciativa que impulsa la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) desde 2009. A tan solo ocho meses de su constitución, DESA suscribió contratos de operación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, según el documento.
Como primer vicio de nulidad, el estudio señala que la Serna otorgó la concesión y la licencia ambiental a favor de Agua Zarca sin que cumpliera con la consulta previa, libre e informada en los términos que dispone el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
Asimismo, -insiste el informe- la Serna concedió ilegítimamente un incremento al volumen de aprovechamiento de aguas nacionales del río Gualcarque, así como una ampliación de 20 años sobre el Contrato de Operación del proyecto hidroeléctrico sin la aprobación del Congreso Nacional.
A la fecha los juzgados de lo penal han dictado prisión preventiva a ocho personas por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres. De éstas, cuatro sostienen nexos militares y uno es empleado de DESA, lo que vuelve necesaria la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores, demanda el documento.
