Tegucigalpa – La conquista que las mujeres organizadas obtuvieron, años atrás, referente al 5 % de las transferencias municipales para proyectos que favorezcan a las mujeres, se encuentra en riesgo luego que el gobierno, a través de las disposiciones presupuestarias, diera estatus de Ley al Pacto Municipal por una Vida Mejor, ordenando una distribución de recursos diferente a la distribución planteada en la Ley de Municipalidades, denunció el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Una modalidad de ejecución del Programa Vida Mejor, del gobierno de Juan Orlando Hernández, es que las 298 municipalidades del país se sumen a su ejecutoria y coordinación mediante el llamado Pacto Municipal Vida Mejor. Sin embargo, esa iniciativa tienen dos particularidades: la primera, que son las disposiciones del Presupuesto General de la República las que contienen su reglamentación, algo que pone en cuestionamiento su sustento legal. En segundo lugar, esas disposiciones generales vulneran la institucionalidad y los ordenamientos de la Ley de Municipalidades, ya que van más allá de esta ley, o contradicen lo dispuesto en ella, sobre todo en lo relativo a las transferencias municipales y el uso de sus fondos.
De acuerdo con el estudio realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), “el derecho del 5 % de las transferencias municipales a favor de las mujeres, una conquista en riesgo”, esta transferencia, en la práctica, no se está cumpliendo por la falta de voluntad política de los gobiernos municipales. Esto se ve agravado porque las disposiciones presupuestarias sobre las que se rige el Pacto Municipal Vida Mejor ordenan dónde y cómo se deben distribuir los fondos, pero en ninguna parte establece, siquiera, el porcentaje destinado a proyectos para las mujeres.
El estudio recalca que, de acuerdo a una rápida valoración cualitativa con alcaldes y con representantes de las Oficinas Municipales de la Mujer, se reconoce que en ningún momento el porcentaje asignado se ha entregado a cabalidad. Algunos de los consultados, incluso, afirmaron que en algunos casos la transferencia no pasa del 1 %.
Derivado del estudio y buscando asegurar que la transferencia del 5 % de haga efectiva, se proponen a las organizaciones de mujeres y feminismos un conjunto de acciones a considerar: Destacar la ilegalidad manifiesta de la incorporación del Pacto Municipal por una Vida Mejor dentro de las Disposiciones Presupuestarias de 2015 y 2016, y el consiguiente desplazamiento de la Ley de Municipalidades, como la herramienta que norma la distribución de las transferencias municipales, incluida la del 5 % favorable a las mujeres.
Asimismo, incluir el tema de la transferencia municipal del 5 % para programas y proyectos a favor de las mujeres en la formulación de la Ley de Finanzas Municipales, a discutirse próximamente en el Congreso Nacional; realizar acciones de coordinación y acuerdos con el INAM y la Comisión de Género del Congreso Nacional, para de manera conjunta informar a la Amhon y los gobiernos municipales sobre las vulnerabilidades que ha sufrido la aplicación del 5 % y llevarlos a respetar la disposición del 5 % para fondos municipales para la mujer, aun en el estado actual.
También, proponer al INAM y a la Secretaría de Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización ampliar o crear programas de capacitación y asesoría que fortalezcan las oficinas municipales de la Mujer, principalmente en torno a los resultados del presente estudio.
Entre tanto las acciones frente a los gobiernos municipales contempla: realizar encuentros y otras acciones de incidencia a fin de mostrar a estos actores como se ha afectado la disposición del 5 % de fondos de transferencia para la mujer y tomar acciones inmediatas para exigir el cumplimiento de las mismas.
Concertar con alcaldes, OMMs y organizaciones de mujeres la realización de auditorías sociales para develar la situación actual de estos fondos y el cumplimiento de sus asignaciones; incidir para que los alcaldes y alcaldesas convoquen a cabildos abiertos para discutir la presente problemática y tomar acciones para corregirlas a través de los Planes de Inversión Municipal y los presupuestos municipales en curso.
