Por: Ana María Méndez Dardón y Julia Aikman Cifuentes
En marzo de 2022, Erika Aifán, una de las juezas de Mayor Riesgo más relevantes de Guatemala fue obligada a salir del país a causa de las amenazas de redes político-criminales locales, como consecuencia al rol fundamental que desempeñó en los esfuerzos de anticorrupción en el país. Con Aifán, ya son quince las personas que se desempeñan como jueces o fiscales de alto perfil que han salido de Guatemala en menos de un año. Al 22 de marzo de 2022, ya son 24 operadores de justicia de Guatemala que han sido obligados a exiliarse para proteger sus vidas, así como su integridad física y jurídica. Además, 10 fiscales han enfrentado procesos judiciales espurios y órdenes de aprehensión.
Esta reciente ola de ataques contra operadores de justicia independientes se da bajo la fiscal general María Consuelo Porras como parte de un esfuerzo intensificado para facilitar la captura de la institucionalidad y mantener la larga tradición de cooptación del Estado en Guatemala, que encuentra una de sus raíces en el conflicto armado interno (1960-1996).
Aquellos al frente de las redes ilícitas de Guatemala han conseguido asegurar impunidad de sus crímenes, auxiliados por un aparato estatal entero que durante décadas ha trabajado en su beneficio, a través de la infiltración de los organismos judiciales y, recientemente, con la nefasta persecución criminal de operadores de justicia comprometidos con la anticorrupción y la protección de los derechos humanos. Así, la elección de fiscal general en Guatemala aumenta relevancia, dado el nivel de deterioro democrático iniciado a fines del 2018 y desde la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que continuó de manera desenfrenada bajo Consuelo Porras. Contar con un Ministerio Público (MP) comprometido en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho es un componente esencial para el retorno de Guatemala a la democracia.
Criminalización y negligencia: el modus operandi de Porras
La persecución a operadores de justicia independientes ha sido un factor que impacta gravemente la crisis de independencia judicial en Guatemala. El sistema de justicia necesita una restauración completa porque ha fracasado en asegurar que sus funcionarios puedan tomar decisiones imparciales de acuerdo con la ley y los hechos, y ha rechazado el derecho de los operadores de justicia a no ser presionados ni responder a intereses políticos.
Desde que Consuelo Porras asumió su cargo en 2018, lejos de fortalecer las investigaciones y el enjuiciamiento penal contra las redes de corrupción y las estructuras del crimen organizado, el MP está siendo utilizado para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos comprometidos con la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. La arremetida de ataques legales frívolos contra la jueza Erika Aifán, el juez Pablo Xitumul de Paz, y varios fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y ex funcionarios de la CICIG son parte de una estrategia más amplia para evitar el avance de los casos de corrupción de alto nivel y para re-cooptar al MP.
La destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, en julio de 2021, llevó al desmantelamiento de la FECI creada inicialmente para trabajar junto al CICIG, y que jugaba un rol fundamental en la lucha contra la corrupción. Esta oficina fue responsable de llevar a la justicia casos de corrupción de gran escala, como el del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Durante el mandato de la CICIG y posteriormente la FECI reveló esquemas de corrupción arraigados en el sistema de justicia y el sistema político-electoral como casos de financiamiento ilícito y sobre la influencia de redes ilícitas en procesos claves de selección de funcionarios del sistema de justicia. Uno de los más conocidos fue el caso denominado Comisiones Paralelas de 2020, investigado por la FECI, en el cual se develó dinámicas de cooptación por medio de un operador político quien creó un esquema con más de 40 participantes para influenciar el proceso de selección de los altos tribunales. Este caso estuvo a cargo de la jueza Erika Aifán quien también supervisó otros casos de alto impacto que afectaron los intereses de las élites políticas, militares y económicas en Guatemala, incluyendo los casos de Odebrecht y Bitkov-Migración. Otro ataque que ilustra la estrategia de acoso contra operadores, fue el traslado ordenado por Porras de Hilda Pineda, la fiscal titular de la fiscalía de derechos humanos y fiscal que llevó a juicio el exdictador Efraín Ríos Montt y otros militares por crímenes contra la humanidad. Con la salida de Juan Francisco Sandoval, la fiscal general Consuelo Porras buscó debilitar las investigaciones sobre casos de corrupción que involucran a los niveles más altos de poder del gobierno, incluyendo los del círculo íntimo del presidente Alejandro Giammattei. El desmantelamiento del sistema de justicia ha llegado al punto en cual lo que alguna vez fue un bastión extraordinario en la lucha contra la corrupción, ahora es solamente otra de las herramientas de criminalización de Porras.
Con acusaciones sin fundamento, la mayoría de los casos contra operadores de justicia han sido iniciados por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), la cara pública e impulsor de la estrategia para socavar el sector de la justicia independiente. La FCT es liderada por Ricardo Méndez Ruíz y los abogados Moisés Galindo y Raúl Amilcar Falla Ovalle, quienes fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos como “personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de dicha corrupción”; ya que han sido arquitectos y operadores claves en la ejecución de la estrategia.
Esta persecución y criminalización a operadores de justicia es evidencia del impacto que una fiscal general apegada a las redes ilícitas puede tener en el Estado de Derecho y los procesos democráticos del país. Otros hechos lo ejemplifican: en 2019, a la exfiscal general y líder anticorrupción Thelma Aldana le fue prohibido postularse para la presidencia, forzada a exiliarse y objeto de investigaciones espurias. Igualmente perjudicial fue la decisión de Porras de retrasar la investigación de las denuncias de financiamiento electoral ilícito de la campaña de Sandra Torres, permitiéndole continuar como candidata en las elecciones de 2019. Torres finalmente perdió ante el político Jimmy Morales, quien llegó al poder con el Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), un partido creado y financiado por oficiales militares de línea dura vinculados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), quienes además lanzaron un ataque sistemático contra la CICIG y otros esfuerzos de anticorrupción en Guatemala, acciones que ha continuado bajo Giammattei.
La alianza Porras-Giammattei y sus vínculos con las élites económicas, el financiamiento ilícito y la corrupción
Para entender el impacto negativo que el liderazgo de Porras ha tenido sobre el Estado de Derecho de Guatemala, es importante analizar no sólo los casos cuyas investigaciones ha obstruido a lo interno del MP, sino aquellos casos que aún no han sido investigados pese a evidencia o denuncias hechas. En septiembre de 2021, con base a La Ley de Compromiso Mejorado para el Triángulo Norte, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Porras como una funcionaria que socava la democracia y obstruye las investigaciones por actos de corrupción. A pesar de eso, Porras ha seguido contando con el apoyo del presidente Alejandro Giammattei, del sector privado y de las élites económicas, que han jugado un papel clave en que se mantenga el status quo de corrupción e impunidad.
En febrero de 2022, el medio de periodismo de investigación El Faro vinculó a Giammattei en un esquema de financiamiento electoral ilícito en 2019, demostrando cómo la corrupción ha permeado los niveles más altos del gobierno de Guatemala, y sus claros vínculos con el sector privado. Un testigo declaró que Giammattei negoció una contribución de US$2,6 millones a su campaña por permitir que un exministro permaneciera en su cargo para seguir operando una red de corrupción que involucra 12 proyectos de construcción de carreteras. Este caso destaca los vínculos entre la corrupción, el sector privado y las élites económicas, y también pone en contexto la escalada de criminalización de los fiscales y jueces anticorrupción. Según la investigación publicada por El Faro, siete proyectos de infraestructura valorados en más de US$83 millones fueron adjudicados a empresas constructoras. Una de las empresas es propiedad del magnate Alejandro Matheu Escamilla, quien financió la campaña presidencial de Jimmy Morales en 2016 y quien recibió nueve contratos por un valor aproximado de US$104 millones en 2018 y 2019, cuando el mismo ministro estaba en el cargo.
Además, investigaciones sobre el descubrimiento de US$16 millones en efectivo encontrado en maletas, también presuntamente vinculados a Giammattei, es lo que finalmente llevó a los investigadores al revelador testimonio. Pese a ello, Porras ha utilizado al MP para evitar investigaciones criminales sobre la participación de Giammattei en estos dos casos importantes, pues el MP debería haber iniciado una investigación penal de oficio o diligencias de antejuicio necesarias. Asimismo, ha bloqueado investigaciones, persiguiendo fiscales y jueces que trabajan en los casos que afectan a sus allegados. Las investigaciones de estos dos casos, reconocidos públicamente como el catalizador de la destitución de Sandoval, demuestran el nivel de influencia que tiene Porras sobre los esfuerzos anticorrupción del país y hasta qué punto su mandato ha favorecido a Giammattei junto con otras élites políticas, militares y económicas. Finalmente, esta relación marca el interés de Giammattei de cara a la elección del próximo fiscal general, haciendo imperante que su decisión esté sujeta bajo completo y estricto escrutinio público.
Integridad del proceso para la elección del próximo fiscal general
Conforme a la Constitución Política de Guatemala, la Comisión de Postulación (CP), se compone por representantes del sector académico, judicial y profesional, sus integrantes son responsables de liderar varios procesos clave de elección judicial, incluyendo el de Fiscal General. Esta Comisión establece los perfiles de los candidatos, un cronograma para el proceso de nominación y una mesa para evaluar los méritos de los posibles nominados. La ley exige que esta mesa de evaluación considere ciertos parámetros esenciales, incluyendo los méritos académicos, éticos y profesionales, así como la “proyección humana”. También requiere que las comisiones operen de manera transparente para hacer su agenda y reuniones accesibles al público. Después de analizar los perfiles, la Comisión envía una lista de seis candidatos al presidente Giammettei. Está previsto que el proceso culmine a finales de abril de 2022
A pesar del marco legal, elecciones anteriores para fiscal general han estado marcadas por irregularidades e influenciadas por redes ilícitas. La actual Comisión de Postulación es dirigida por Silvia Patricia Valdés, involucrada en el caso de Comisiones Paralelas 2020. Valdés también ocupa la presidencia de la Corte Suprema de Justicia más allá de plazo legal, ya que los magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones debían ser elegidos en septiembre de 2019, pero el proceso se ha retrasado más de dos años debido a irregularidades e influencias corruptas. Asimismo, Raúl Falla Ovalle de la Fundación Contra el Terrorismo, presentó ante la Corte de Constitucionalidad un amparo espurio para bloquear a candidatos como la jueza Ericka Airán, argumentando que servir como juez no califica como “ejercicio de la abogacía”, un requisito para desempeñarse como fiscal general. La Corte accedió a esta petición y muchos expertos han considerado que la decisión es inconstitucional, ya que excluye injustificadamente a jueces con experiencia relevante.
Lejos de ser un proceso técnico, la selección de Fiscal General de Guatemala es en últimas una decisión política, pues será Giammattei quien finalmente decidirá entre la lista de seis finalistas que preparará la Comisión de Postulación. Además de sus evidentes intereses personales, las intenciones del presidente de desviar la elección a su favor se hizo aún más manifiesta luego de que le pidiera a un grupo de donantes internacionales, incluyendo a Estados Unidos que evitaran la “intromisión” en la elección del cargo. Esto no solo obstaculiza la capacidad de la comunidad internacional para monitorear el cumplimiento de varios estándares internacionales, sino que también demuestra los intentos del gobierno guatemalteco para tergiversar la supervisión extranjera como un ataque a la soberanía.
Perfiles de candidatos
Hay 15 candidatos cuyos perfiles han sido examinados por la Comisión de Postulación, muchos de los candidatos han suscitado críticas de varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales, ya que la mayoría no cumplen con los requisitos, carecen de independencia y están implicados en redes ilícitas. Así es el caso de Henry Elias Wilson, investigado por la FECI por sus vínculos con Gustavo Alejos Cámbara, designado públicamente por el Departamento de Estado de EE.UU. por su participación en actos significativos de corrupción.
Varios otros candidatos fueron investigados por CICIG y FECI, como José Urrutia Estrada señalado de ser el testaferro de una empresa offshore que canalizó más de US$1 millón de sobornos en obras públicas. Por otro lado, Luis Donado ha sido vinculado al presidente Giammettei, como Procurador General de la Nación retrasó la evaluación de contratos estatales que podrían tener irregularidades, incluyendo los de compra de vacunas Sputnik. En 2014, la CICIG vinculó a Donado con la familia Mendoza Matta, presuntamente involucrada en el narcotráfico. Otro ejemplo es Gloria Suchite, quien anuló el proceso penal en un caso conocido como Fénix, dirigido por la FECI y relacionado con un millonario caso de malversación de fondos en el seguro social, así como por lavado de dinero en 2003.
Es alarmante esta larga lista de candidatos conocidos por sus vínculos con la corrupción de alto nivel, y no por sus méritos, honorabilidad e idoneidad. La Comisión debe garantizar la elección de candidatos calificados, capaces y honorables, comprometidos con la justicia imparcial e independiente, y no con intereses particulares. Para ello, deben apegarse a la Constitución guatemalteca y desestimar a los candidatos que hayan sido denunciados por conflictos de intereses o por su participación en actos de corrupción.
Estos candidatos, incluyendo a Porras, están buscando acaparar la lista final de seis candidatos y debido a la criminalización y persecución a operadores, muchos candidatos con reconocida honorabilidad no participaron. Si bien existen algunos perfiles calificados, la mayoría de los que están siendo analizados por la Comisión de Postulación son parte de un estructura para que, de no reelegir a Porras, se logre garantizar un aliado del ejecutivo y de las élites. Lamentablemente, los perfiles de los candidatos demuestran que esta elección se disfraza como de un proceso de selección sólido, a pesar de estar comprometido políticamente.
Implicaciones de la selección de Fiscal General para la democracia de Guatemala
El Fiscal General tiene la máxima autoridad para garantizar un Estado de Derecho, combatir la corrupción endémica y proteger los derechos humanos en Guatemala. Este proceso de selección es fundamental y brinda una oportunidad para reconstruir el sistema de justicia y, a su vez, fortalecer las instituciones para que aborden la impunidad estructural que tanto afecta al país
Adicionalmente, las elecciones generales de Guatemala del 2023, en las cuales se elegirá el próximo presidente, Congreso y municipalidades, ocurrirán en un contexto de pugnas políticas de las élites arraigadas que trabajan para preservar sus privilegios. Por lo tanto, la próxima persona que dirija el MP, no solo será clave en la potencial reconstrucción del sistema judicial del país, sino que también desempeñará un papel central en la protección de la legitimidad del proceso electoral de 2023. Es importante reconocer que el sistema político guatemalteco es muy frágil e influenciado por redes ilícitas. La política partidaria es disputada por las élites y el financiamiento ilícito ha sido la norma. Un informe de la CICIG de 2015 encontró que la mayoría de los partidos políticos del país dependen de fondos de las élites, incluyendo poderosos empresarios o grupos criminales, lo cual los ha dejado muy vulnerables al tráfico de influencias.
Aún hay esperanza para Guatemala
Guatemala se está caracterizando, junto con otros gobiernos con tendencia autoritaria (o, en algunos casos, completamente autoritarios) en Centroamérica, por mantener, al menos en la superficie, una fachada democrática y de respeto al Estado de Derecho pero que en sustancia no lo es, convirtiéndose en lo que se conoce como un régimen híbrido. Mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es mucho más explícito y descarado en la degradación completa de la separación de poderes y la democracia, los ataques a los acuerdos de paz, el cierre del espacio cívico y el debilitamiento del Estado de derecho orquestado por su partido político, en Guatemala, las prácticas autoritarias son más encubiertas e implican una compleja red de actores. Dado el proceso a largo plazo que llevaría desmantelar las redes ilícitas de Guatemala y garantizar el retorno a la democracia y el Estado de derecho, es necesario que varios actores monitoren y sigan de cerca la selección de fiscal general, como un paso fundamental para ello.
El compromiso de la comunidad internacional, incluyendo del gobierno de Estados Unidos, representa una oportunidad para mejorar las condiciones democráticas en Guatemala y, a su vez, abordar los factores que impulsan la migración. Siempre y cuando, dicha cooperación tenga un enfoque integral e impulse iniciativas más estratégicas y coordinadas.
El gobierno de EE. UU., por ejemplo, tiene varias herramientas a su disposición, incluyendo sanciones, fuerzas de tarea, la redirección y condicionamiento sobre la asistencia, el fortalecimiento y apoyo a los actores de la sociedad civil y actores locales. Sin embargo, se requiere un plan más integrado y cohesivo para que todas estas herramientas funcionen en conjunto y se complementen. Condenar simbólicamente y restringir el ingreso a Estados Unidos con la cancelación de visa no han tenido el efecto deseado. Sin embargo, sanciones financieras contra actores corruptos de las élites políticas, militares y económicas sí podrían tener un impacto. Sumado a crear condiciones de asistencia más sólidas para garantizar que los fondos internacionales no lleguen a las manos de estos actores corruptos. Para ello, la estrategia comenzaría en apoyar los esfuerzos locales para desmantelar a las poderosas redes ilícitas desde todos los ángulos.
La sociedad civil en Guatemala ha estado advirtiendo por mucho tiempo que la comunidad internacional debería tomar una postura firme contra estas tendencias antes de que no queden funcionarios dentro del poder judicial con los que contar. Esta última serie de ataques contra el sector de justicia está destinado a ser el último esfuerzo de la alianza entre Giammattei, Porras y el sector privado para privar al poder judicial de cualquier funcionario de justicia independiente. EE. UU., junto con otros actores internacionales, todavía tienen un papel importante en Guatemala y deberían usar esto a su favor para priorizar un retorno al Estado de derecho y la democracia por encima de otros compromisos políticos. La elección del Fiscal General no solo es un momento oportuno para comprometerse con una estrategia más integral, sino que muy bien podría ser la última en los años venideros.
