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Elección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia debe construir confianza social y legitimidad

Dr. H. Roberto Herrera Cáceres

La elección acertada de integrantes idóneos de la Corte Suprema de Justicia es fundamental requerimiento de la democracia constitucional y de la confianza de la sociedad, porque la independencia e imparcialidad del Poder Judicial depende de los ciudadanos (as) que son los servidores públicos responsables de su funcionamiento.

La independencia del Poder Judicial sustenta la imparcialidad en la impartición de la justicia que proviene del pueblo y debe aplicarse en nombre del Estado para el logro de su fin supremo de proteger, promover y defender la dignidad humana de todos (as) y cada uno (a) de las personas que habitamos Honduras, con atención especial a quienes viven en situación de pobreza o condición de vulnerabilidad.

El preámbulo de la resolución de las Naciones Unidas sobre los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, lo señala a todos los pueblos del mundo, al recordar permanentemente que: los magistrados y “los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos”

En esa virtud, el objetivo de asegurar el respeto y tutela permanente de la dignidad de cada uno de nosotros, los hombres y mujeres que habitamos Honduras, nos motiva a transformar nuestra Patria  para lograrlo y a contar con un Poder Judicial efectivamente independiente e imparcial, para garantizar esa transformación nacional.

El primer paso es cimentar y vigorizar, en democracia, esa independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Lo que se logrará con abogados (as) comprometidos con el seguimiento de la línea del civismo y patriotismo constitucional, para avanzar hacia ese objetivo superior de la protección, promoción y defensa de la dignidad humana de cada persona, en particular de las más desfavorecidas, aplicando legal y legítimamente la Constitución, los tratados o normas internacionales y las leyes compatibles.

En esa perspectiva, llamamos cívicamente a nominarse, como candidatos a magistrados (as), a abogados (as) que acrediten, con sus actuaciones y comportamientos, su afán de impartición de justicia independiente e imparcial en el funcionamiento del Poder Judicial, contando con la confianza social, afianzando la seguridad jurídica nacional, y actuando con lealtad a esos principios en la práctica judicial, en el marco del modelo de democracia asumida, en nuestra Carta Fundamental.

Necesitamos candidatos (as) a magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia que sean ciudadanos obedientes a la Constitución República que respeten el pluralismo político y la diversidad social, y que gocen de la confianza social para asegurar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

Candidatos (as) que entienden que el Derecho, como conjunto de normas obligatorias para todos, es producto de la cultura que deriva de hechos de la realidad humana. Normas que deben ser también elaboradas por buenos legisladores (as) con el propósito de fomentar el mejor comportamiento humano que favorezca la evolución hacia el bienestar de toda la sociedad hondureña.

Candidatos (as) que comprendan asimismo que ese bienestar se logra por medio del desarrollo sostenible integral, como instrumento de iguales raíces y fines de la sociedad y el Estado. Desarrollo que es necesario regular conforme a las normas constitucionales y obligatorio cumplir y aplicar, dando seguridad y certeza de ello.

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