La reciente declaratoria oficial de resultados en el proceso de elecciones primarias en Honduras, representa mucho más que una etapa técnica del proceso electoral. Es, en realidad, un acto de afirmación ciudadana y una victoria institucional frente a las presiones del poder político partididario, particularmente, cuando el partido oficialista no resultó favorecido por los votos.
En medio de un clima de sospechas de fraude, manejo partidario de recursos estatales y amenazas de intervención en el conteo, haber alcanzado esta declaratoria envía un mensaje claro que solo el pueblo pone los límites al poder publico, y su voluntad fue reconocida. La autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE), se sostuvo a pesar de los intentos de influencias externas, lo que reafirma que en Honduras aún existen márgenes para defender la democracia.
Sin embargo, no podemos ignorar las señales posteriores. El Ministerio Público ha citado a miembros del CNE como testigos en investigaciones por presuntas irregularidades, y se ha planteado desde algunos sectores del Congreso Nacional, la posibilidad de llamar a rendir cuentas de forma individual a los Consejeros. Estas acciones, más allá del marco investigativo o político, plantean una amenaza directa al principio constitucional establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República: El CNE es un órgano “autónomo e independiente, sin relaciones de subordinación con los Poderes del Estado”.
Este mandato constitucional no es decorativo. Tiene una función precisa: proteger el ejercicio de la soberanía popular frente a cualquier intento de manipulación o intervención estatal. Durante el proceso electoral, la soberanía reside directamente en el pueblo, y el CNE actúa como su garante técnico, administrativo y operativo. Es precisamente por eso que el texto constitucional cierra la puerta a cualquier relación de subordinación, porque el poder que se manifiesta en las urnas no puede estar sujeto a ningún otro poder del Estado.
El riesgo que enfrentamos no es solo político, sino estructural. Si se normaliza la idea de que el Congreso puede llamar a los Consejeros como subordinados, o que la Fiscalía puede interferir mientras aún está en curso la administración del proceso electoral, se rompe el principio de separación de funciones y se debilita la garantía de elecciones libres.
La voluntad del pueblo se impuso esta vez, pero el poder no ha renunciado a sus tentaciones de control. La ciudadanía y las instituciones deben mantenerse vigilantes. Defender la autonomía del CNE no es un acto a favor de una institución, sino a favor del derecho soberano de elegir, sin presiones, sin subordinaciones y sin miedo.
Porque la democracia se sostiene en hechos, no en discursos. Y este hecho la declaratoria oficial, pese a todo es una señal de que la soberanía popular aún sabe hacerse escuchar.
