En la administración de Juan Orlando Hernández se acuñó y se hizo viral la frase: ¿Dónde está el dinero?, que en esencia era una forma de demanda ciudadana para exigir la transparencia y la rendición de cuentas con relación al destino que se le dieron a multimillonarios fondos públicos administrados en este periodo gubernamental marcado por el despilfarro y el latrocinio del erario nacional.
Tres años y cinco meses después de concluido el cuestionado gobierno nacionalista de JOH, la pregunta vuelve a cobrar vigencia, esta vez con motivo del destino que el gobierno de Xiomara Castro le ha dado a la Tasa de Seguridad Poblacional, cuyos ingresos pasaron a la caja única del Estado, tras derogarse el Fondo del Fideicomiso que lo administraba.
Durante la gestión de JOH el Tasón fue utilizado de forma opaca, discrecional y a manos llenas para diferentes menesteres superfluos e incluso pasó a convertirse en la “caja chica” del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), desde donde se repartía para la compra de prados blindadas asignadas a funcionarios y magistrados, el avión presidencial y otros fines totalmente distintos a los consignados en la Ley.
Este mecanismo, que se financia con las aportaciones del pueblo hondureño y la empresa privada, fue creado esencialmente para fortalecer a todas las instituciones del Estado dedicadas al combate de la criminalidad, y de esa manera supuestamente fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad pública.
En su momento el Tasón fue vendido a la opinión pública como la panacea para resolver la angustiante situación de criminalidad que imperaba en el país, pero al cabo de 14 años de estar en vigencia dejó de ser una tasa impositiva transitoria y se convirtió en un impuesto permanente que sangra el esfuerzo del pueblo hondureño-
Pero, además, sus resultados en materia de seguridad pública son irrelevantes y altamente cuestionables, ya que Honduras sigue ostentando una de las tasas de homicidios y feminicidios más altas del continente y el mundo, sumado a eso los asesinatos, las masacres y la delincuencia común y organizada siguen golpeando a la mayoría de la población.
En su campaña política para llegar a la presidencia, la ahora presidenta prometió que se derogaría la Tasa de Seguridad para concederle un alivio al pueblo hondureño, pero 41 meses después de ocupar la silla presidencial, no solo no se derogó, sino que sus ingresos y destino siguen estando rodeados de total opacidad y sin una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía.
A la fecha, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha presentado ningún informe público sobre el destino que le ha dado a estos fondos desde que asumió el poder en enero de 2022, lo que despierta la incertidumbre y la duda de los hondureños sobre el fin que se le está dando a ese dinero, especialmente en este año político.
En estos 41 meses de gestión, el gobierno ha recaudado al menos 13,847 millones de lempiras por concepto de la Tasa de Seguridad, pero lastimosamente la falta de informes oficiales y las contradicciones institucionales han convertido este ingreso millonario en un laberinto sin salida ni rendición de cuentas.
Según información publicada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) en la Cuenta Financiera de la Administración Central, la recaudación por Tasa de Seguridad se desglosó de la siguiente forma: L 3,800 millones en 2022, L 4,356 millones en 2023, L 4,763 millones en 2024, y al menos 928 millones en lo que va de 2025.
Es sumamente preocupante que ante la falta de una adecuada redición de cuentas, esta altísima cantidad de dinero de la tasa de seguridad esté siendo utilizada para fines políticos o electoreros, dado el comportamiento cuestionable que el gobierno ha tenido en el manejo de los recursos públicos.
Frente a la falta de transparencia, los ciudadanos exigimos al gobierno cuentas claras sobre el uso de estos fondos, de lo contrario la ciudadanía debe exigir la derogación de ese impuesto en vista que es una carga insoportable que a la fecha no ha rendido los resultados deseados en el combate del delito.
Basta de hermetismo, derroche y abuso en la utilización del dinero público, exigimos respuestas y rendición de cuentas.
La Tasa de Seguridad, que nació como promesa de protección, se ha convertido en símbolo de opacidad, abuso y traición a la confianza ciudadana.
Si bajo el régimen de JOH fue una caja chica del poder, bajo el actual gobierno es un agujero negro presupuestario donde entra el dinero, pero no hay certeza de a dónde va. No hay informes, no hay resultados, no hay voluntad política. Solo hay silencio.
La presidenta Xiomara Castro prometió acabar con este mecanismo. No solo no lo hizo, sino que lo mantiene vivo, voraz y en la sombra. ¿Cuánto más debemos soportar los hondureños que se nos extraiga el sudor a punta de impuestos para alimentar estructuras que no rinden cuentas y que, en muchos casos, perpetúan la inseguridad que dicen combatir?
Hoy, el Tasón ya no es solo un impuesto injusto; es un espejo del fracaso institucional. Un mecanismo que, al no transparentarse, se convierte en sospechoso por naturaleza. Si este gobierno llegó con la bandera de la refundación, ¿cómo puede refundarse una nación sin verdad, sin cuentas claras, sin ética pública?
El pueblo hondureño ya no pregunta ingenuamente ¿dónde está el dinero? La nueva pregunta, más dura, más lúcida, más harta, es: ¿hasta cuándo vamos a tolerar este saqueo impune disfrazado de política de seguridad?
