Ricardo Puerta
En nosotros la esperanza se amplía cuando empieza un nuevo año. Así sucede al saber que Arturo Corrales vuelve a ser el Canciller de la República a partir del 15 de enero pasado. Ocupó el mismo cargo en tiempos de Porfirio Lobo Sosa, sin haber logrado reformar y transparentar el servicio exterior hondureño, “tarea aún pendiente” para el canciller retornado.
La reentrada de Corrales en la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional constituye una decisión acertada del presidente de la república, Juan Orlando Hernández, en particular para quienes estamos interesados en el tema migratorio de los hondureños al exterior.
Esa Secretaría es el ente público encargado de aplicar y poner en práctica la política migratoria que impulse el presidente de Honduras. La misma forma parte de la política general del Gobierno, cuya estrategia en este caso se sustenta en seguir obteniendo resultados en seguridad y educación, y en base a ellos, poder atraer al país más inversiones, empleo, oportunidades y prosperidad para todos.
El sujeto –principal actor y beneficiado– de la política migratoria vigente debería ser el hondureño u hondureña emigrado y la familia que deja en Honduras. También los retornados y deportados, que vuelven a Honduras voluntaria o forzadamente.
Beneficiados principales de la Política Nacional Migratoria vigente
Pero desgraciadamente, no existe en Honduras una política nacional migratoria que de manera proactiva y mayoritaria favorezca al actor y beneficiado principal de la migración. En la práctica sí hay una política en marcha, pero decidida más bien por omisión y de hecho favoreciendo más a otros intereses.
La política migratoria vigente beneficia más a los intermediarios financieros “de la industria migratoria”: bancos, casas remesadoras y agentes cambiarios. Por ley, el Banco Central de Honduras (BCH), como máxima autoridad monetaria y de crédito del país los gobierna, según normas y políticas dictadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Ejes operativos de la migración y sus alcances
En el tema migratorio internacional hondureño hay tres ejes operativos como referentes: desarrollo, seguridad y derechos humanos. En desarrollo se encuentran expresados costos, beneficios y el balance económico de la migración. El rompimiento de la unidad familiar como costo, y el beneficio personal y familiar por las remesas que reciben es lo más comentado sobre este eje. En balance, los afectados por la migración reconocen que no hay ningún monto de remesas que en la vida real compense el costo que conlleva el rompimiento de la unidad familiar debido a la ausencia del migrante.
En términos macro, casi la mitad de la población actual de Honduras depende directa o indirectamente de las remesas, como ingreso para sobrevivir a diario en el país. El monto de remesas ascendió en total unos 3,400 millones de dólares en el 2014—representando casi el 20% del PIB hondureño. Ese monto se ha convertido en el principal sostén de la débil e insuficiente economía nacional hondureña. Supera el total de divisas que generan en Honduras las exportaciones de la maquila y de los rubros tradicionales y no tradicionales. Además, las remesas sobrepasan también en monto anual de moneda dura que recibe el país de la cooperación externa.
Sobre seguridad probablemente el canciller Corrales –como ex – Secretario de Seguridad—sabe de primera mano los montos, frecuencias y sitios en Honduras donde llegan las “remesas” generadas en el exterior por la narcoactividad, el lavado de activos y otras transacciones ilícitas o de dudosa procedencia. Sobre esto poco llega a la opinión pública en respeto al secreto bancario y a la privacidad que merecen las cuentas y transacciones bancarias personales.
En cuanto a derechos humanos es donde tenemos quizás más retos. La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes hondureños suceden fuera de Honduras: cuando los migrantes están de tránsito por México para llegar a Estados Unidos, cuando son apresados en la frontera de México con Estados Unidos, dentro del territorio norteamericano, cuando se asientan en vecindarios de Estados Unidos como pobladores y cuando laboral en empresas como trabajadores con derechos laborales parcial o totalmente coartados por estar indocumentados.
En el eje de derechos humanos hay mucho por hacer empezando por los consulados hondureños activos en México y Estados Unidos. En esos consulados nuestros connacionales demandan servicios básicos que no se prestan. Y en los servicios que se prestan, con excepciones, son insatisfactorios. Los usuarios los reciben con maltrato. Con frecuencia pagando por ellos un sobreprecio que esta regulado por un monto inferior, y aún peor, pagando al personal consular por bienes y servicios que deben darse gratuitamente porque son públicos, ofrecidos por el Gobierno de Honduras.
Hay también mucho por hacer entre los organismos de la sociedad civil de Honduras, de México y de Estados Unidos, sobre todo entre los organismos privados sin fines de lucro que promueven la protección de los derechos humanos de los migrantes, la prevención de sus incumplimientos y que denuncian ante los medios y las autoridades correspondientes violaciones cometidas contra los migrantes.
La era digital en que vivimos, de globalización y de creciente movilidad de capital y trabajo incita a realizar proyectos pilotos y experimentos al respecto. Como han señalado realistamente otros analistas, la migración laboral es un signo de los tiempos, inevitable, que necesitan por igual y por distintas razones países desarrollados y los de menor desarrollo. El tema migratorio esta en la agenda de muchas reuniones regionales e internacionales, evidenciando con ello su importancia.
En balance, hay mucho por hacer en cada uno de los tres ejes operativos ya señalados. Sobre todo pensando que actualmente viven y trabajan fuera de Honduras cerca de 1.4 millones de compatriotas, equivalente al 14% de la actual población total nacida en el país, y conformando “el Departamento 19”, uno de los más poblados de la nación.
Corriente migratoria dominante en Honduras
La corriente migratoria hondureña, en particular la que sale por tierra y “sin papeles”, es la preponderante en Honduras desde 1998, tras el huracán Mitch.
Su principal motor es el coyote, personaje que prácticamente esta presente en las localidades del país, reclutando migrantes para llevarlos por tierra hasta Estados Unidos. Realmente, el coyotaje local es parte de una “empresa multinacional”. Tiene bases propias en cada país de la ruta migratoria. Rara vez un coyote acompaña a su “cliente” desde el lugar de origen hasta el sitio de destino en Estados Unidos. Cada coyote limita su acción al país donde opera. A veces “la empresa” ofrece servicios con tanta seguridad, que el migrante cliente tiene derecho a 3 intentos de pase de frontera, si fallan los anteriores.
A pesar de todo los abusos y estafas que hacen los coyotes, en general “como ofertantes de servicios de interés social” gozan de gran confianza, simpatía y hasta de protección entre sus clientes –antiguos, actuales y potenciales, si son perseguidos por las autoridades, hecho que no sucede con frecuencia en Honduras, bajo el supuesto que el tráfico de personas es una actividad ilegal. Tal percepción positiva se hace más evidente en los niveles locales: aldea, caserío y vecindario.
Las operaciones de los coyotes se han vuelto tan necesarias, masivas y rentables, que se han convertido en una provechosa oportunidad para explotar la vulnerabilidad de los migrantes dispuestos a correr riesgos en busca de una mejor vida en el exterior. Y el mercado es amplio. Se estima que anualmente más de 3 millones de entradas ilegales suceden en los Estados Unidos. Para ello hay varias alternativas. Entran por fronteras controladas por agentes de migración; usan puntos ciegos fronterizos o van de un país a otro por túneles subterráneos que conectan México y Estados Unidos,
El tráfico ilícito de migrantes es sumamente rentable. Se llega a pagar hasta diez mil dólares por migrante entregado en su lugar de destino, si el servicio es de puerta a puerta, y de “cinco de estrellas”. En promedio, el costo per-cápita se mueve alrededor de los US$4,500 dólares en estos días. Por ejemplo, el movimiento desde Honduras por tierra a mediados del año 2014 de unos 38 mil menores de edad hondureños, viajando solos o acompañados, hasta entregarlos en frontera a las autoridades migratorias norteamericanas, se estima que produjo en total unos 60 millones de dólares de ingreso a “la industria del coyotaje”. La mayoría de esos pagos salió de la misma diáspora hondureña de Estados Unidos y en menor cuantía de Honduras.
Con tan atractivos montos es entendible por qué el tráfico ilícito de migrantes esté infiltrado de corruptos servidores públicos, políticos, autoridades migratorias, policiales y militares; de narcotraficantes, miembros de maras y de carteles y sicarios –tipo Zetas– así como de otros grupos delictivos y violentos – que operan con más impunidad en México.
En las apartadas rutas de tránsito usadas en México para llegar a Estados Unidos, ciertos coyotes “venden –a veces más de una vez– a sus polluelos” a secuestradores, extorsionadores, delincuentes comunes, explotadores laborales, sexuales, traficantes de órganos, etc. Permitiendo incluso que los criminales asesinen a los migrantes cuando éstos se niegan a satisfacer demandas de dinero o se resisten a cometer actos delictivos, como transportar drogas, torturar a compueblanos para sacarles más dinero, etc… Así fue que sucedió en San Fernando Tamaulipas, México, la matanza ocurrida entre el 22 y 23 de agosto, 2010, cuando ejecutaron a 72 migrantes indocumentados, en su mayoría de origen hondureño.
El mayor reto migratorio para Corrales
Es conocido cómo los hondureños se van masivamente a Estados Unidos: por tierra, en forma desordenada, poco regulada, sin la debida documentación, muy insegura, violadora de derechos humanos, donde cada migrante y su familia paga un alto costo económico y sentimental por la experiencia. Dicha corriente predomina en Honduras desde 1998 y cada año se vuelve más extractiva para el migrante y su familia.
En respuesta a la corriente migratoria predominante se promueven soluciones de “tapa huecos”. Que no tocan las causas que dan origen al problema. Actúan solo sobre los efectos. Imponiendo a los afectados tiempos de espera y por resultados que les son tan ajenos como impropios. A veces con el objetivo de lograr metas mediáticas de políticos y autoridades gubernamentales.
Al presente en un sector de la sociedad civil hondureña hay un grupo que está tratando de superar eso. Identificando otros enfoques, estrategias, herramientas y prácticas innovadoras que produzcan sinergias. Aprovechándose de la amplia experiencia, buena y mal, que hay en Honduras sobre proyectos, y de ejemplos conocidos en otros países dentro y fuera de la región.
Ha llegado el momento de cambiar el paradigma migratorio dominante en Honduras y sustituirlo por otros con modalidades que compitan entre sí y que eventualmente se complementen. Todo esto queda de reto para Arturo Corrales, el nuevo Canciller de la República.
