Tegucigalpa – En Honduras las cárceles, tradicionales imperios donde los criminales han actuado a sus anchas durante décadas, parecieran sufrir una arremetida, tras las acciones que desde el gobierno han sacudido uno de sus principales feudos: la penitenciaria de San Pedro Sula.
En las últimas horas trascendió que en la cárcel sampedrana se encontró un túnel al mejor estilo del “Chapo” Guzmán.
Tras una operación que sirvió para desmantelar el reino de la poderosa pandilla, cuyos integrantes, más de 750, los trasladaron a la cárcel de máxima seguridad, conocida como El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, los hallazgos en ese vetusto recinto han sido impresionantes: caletas con millones de lempiras; drogas, armas poderosas, equipo tecnológico de alto nivel y como si fuera poco, en las últimas horas, extraoficialmente se ha dado a conocer de la existencia de un túnel que servía de vaso comunicante a los mafiosos.
Las fuentes indicaron que el túnel, inspirado en las practicas del capo mexicano, Joaquín “El Chapo Guzmán”, reedita en Honduras, otro pasaje de cómo operan y se intercambian técnicas los criminales a nivel global.
Con la puesta funcionamiento de la cárcel de El Pozo y la construcción de otros dos similares, con estándares internacionales, puede decirse que el sistema carcelario hondureño avanza. Igualmente la disposición de personal certificado por el nuevo Instituto Nacional (INP), representa otra apuesta significativa.
Sin embargo, el cuestionamiento público remarca la falta de castigo para los que desde sus posiciones de mando en las cárceles se coluden por acción u omisión con los confinados en ellas.
En la cárcel de San Pedro Sula, las autoridades achacan a las operaciones que se daban desde ese centro, el incremento de los índices de violencia en la zona norte del país.
Extorsiones, secuestros, asesinatos, asaltos y tantos otros delitos, han sido ordenados y hasta cometidos por jefes criminales allí recluidos.
Cerca de 18 mil presos en 27 cárceles, el dato oficial de mediados de marzo dacuenta que la población penitenciaria la componen 17 mil 960 reos albergados en 27 cárceles, a excepción de la que se ubica en Morocelí, El Paraíso.
El reciente traslado de 755 reos, pertenecientes a maras y pandillas, desde el penal sampedrano hacia Ilama, Santa Bárbara, conocido como El Pozo, ha retratado la debilidad del sistema penitenciario al encontrarse comodidades en las celdas que más bien parecían habitaciones de hoteles de lujo. Aire acondicionado, fina cerámica, plasmas, juegos elegantes de cuarto y otras suntuosidades eran parte de lo encontrado.
Desde que el traslado sucedió, hace más de una semana, en los subsiguientes días se han hecho requisas en los espacios que ocuparon los peligrosos reclusos.
Los hallazgos no han dejado de sorprender a la opinión pública. Las paredes y otros sitios servían como buzones para esconder potente arsenal, drogas, municiones y hasta 3.3 millones de lempiras en efectivo.
Esta realidad en el penal sampedrano es tan solo un episodio de lo que esconden las cárceles en Honduras, pero que no cobra responsabilidades a quienes han administrado estos espacios considerados como “escuelas del crimen”.
Lo que ha existido es un desastre
El comisionado del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), Orle Aníbal Solís, en comunicación con Proceso Digital recordó que el sistema penitenciario ha estado abandonado por años.
Solís recién inicia su segundo periodo como miembro de los máximos órganos responsables de administrar el sistema carcelario hondureño.
“La nueva Ley del Sistema Penitenciario y sus reglamentos, se ha venido procesando para hacerle frente a los problemas y la corrupción que ha existido”, admitió.
Apuntó que la Policía Nacional es la que ha estado a cargo de la administración de los centros penales. “Los militares han estado apoyando estas labores de seguridad en las cárceles, sin embargo, vemos que siguen entrando todo este tipo de armas”, señaló.
Consultado sobre si las nuevas cárceles de Honduras correrán la misma suerte de las existentes y que serán usadas como buzones de armas, drogas y otros objetos prohibidos, el representante del MNP-Conaprev, refirió que “estas son distintas porque tienen aduanas, tanto para visitas, relatores, diplomáticos, defensores públicos y privados. Se mira que el sistema penitenciario está cambiando al grado que podemos ver la realidad de las cárceles existentes”.
Solís calificó como “un desastre lo que ha existido en el sistema penitenciario”.
Sobre una eventual fecha en la que el penal de San Pedro Sula estará totalmente deshabitado, apuntó que de momento no se puede dar un dato exacto.
“La mega penitenciaría noroccidental, ubicada en Naco, Santa Bárbara, no está terminada y está en proceso, es para ahí donde podrían ir la mayoría de los privados de libertad que quedaron en San Pedro Sula”, apostilló.
Concluyó que el sistema penitenciario nacional está cambiando y lo hace para mejorar. “Sin duda la Escuela Nacional Penitenciaria formará hombres y mujeres que administrarán el sistema carcelario del país”.
Ingobernabilidad no parará sin castigos
Para el representante de Caritas de Honduras, Carlos Patiño, la ingobernabilidad en los centros penales persistirá porque no existe castigo contra directores y funcionarios que han estado a cargo de los mismos en los últimos años.
Indicó que las autoridades han perdido el control de las cárceles y han permitido todo tipo de ilícitos se puedan cometer sin ningún castigo.
A su juicio “esto solo refleja que el Estado no ha tenido el control de las cárceles que se han convertido en centros de operación del crimen organizado”.
Dijo que “es increíble como en un centro penal puede haber lujos, dinero, armas, drogas, aparatos eléctricos que no son permitidos porque no hay un control de los organismos encargados para tal fin”.
Codeh pide cárcel para funcionarios
Otro de los que ha exigido castigo para los responsables de administrar las cárceles es el representante del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, quien dijo que el director y subdirector del Centro Penal de San Pedro Sula, deben ser investigados por permitir que los privados de libertad tuvieran un “paraíso” en el interior de ese recinto.
“Haber tomado con responsabilidad en el Centro Penal de San Pedro Sula fue fundamental, el Presidente tomó dos decisiones, una haber llevado a 755 privados de libertad que pertenecían a los dos movimientos (pandillas) para El Pozo, era una necesidad, y luego descubrir dinero, drogas, armas, bombas, aquí el responsable es el director y subdirector, deben estar presos juntos a los muchachos en El Pozo”, dijo el defensor de derechos humanos.
Mencionó que “se delinque por acción u omisión”.
“En menos de tres meses hicieron tres operativos donde encontraron armas, droga, cocaína, dinero… y tener escondido eso, también deben investigar si del centro penal salían a matar”, concluyó.
Décadas de abandono
El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Germán McNeil, libró de culpas al actual director del penal de San Pedro Sula por el hallazgo de potentes armas, municiones, drogas y millones de lempiras en ese recinto carcelario.
“En ningún momento se está tratando de culpar al señor director del centro penitenciario de San Pedro Sula”, afirmó el funcionario.
Actualmente el encargado del centro penal de San Pedro Sula es el coronel Geovany Iraheta, quien no suele ser tan mediático ni ofrece declaraciones a los medios de comunicación.
El subdirectir del INP justificó que el sistema penitenciario del país ha estado abandonado en las últimas décadas. “En la presente administración lo que se está haciendo es poniendo orden en el Instituto Nacional Penitenciario, en ese sentido podemos ver que es ahora que se están ejecutando este tipo de operaciones y prohibiendo el ingreso a artefactos prohibidos al interior de los centros penales”, remarcó.
Llamó a resaltar lo que han hecho las fuerzas del orden en las últimas semanas en el sentido de garantizar la estabilidad de las cárceles. “Estamos recuperando la gobernabilidad de los centros penales del país”.
McNeil se resistió a señalar culpables por la cantidad de armas, lujos y dinero en efectivo encontrado en el penal de San Pedro Sula. “Se deben realizar las investigaciones necesarias del caso, lo que sí tenemos que decir es que esto no ingresó de la noche a la mañana, no podemos satanizar la presente administración porque es ahora que se están realizando las acciones para recuperar el control de los recintos”, estimó.
