El IAIP es la institución garante de la LTAIP y entre sus funciones está realizar actividades de promoción y divulgación del derecho ciudadano de acceso a la información pública.
Este mes la Gerencia de Capacitación a cargo del abogado José Baltazar Campos, empoderó la LTAIP en personal de las Secretarías de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Social y Planificación. Asimismo, en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia.
También se capacitó a empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y líderes de la Unidad Campesina de Desarrollo Agrícola de Honduras, entre otras instituciones estatales y de sociedad civil.
De 2006 a 2011, los siete capacitadores del IAIP han potenciado la ley en más de cuarenta mil personas.
En 2012, el Gobierno Central y las instituciones descentralizadas manejarán un total de 144 mil 338 millones de lempiras que son fondos públicos sujetos a la auditoria ciudadana.
La LTAIP establece “que Honduras es un Estado de Derecho en donde los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y que tienen la obligación de cumplir sus funciones con eficiencia, ética y responsabilidad social”.
Además, “que la transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un mejor desempeño del servidor público y del gobierno en general, y condiciones necesarias para una efectiva participación ciudadana en la construcción de una auténtica democracia”.
La norma también establece que “el derecho de acceso a la información pública es garantía de transparencia para que los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos, a cada paso del proceso y en cualquier momento y, además, constituye un medio eficaz contra la corrupción”.
Baltazar Campos dijo que “la capacitación concientiza a los servidores públicos sobre el deber de facilitar la rendición de cuentas de lo público y al mismo tiempo, utilizar la norma como una herramienta que construye la cultura de transparencia y fortalece el Estado de Derecho.
Violentar la LTAIP acarrea responsabilidades y los ciudadanos afectados en el derecho de acceso a la información pública, pueden acudir al IAIP para que éste les garantice el principio de máxima divulgación de lo público.
