H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
La Constitución de la República y pactos internacionales vigentes en Honduras, reconocen que el pueblo hondureño tiene el derecho de disponer libremente de las riquezas, recursos naturales y actividades económicas en nuestro territorio, para proveer al desarrollo sostenible de todas nuestras comunidades y, como mínimo, a que cuenten con sus propios medios de subsistencia.
El desarrollo sostenible debe ser inclusivo, estar centrado en el bienestar de las personas y con conciencia nacional de respeto a la dignidad humana, la igualdad, la ordenación del medio ambiente y la economía sana para que todas y todos puedan vivir libres del temor y de la miseria.
A pesar de los esfuerzos que se hacen, la realidad de vida nacional nos presenta una situación diferente. La mayoría de la población vive en la pobreza y en la exclusión social, sin suficientes medios de subsistencia y sin oportunidades iguales para vivir con dignidad y prosperar socialmente.
A lo anterior se agrega que hay muchos riesgos de agravar la situación de las y los compatriotas más necesitados, de los que viven en la pobreza y exclusión social, porque el agotamiento y destrucción creciente de la base renovable de los recursos naturales y los daños ambientales consiguientes se están constituyendo, cada vez más, en un serio problema para la vida digna en Honduras y un obstáculo también a las oportunidades de bienestar progresivo, para todas y todos.
Una de las principales amenazas contra la vida lo constituye la pérdida de bosques, por el ataque del gorgojo descortezador, los incendios forestales y la tala ilegal que traen consigo la disminución y deterioro de los caudales y calidad del agua, contaminación del aire y de la tierra y, todo ello, afecta las cuencas, microcuencas y la consiguiente captación del agua para uso doméstico de los pobladores y también usos industriales, así como a las represas que producen hidroenergía, perjudicando la calidad de vida de los asentamientos humanos, la diversidad biológica y la flora, causando muerte, enfermedades, pérdida de empleos y bienes y privación de alimentos.
La evolución de esas tres amenazas (gorgojo descortezador, incendios forestales y tala ilegal) evidencia que su curso no se realiza separadamente, sino que interactúan y se complementan, agravando conjuntamente el daño individual de cada una por el superior proveniente de todas ellas.
El Informe Especial “El gorgojo descortezador del pino y otras graves amenazas ambientales a la vida digna de los hondureños y hondureñas”, disponible en nuestra página web www.conadeh.hn, pone de relieve los impactos negativos de esas amenazas, a nuestros recursos naturales y ambiente, sobre los derechos humanos, y la necesidad de legislación más precisa; de políticas públicas y de medidas que lo prevengan más efectivamente, teniendo presente el daño ambiental y la violación de los derechos humanos de las y los pobladores y sus comunidades, como consecuencia de acciones u omisiones de los individuos o del mal funcionamiento de nuestra organización política, social y económica y la responsabilidad del Estado, en esos casos.
Las conclusiones y recomendaciones del Informe Especial son resultado de investigaciones acompañadas de propuestas debidamente estudiadas y documentadas de acciones de beneficio inmediato en función de la declaratoria de emergencia nacional y frente a los daños ya causados a las personas, recursos naturales y medio ambiente. Se presenta también propuesta de acciones específicas de corto, mediano y largo plazo para proteger mejor nuestro bosque, prevenir y luchar contra esas amenazas, y preservar el medio ambiente sano para nuestro pueblo.
En síntesis, el Informe Especial revela las amenazas graves a nuestros recursos naturales y el daño ambiental que están provocando no sólo en perjuicio del Estado o de los gobiernos municipales sino que, sobre todo, del centro y sujeto primordial del desarrollo sostenible, que es cada habitante y la población de nuestros municipios, aldeas y caseríos. Por lo que recomendamos abrir plenamente el acceso a la justicia a las víctimas de violación a sus derechos humanos: personas y comunidades municipales y la comunidad nacional.
Ya hemos recibido la aceptación del Gobierno de la República a nuestras recomendaciones y le recordamos la urgencia de asegurar cada vez más la protección y uso racional de nuestros bosques, fortaleciendo la acción conjunta del Gobierno Central y Gobierno Municipal con el sector privado y comunidades municipales, en un frente común contra el gorgojo descortezador del pino, la tala ilegal y los incendios forestales que constituyen actualmente graves amenazas a la vida digna de las y los habitantes de Honduras.
