San José – El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que no respalda la demanda civil que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) interpuso en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos contra su expresidente ejecutivo Dante Mossi por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado e interferencia ilícita.
El Ejecutivo nicaragüense «no respalda y se distancia de esta demanda», indicó el ministro nicaragüense de Hacienda y Crédito Público y gobernador del BCIE por Nicaragua, Bruno Gallardo Palaviccine, en una carta enviada a la presidenta ejecutiva de ese organismo regional, la costarricense Ana Gisela Sánchez Maroto.
«Consideramos que el BCIE debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su imagen y que puedan ser sujetas de manipulación política», señaló el ministro nicaragüense en la misiva.
«Creemos que el BCIE y los países que conformamos contamos con los instrumentos jurídicos para resolver diferencias, por lo que estamos en desacuerdo pretender solucionarlos en países extra regionales que no son accionistas de nuestra organización», agregó.
Nicaragua no fue consultada para la demanda
Asimismo, Gallardo le dijo a Sánchez que «este tipo de acción tuvo que ser consultada y consensuada con los gobernadores y directores de nuestros países por razón del poder de voto, y hasta por un acto de cortesía, al tratarse de una demanda en contra de quien fuera la máxima autoridad del BCIE, quien contó con todo nuestro respaldo durante su gestión».
El BCIE a través de un comunicado explicó que puso esa demanda bajo su compromiso «con los más altos estándares», por el «incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación» a la ley de «Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión» (RICO, por sus siglas en inglés).
Esa ley fue promulgada en 1970 para perseguir a la mafia y que permite la persecución internacional y la sanción civil por actos delictivos cometidos en Estados Unidos.
El BCIE añadió que esa «acción no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el Sr. Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco».
También anunció la contratación de la firma estadounidense Gibson, Dunn & Crutcher LLP a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio para que lo represente.
Caso de Mossi en Costa Rica
El Gobierno de Costa Rica acusó en mayo al expresidente del BCIE Dante Mossi de difamar y mentir en declaraciones brindadas acerca del polémico uso dado por autoridades costarricenses a una donación de 1 millón de dólares.
En febrero pasado, el BCIE informó que sospecha de «fraude y colusión» por parte de un proveedor en una licitación de 300,000 dólares para servicios de consultoría en comunicación al Gobierno de Costa Rica.
Se trata de la Licitación Pública No. 032/2022: ‘Consultoría Estratégica en Comunicación’ en Costa Rica, adjudicado a la empresa RMC La Productora, S.A., cuyo representante legal es Christian Bulgarelli.
El BCIE analizó en ese entonces los argumentos y evidencias de las partes y dijo que emitiría una resolución que incluiría la imposición de una sanción.
La polémica surgió el año pasado con publicaciones de prensa sobre el tema, pero en especial cuando el diario La Nación publicó una serie de audios grabados y facilitados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, quien ejerció el cargo por 4 meses desde mayo de 2022, cuando se inició el Gobierno de Rodrigo Chaves.
En una entrevista telefónica a EFE el pasado mayo, Mossi dijo sentirse «tranquilo» porque no mintió sobre ese polémico uso dado por autoridades de Costa Rica a una donación de 1 millón de dólares. EFE
