Tegucigalpa. – El último informe del Latinobarómetro 2023 aborda el problema de la recesión democrática que enfrentan los países de la región en donde Centroamérica no es la excepción: la mayoría de sus países experimentan preocupantes retrocesos, mientras otros avanzan hacia la autocracia y algunos sencillamente consolidan su dictadura.
La desafección hacia la política, el resquebrajamiento de los partidos políticos sustituidos por los personalismos, el populismo, las autocracias, la corrupción y la penetración de redes criminales del narcotráfico en la política y las instituciones, son algunos de los factores que tienen a la democracia centroamericana con profundos déficit y retrocesos.
Guatemala, el país en donde las elites corruptas se han atrincherado para evitar a toda costa que asuma el presidente electo Bernardo Arévalo, el 14 de enero de 2024, vive desde hace casi cinco meses una batalla a diario para evitar que muera la democracia, los pueblos indígenas han salido al frente en esa batalla en contra de la embestida iniciada por el Ministerio Público y jueces guatemaltecos. El pueblo guatemalteco está luchando por defender la voz soberana que en las urnas dio el triunfo a Arévalo, un hombre de tendencia social demócrata que rompió el tablero de la política tradicional en Guatemala.
Arévalo llega acompañado de una nueva propuesta por medio del Movimiento Semilla, pero su irrupción descolocó a las elites, en especial al llamado “pacto de corruptos” golpeado por la extinta CIGIG y ligados muchos a redes criminales de la narcoactividad. Esos grupos se están jugando el todo por el todo. Recientemente la Corte de Constitucionalidad acaba de emitir un fallo que ratifica, una vez, el triunfo de Arévalo y establece que debe asumir el 14 de enero de 2024 como establece la Constitución de ese país.
El fallo de la Corte de Constitucionalidad cierra el paso a los intentos de golpe de Estado que ha estado viviendo ese país y en donde el papel de la comunidad internacional ha sido contundente en apoyo a la democracia en Guatemala y a la presidencia ganada en las urnas por Arévalo y el Movimiento Semilla. Más de 100 guatemaltecos ligados al “pacto de corruptos” han sido canceladas sus visas por parte de Estados Unidos, otros en la lista Engel y unos más en la Ley Magnitsky, última que es de las más severas decisiones de Washington al implicar la muerte financiera para quien caiga en ella. Europa también ha reaccionado y en su última resolución el Parlamento Europeo condenó el intento de golpe de Estado y la Eurocámara fue más allá: pidió que las personas responsables de la obstrucción democrática rindan cuentas. Solicitó al Consejo de la UE que adopte sanciones –prohibición de viajar y congelamiento de activos- contra la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul; el juez Fredy Raúl Orellana; la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.
Esta virulencia con que ha reaccionado el “pacto de corruptos” para impedir que Arévalo asuma el poder—quien deberá impulsar un gobierno de transición—obedece según analistas guatemaltecos que he consultado, a que no quieren verse como “el expresidente JOH”, y “saben que ese camino les toca”.
El expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), que gobernó este país por ocho años consecutivos, el último período bajo una cuestionada reelección por ilegal y prohibida constitucionalmente, fue ingresado en la lista Engel y pedido en extradición al término de su gestión por asuntos ligados al narcotráfico. El exgobernante hondureño que impulsó el diseño de un modelo de captura del Estado enfrentará juicio por narcotráfico en febrero de 2024 en una corte de justicia de Nueva York.
Juan Orlando Hernández, es el primer expresidente en la historia de América Latina que es llevado ante una corte estadounidense por delitos de narcoactividad y otras causas asociadas. Su captura y extradición ha sido el más fuerte mensaje que Washington ha lanzado a los gobiernos de América Latina, a tal grado que dos presidentes mostraron su asombro y casi condena a esa determinación: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El fantasma del caso JOH recorre así la región, con particularidades entre los países; en Guatemala, los implicados en el “pacto de corruptos” temen seguir el camino de un expresidente extraditado, en tanto Nicaragua, la dictadura Ortega se afianza y blinda; en El Salvador, Nayib Bukele avanza a la autocracia, y en Honduras, el miedo a que se repita la escena del exgobernante Hernández, genera y sigue generando temor en las elites.
En la lucha contra la corrupción, la llegada de una misión internacional como la CICIH se vuelve lenta y agónica, las promesas pierden fuerza, las condiciones mínimas para su instalación no se cumplen y las Naciones Unidas ha sido clara que la pelota está en la cancha del gobierno de Honduras. El discurso ahora es que la CICIH puede quedar instalada, pero su implementación no será por arte de magia, no se hará tronando los dedos o apretando un botón, sino que tardaría algún tiempo como lo fue en sus inicios la CIGIG en Guatemala. En tanto, un anteproyecto de ley sobre extradición fue cocinado en la máxima casa de estudios y en antesala de los poderes ejecutivo y legislativo para “su estudio”. Hay un discreto interés por entrarle a la figura de la extradición, en vista que ésta ahora es regulada por un auto acordado, con los pasos bien definidos, el debido proceso, pero no termina de gustar en la mayoría de las elites políticas.
En ese ínterin, la democracia hondureña lejos de robustecerse, se debilita, y así lo plasma en su informe el Latinobarómetro. Estados Unidos ha empezado a suprimir visas a actores de la política y funcionarios gubernamentales que estiman socavan la democracia, ha sido directo en cuanto a la elección de los fiscales interinos, por considerar el Ministerio Público como un ente clave en la lucha contra la corrupción y también contra los narcotraficantes, últimos que hace un par de décadas penetraron la política hondureña como constatan los registros de época.
El narcotráfico no llega a Honduras de la mano del expresidente JOH, su historia es más atrás, su ascenso en la política fue discreto y efectivo hasta llegar a “coronar”, como dicen los mafiosos, en el gobierno de Hernández, donde será la corte de justicia del Distrito Sur de Nueva York quien acreditará en juicio cómo se dieron y confeccionaron esos movimientos. La ruta del narcotráfico en el país, previo y posterior al golpe de Estado, se puede seguir de los testimonios de los capos en los juicios en cortes federales estadounidenses, de investigaciones académicas al respecto, de crónicas y reportajes periodísticos de investigación y otros elementos que indican el comportamiento y caracterización de estas redes criminales y sus diversos carteles.
El Ministerio Público como otros entes de control anticorrupción y de elección de segundo grado, deben ser fortalecidos en la legalidad y en la legitimidad, pero Estados Unidos considera que el país se está alejando de esos parámetros, y si bien es potestad de esa nación quitar u otorgar visas, voces de países en la mira de Washington por considerar que no son democráticos como Venezuela y Cuba, han salido a condenar la decisión estadounidense de quitar las visas.
El fantasma del caso Juan Orlando Hernández se expande, Centroamérica y sus elites políticas seguirán dando sorpresas, la narrativa legal se confundirá con la narrativa populista, la crispación social y la polarización seguirán al alza y en el registro del país habrá que tomar nota de cada una de las reacciones de aquellas elites políticas que decidieron entrar en una vuelta sin retorno, en su carrera de atropellar las democracias.
