Tegucigalpa – El juez natural dará conocer la resolución de la audiencia a los implicados en el sonado caso Pandora II el jueves 1 de febrero a las 3:30 de la tarde.
Anteriormente, se había programado la fecha de la resolución de la audiencia el jueves 25 de enero.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de medios de pruebas que fueron evacuadas en la audiencia inicial, el juez tiene que prorrogar por una semana la fecha de la resolución, según lo informado por el Poder Judicial.
Pandora II es un caso de corrupción que implica a dos expresidentes hondureños: Porfirio Lobo Sosa (2010-2014 y Juan Orlando Hernández (2014-2022), este último está recluido en una cárcel de Estados Unidos a la espera de someterse a un juicio a partir del 12 de febrero por cargos de narcotráfico.
Tanto Lobo Sosa como Hernández Alvarado son acusados por la comisión del delito de fraude. Aunque este último también es imputado por lavado de activos.
La acusación incluye a Wilfredo Cerrato, quien fue exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), en estos dos gobiernos.
También se incluyen al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johnny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de la Secretaría de Finanzas, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina.
Igualmente, son señalados el director de presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona, y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Expediente
El expediente señala que estos exfuncionarios conformaron de 2010 a 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por 288 millones 016 mil 175 lempiras.
Estos desembolsos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
El expresidente Juan Orlando Hernández recibió el financiamiento para su campaña política de 62 millones de lempiras para el proceso electoral 2023.
Los fondos procedieron de los desembolsos de las instituciones públicas a las fundaciones, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
Mientras que Porfirio Lobo Sosa tuvo participación directa al autorizar el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenarlas, según las investigaciones del ente acusador. AG
