En este año 2018, en el cual deseamos tranquilidad social y bienestar a toda la hondureñidad, estaremos celebrando el 70 aniversario de la proclamación oficial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que está en la base del derecho internacional de los derechos humanos y de la estructuración convencional de principios e instituciones cuyo desarrollo constituye el sistema universal y los sistemas regionales de protección de los derechos humanos.
En ese texto se consigna, como primer reconocimiento internacional, que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Por ello, se afirma terminantemente que todas las personas, sin distinción alguna, tienen los derechos y libertades reconocidos en esa Declaración Universal y en su correspondiente Constitución, y que el ejercicio de esos derechos y libertades por unos, tiene como límites los derechos y libertades de los demás, la seguridad de todos, las justas exigencias del orden público y del bienestar general, en una sociedad democrática.
Dado ese enfoque, los derechos humanos deben ser protegidos por el régimen de derecho, respetados por los particulares y todas las autoridades del Estado y, en especial, por una parte, por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Estado, quienes deben hacer efectiva esa protección y su respeto, defendiendo los derechos humanos de todas las personas, y comportándose conforme a los estándares internacionales de conducta y del empleo de la fuerza y de armas de fuego; y, por otra parte, por todas las personas y cada una de ellas, quienes deben ejercer, de manera pacífica y sin armas, sus derechos y libertades, en especial los de asociación, reunión, manifestación, opinión, expresión, difusión y petición.
A pesar de lo anterior y del tiempo transcurrido, en Honduras no llegamos todavía a actuar con la razón y conciencia del llamado que la Declaración universal de los Derechos Humanos nos hace, a comportarnos como hermanos, respetándonos mutuamente nuestra respectiva libertad e igualdad de tomar posiciones, definir criterios y escoger una ruta propia de vida decente.
Una vez más, la actual crisis política post electoral refleja intereses en desunir las familias hondureñas y dividirnos como pueblo, invocando una superioridad de un sector sobre las opiniones, criterios y opciones de los otros; y los actuales liderazgos políticos no cumplen tampoco todavía con sus deberes de crear condiciones favorables para la reconciliación y unidad del pueblo. Al contrario, se promueve e incita a la violencia, a la intolerancia y a la confrontación, entre sectores de la población y contra las autoridades, dando lugar también a casos de represión arbitraria, por parte de estas últimas. Ello ha traído como resultado: privación de vidas, daños a la propiedad privada y pública, irrespeto al derecho humano a la integridad personal, a la salud, al medio ambiente, a la libertad de circulación, a la libertad de expresión del pensamiento, a la seguridad, a la paz y la democracia.
Esas actitudes y sus resultados niegan los derechos de todos los integrantes del pueblo de actuar, cada uno de ellos, como hombres y mujeres libres e iguales, y como sujetos titulares de derechos y libertades que están en tensión con los derechos y libertades de los demás.
Actitudes y resultados que son contrarios a la dignidad humana, tal como la resguarda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en consecuencia, incompatibles con la democracia real, tal como lo consigna la Declaración Universal sobre la Democracia, al señalar, como principio esencial, que la democracia “es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de puntos de vista, y en el interés de la comunidad”.
Sustentado en todo ello, exhorto nuevamente a los líderes políticos a respetar, sin discriminación alguna, la dignidad humana de todas y todos los que conformamos el pueblo hondureño, y a someterse al igual imperativo en democracia de posibilitar la efectividad del reconocimiento reciproco de los derechos y libertades de cada persona en sus relaciones con las demás en la sociedad y en el Estado, como punto de partida hacia el camino cierto para salir de la inestabilidad política y de los conflictos sociales.
Destaco que el camino cierto está democráticamente trazado para recorrerlo mediante el diálogo incluyente y solidario, conducente a la justicia social; a desarraigar las causas o condiciones que atan, a la mayoría de la población hondureña, a la pobreza y desempleo; a fomentar la seguridad humana y el desarrollo sostenible, nacional y local; a adoptar y poner en vigencia reformas electorales que garanticen más, conforme al consenso de todos los hondureños y hondureñas, elecciones en condiciones de igualdad, apertura, libertad, justicia y transparencia; a fortalecer la cohesión social; y a impulsar la paz interna e internacional.
En esa dirección, recomiendo también al Estado hacer efectivo el principio de la integración nacional en Honduras, tal como lo prescribe la Constitución de la República, según la cual: “El Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, la estabilidad política y la paz social”.
Como parte imprescindible de esta recomendación afirmo que esa integración nacional debe llevar consigo, en todo caso, un avance fehaciente en el cumplimiento del deber jurídico del Estado hondureño, puntualizado, desde 1988, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de: “ organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.
Así Honduras se pondrá también en orden de cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo que respecta al reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana como base de la libertad, la justicia y la paz; y de la norma según la cual: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocidos en su Constitución nacional, se hagan plenamente efectivos.
