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Dialogando con la ciudadanía sobre temas prioritarios de interés nacional

Dr. H. Roberto Herrera Cáceres

1. Inmunización colectiva del pueblo contra COVID 19

El lento e insuficiente acceso a la vacuna, afecta con mayor fuerza, la salud, vida y energías de la mayoría de la gente que se encuentra en situación de pobreza, debilita su aporte a sus familias y comunidades y la participación social en la reconstrucción transformadora de Honduras.

Desde el mes de diciembre 2020 hasta el presente, he abordado esta materia y recomendado medidas incluyendo la obligación de aplicar el principio de precaución, para evitar llegar hasta donde hemos llegado, por negligente imprevisión, en perjuicio de la salud y vida de nuestra población. 

La enfermedad de COVID 19, por su gravedad y peligrosidad, individual y social, obliga a posibilitar la inmunidad colectiva que es necesaria en toda sociedad democrática, en todo el mundo, mediante las vacunas que el Estado debe asegurar y aplicar al pueblo, con la cooperación de las personas naturales e institucionalidad social.

Necesitamos también comprender que la aplicación planificada de vacunas depende muchas veces de injustos factores que siguen prevaleciendo en las relaciones internacionales y que vulneran la dignidad humana. Lo que obliga a buscar como  eliminar o reducir el daño a nuestros pueblos, sabiéndonos posicionar en la situación mundial actual, en la cual la mayoría de los Estados en desarrollo, entre ellos Honduras, carece o tiene demasiado limitado y lento acceso a las vacunas que necesita para la necesaria inmunización colectiva contra la COVID 19, incluyendo desabastecimiento  en medicamentos e insumos necesarios para el funcionamiento debido de los centros de atención primaria en salud y de los centros de trìaje de casos de COVID 19. Lo que restringe el espacio de salud de las personas, ahora más amenazado por las variantes que están surgiendo de la enfermedad pandémica.

Nuestra sociedad debe ayudar a que se concrete solidaridad social internacional con la inmunización colectiva del pueblo hondureño y otros pueblos en análoga situación de discriminación e inequidad, en el ejercicio de su derecho de acceso pronto, progresivo y oportuno a vacunas seguras contra COVID 19.

Ante esa situación, he apoyado y divulgado, a título de ciudadanía hondureña y global, las resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y las iniciativas del Secretario General de las Naciones Unidas, incluidos la OMS y el PNUD, en esta materia; asimismo,he expresado respaldo al llamado tanto de la Santa sede, por medio del Papa, como de varios Jefes  de Estados y la Organización Mundial de la Salud que exhortaron inclusive a pensar en los preparativos para elaborar un tratado internacional ante posibles futuras pandemias. De igual manera, he procedido con las recientes resoluciones del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y la Declaración del Parlamento Centroamericano, sobre el acceso equitativo a la vacuna contra COVID 19 para los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

Sin embargo, es evidentemente el tiempo de priorizar este problema y buscar su  más pronta solución, estructurando una acción institucional social que dinamice y se una a la oficial del Estado de Honduras, para urgir solidaridad social internacional concreta de países desarrollados(Estados, sociedades y fabricantes de vacunas) con países en desarrollo, como Honduras, en cuanto al acceso oportuno que nos corresponde a vacunas seguras y eficaces que son un bien público universal para la inmunización colectiva de los pueblos; y  contribuir, con ella, a la seguridad en salud de toda la humanidad.

En consecuencia, a la institucionalidad hondureña social, académica, sector privado, Iglesias, gremios y otra, exhorto: a esparcir su voz, presencia y acción dinámica, previamente concertada con las autoridades de salud y de relaciones exteriores del Estado hondureño, utilizando, para ello, sus correspondientes capacidades y vínculos internacionales, en los diferentes niveles: centroamericano, americano, iberoamericano y mundial. 

Urge solidaridad concreta de países desarrollados que ya recibieron grandes cantidades de vacunas con países en desarrollo que no las han recibido aún o no las reciben suficientemente y están más expuestos a las variantes de #COVID 19. La vacunación debe ser mundial, segura y oportuna para ser eficaz y traer seguridad a todos, salvando esta generación, pensando en las demás.

El objetivo común es que el llamado se extienda mundialmente y conduzca a la solidaridad social internacional, con nuestro pueblo y otros en situación análoga en esta pandemia, haciendo sentir el clamor de la humanidad entera en favor de la dignidad e igualdad de las personas y la no discriminación entre ellas, mediante la priorización real del acceso equitativo a vacunas seguras, eficaces y oportunas, como bien público universal, para preservar y fortalecer la salud y la vida, en todo el planeta. Con esta ejecutoria y sus consecuencias positivas,esperamos así sentar precedente para una renovadaconvivencia humana e impulso a la democracia universal.

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, recordamos, a todos los Estados miembros, que la ONU debe reafirmar constantemente la fe en los derechos humanos, en la dignidad y valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. 

En esa virtud, se necesita apremiantemente más acciones con resultados concretos para evitar el agravamiento de los riesgos a la salud y a la vida de los pueblos de los países en vías de desarrollo, por amenazas de la pandemia COVID – 19.

2. Cooperación USA – Honduras

Cooperación internacional que se necesita para la solución adecuada y sostenible de  causas estructurales de la migración forzada, en Honduras, afirmando nuestra responsabilidad principal y titularidad nacional, desde los municipios. 

Uno de los aspectos centrales del ejercicio de nuestras funciones estairmandtales, durante el período 2014 – 2020, fue el estudio y acompañamiento de la migración forzada, sus causas, sus efectos e impacto sobre la dignidad humana y el Estado democrático de Derecho: velando por el  respeto de los derechos humanos; gestionando y promoviendo asistencia humanitaria internacional; compareciendo en foros internacionales y proponiendo vías contemporáneas de solución de causas estructurales; y formulando sistemáticas recomendaciones (en especial al gobierno y a la sociedad de Honduras y, en general, a la comunidad internacional) sobre el trato digno y la ineludible solución de este fenómeno cuya raíz se encuentra en la inseguridad humana. 

Como parte de mis obligaciones ciudadanas de contribuir con el sostenimiento moral y material de la Nación hondureña, continúo abogando por la solución adecuada de esas causas que influyen en la decisión de personas hondureñas a migrar forzadamente, por las negativas realidades de subsistencia y supervivencia en sus comunidades locales y por las expectativas de encontrar, en el país de destino de su migración, condiciones de vida digna que no encuentran en Honduras. Lo que es contrario a todo Estado democrático de Derecho, al negarse los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y posibilidades, a todas y todos sus habitantes. 

Por ello, es decisivo lograr la solución de la problemática de las causas raíz de esa migración forzada, con el compromiso de cumplimiento inexcusable de lo requerido para hacer efectiva esa solución, por parte del Gobierno Nacional y los gobiernos locales. Hacia ese objetivo, es necesario escuchar a la gente, en sus municipios; comprender y atender sus necesidades, previamente identificadas y priorizadas por las mismas comunidades; fomentar confianza hacia sus talentos y racional utilización de sus recursos; así como crear condiciones favorables a la gobernanza democrática, destacando la importancia de la participación ciudadana y veeduría social, la transparencia y rendición de cuentas del gobierno municipal.  

Las causas raíz de la migración forzada son complejas y la solución eficaz y durable requiere un enfoque comprensivo e interrelacionado de los aspectos sociales, culturales, económicos, medioambientales y políticos; y debería apuntar directamente al bienestar de las comunidades municipales, siguiendo los lineamientos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

A ese efecto, he sostenidamente recomendado la implementación transparente y verificable de un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la seguridad humana para el Desarrollo Sostenible que complemente la cobertura de necesidades en los municipios; asegure la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo e incluya una estrategia pragmática y pronta de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable, en cada municipio.

Ello requiere del ordenado cumplimiento de la responsabilidad principal del Gobierno Central, gobiernos municipales, sociedad civil incluyendo sector privado, académico, gremial, iglesias y otros. Lo que se complementaría con adecuada cooperación internacional. 

En esa dirección, el Gobierno Central debe orientar más, a la inversión social, los recursos del Presupuesto General de la República, dividiendo recursos presupuestarios para asignarlos suficientemente a todos los municipios de Honduras, en particular en salud, educación, trabajo, vivienda y en todos aquellos sectores que contribuyan a mejorar la condición de vida de los habitantes, y en promover el crecimiento económico inclusivo y con equidad. Todo con atención especial a los grupos más necesitados, pobres o vulnerables de las comunidades.

A los alcaldes y corporaciones municipales y sus comunidades, corresponde elaborar y ejecutar planes de desarrollo orientados al bienestar de los habitantes de sus municipios, por medio de su desarrollo local sostenible y endógeno, con sus propios recursos, en correspondencia con el marco general del desarrollo sostenible nacional, dando atención especial al medioambiente y al debido rendimiento social de los servicios públicos municipales, y de los servicios prestados por el Estado u otras instituciones a la comunidad municipal.

Las comunidades y autoridades municipales, valorizarían la dignidad de las personas y familias como fuerza vital del municipio para auto –ayudarse en la atención de sus propias necesidades y participar activa, pacífica y constructivamente en la buena gobernanza municipal de seguridad humana para el desarrollo local sostenible que les conduzca al bienestar, mejorando su condición de vida y trabajo, con dignidad; así como organizarse para utilizar debidamente la cooperación complementaria que requiriesen para el bienestar de la comunidad. 

Todo lo anterior, sería para desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo, con cooperación internacional. Sin perjuicio de ello, dada la coyuntura de la pandemia COVID 19 y sus efectos agravados en Honduras, es parte esencial y urgente de la solución, que se atienda, con apoyo internacional, la excesivamente lenta y limitada inmunización comunitaria de los migrantes y habitantes de Honduras, contribuyendo con el acceso equitativo y oportuno a vacunas seguras y eficaces para toda la gente que lo necesita. Ello requiere acompañarse de la habilitación y debido funcionamiento de   centros de atención primaria en salud y de funcionales centros de triaje, en todos los municipios. 

Debemos tener presente que la solución de esas causas estructurales está vinculada necesariamente con la situación actual de nuestros compatriotas, en países de tránsito y de destino. Por lo que se deberá atenderla con respuesta favorable a su situación digna, estable y confiable, mediante estatutos durables de protección de nuestros migrantes que ya se encuentran en los Estados Unidos de América y en México, respetando y favoreciendo la reunificación familiar; y garantizando un trato digno a los que integran los flujos migratorios y, en su caso, a quienes retornen a Honduras.

Debemos evitar igualmente la repetición del ineficaz gasto de esfuerzos y recursos en el pasado, que ignoró la importancia de la responsabilidad principal del Estado y la sociedad, y de la participación social activa y la buena gobernanza municipal. Hay que recordar la función de la cooperación internacional, de saber complementar la titularidad local y nacional, apoyando y orientando la gente hacia el desarrollo sostenible y el bienestar e innovando con cooperación internacional directa a los municipios, con las garantías estatales, municipales y sociales debidas.

Necesitamos cooperación internacional que comprenda y atienda adecuadamente lo anterior como vía conducente a la solución eficaz y perdurable de las causas de la migración forzada. Lo que, en especial, se esperaría de los Estados Unidos de América y México, del Sistema de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, y de otros cooperantes multilaterales y bilaterales.

En esa perspectiva y en el espíritu de cooperación y solidaridad internacional, es de reconocer la importancia de los recientes Decretos Ejecutivos norteamericanos y la Declaración Conjunta México – USA, en favor de dignificar más el trato a los migrantes, contribuir a la solución de las causas de la migración forzada y orientar hacia la gobernanza de una migración ordenada, regular y segura. 

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