Por: Julio Raudales
Tegucigalpa.-El estado hondureño languidece al compás del debilitamiento, inoperancia y corrupción de las instituciones sociales en todos los ámbitos.
2015 proveyó por primera vez en muchas décadas de inacción y desidia, un hálito de esperanza, iluminado por el resplandor de antorchas que, indignadas reclamaban la limpieza del estado y la reconstrucción de un orden en que la ley y su irrestricta obediencia sean la norma y no la excepción.
De ahí nació la MACCIH y aunque para la mayoría de hondureños, escépticos y cansados de ensayos gatopardistas, las cosas marcharían igual, a menos que la indignación ciudadana continuara su marcaje acérrimo a quienes detentan el poder y los recursos públicos, no se puede negar que parecía que un nuevo rumbo se abría a este empobrecido país, ignoto e ignorado por la comunidad internacional, excepto cuando los huracanes, políticos y naturales la asolan.
Es por ello que no fue extraño para casi nadie, ver el rostro lívido y escuchar la voz cimbrada del señor Jiménez Mayor en la pantalla del pasado miércoles, cantando sus verdades a quienes con alevosía y estulticia más que “viveza”, habían aprovechado sus atribuciones legislativas, para crear el atajo más vergonzoso a la impunidad.
Y todo ello en medio del torbellino político que nos arrastra desde noviembre y también, a propósito del viaje que funcionarios hondureños y de la MACCIH realizan a Brasil para conocer in situ las conexiones de funcionarios –tal vez presentes y pasados- con el tristemente célebre consorcio Odebrecht.
Como era de esperar, parece que la transnacional sudamericana de la infraestructura también salpicó a más de algún funcionario hondureño, tal como hiciera en los últimos años en la mayoría de países de latinoamericanos. Seguramente veremos acción comunicativa en los próximos días al respecto.
Pero más importante será no quitar el índice de la llaga; pronunciarse sobre las cosas que, de no corregirse seguirán afectando al país: el uso de las prerrogativas del poder para cubrir acciones delictivas, el abuso de las debilitadas instituciones para beneficiar el peculio propio o de amigos, la distorsión del estado para sacar provecho político de la necesidad del pueblo, por ejemplo.
Escuchar a un honorable diputado decir que los integrantes del Legislativo NO son funcionarios públicos es exasperante. Más allá de los argumentos de entremés o los alegatos rimbombantes, atengámonos al fondo y dejemos las formas de lado: Uno es empleado de quien le paga el salario y el de ellos viene de los impuestos de la ciudadanía. Así que dejemos los eufemismos y seamos serios.
Además, si no son empleados públicos, ¿Por qué ejecutan los recursos del fondo Departamental y otros que olímpicamente desuellan para sacar provecho político?
Ese es, al fin y al cabo, el mayor desafío que debemos confrontar: el ordenamiento institucional y la obediencia irrestricta a la ley deberá ser la lección sacada del sainete de la presente semana.
Parece como si con la recuperación de la democracia en nuestro país, así como en el resto de Latinoamérica, tras años de dictaduras, se hubiera producido una peligrosa combinación de Estado débil, administración pública incapaz y necesidad de aferrarse al poder mediante la triquiñuela y las acciones populistas.
La falta de una clase política bien formada y comprometida nos pasa la factura y encarece las posibilidades de desarrollo y bienestar, sobre todo para los más necesitados. Esa no es la razón primigenia del espíritu republicano, es necesario pues, rescatarlo y hacerlo valer.
Es fundamental que la sociedad no caiga en un peligroso desencanto del sistema democrático ante el grado de la penetración de la corrupción. Para ello es necesario primero una actuación contundente de los tribunales, como está haciendo la Justicia en muchos países latinoamericanos y como se pensó que podíamos hacer nosotros con la ayuda de la MACCIH.
Después es necesaria la puesta en marcha y el reforzamiento de medidas de control y transparencia que eviten el saqueo de las arcas públicas que han sufrido los países afectados por el caso Odebrecht. Y esto último no podrá hacerse sin una transformación profunda de la clase política y de sus principios y prioridades.
