Por: Ricardo Puerta
Tegucigalpa.- El miércoles 13 de enero pasado, el Instituto de Políticas Migratorias/Migration Policy Institute, (de ahora en adelante MPI) , con sede en Washington D.C., auspició un panel de expertos sobre las desventajas sociales, económicas y de idioma que enfrentan los menores nacidos en Estados Unidos de inmigrantes extranjeros no autorizados en ese país, conocidos también por “indocumentados” o “mojados”.
El panel del MPI fue divulgado en redes a través del Internet, tecnología conocida en inglés por “webinar” y definida por una conferencia, panel, taller, foro, seminario, etc. que se transmite a interesados por Internet. Su característica principal es la interactividad que se produce entre los participantes, audiencias y los expertos. A través de un trámite breve previo, los interesados en Honduras podían conectarse en vivo a dicha actividad, la cual se desarrolló toda en inglés.
Previo al panel, el MPI circuló un documento base de dos páginas, en inglés, que aquí lo comparto traducido al español a los lectores de proceso.hn. La traducción, hecha no es literal, sino que he tratado de usar un lenguaje lo más cerca posible a como la gente habla aquí. En ocasiones intercalo notas aclaratorias para lograr una mayor y mejor comunicación.
Para algunos, la discusión del tema quizás sea innecesaria, sabiendo que la 14ta. Enmienda en la vigente Constitución de los Estados Unidos, por regla general implica que todos los niños que nacen en Estados Unidos son ciudadanos americanos con pleno derecho y desde el momento del nacimiento. Esto es así tanto si los padres son americanos, residentes permanentes legales, indocumentados, estudiantes, asilados, turistas o personas con visas de trabajo o de TPS. Es decir, no importa el estatus migratorio de los padres. Aunque haya que tomar precauciones en algunos casos para no tener problemas (como se deriva de la lectura más abajo). La única excepción a la regla general son los hijos de diplomáticos extranjeros que nacen cuando su papá o su mamá estén ejerciendo un trabajo oficial para otro país y cuentan con inmunidad diplomática por esa causa.
Para otros, el tema también es de actualidad ante la masiva ola de deportaciones masivas que anticipa realizar la administración de Obama en el año 2016, las cuales ya llegó la primera de unidades familiares a Palmerola. Los criterios utilizados para decidir tales deportaciones fueron publicados en el 2014 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El DHS estableció el orden de prioridades que sigue para realizar las deportaciones:
Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros)
Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración y quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014)
Prioridad 3: Personas con DUI (Conducir ebrio), cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel
Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014
Las 4 prioridades anteriores exigen, al mismo tiempo, que los Estados Unidos sigan cumpliendo con la Ley William Wilberforce, también conocida por sus siglas en inglés TVPRA o Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico de Personas.
Fue aprobada en el año 2008 por acuerdo bipartidista, durante la administración del presidente George Bush, cuando a las fronteras norteamericanas solían llegar anualmente unos 6 mil menores, casi todos de origen mexicano. La ley se aplica a los menores que entrando sin un adulto a territorio norteamericano, provienen de países sin fronteras físicas con Estados Unidos. Por lo tanto, excluye a los menores detenidos que llegaron sin un adulto, procedentes de México, quienes de inmediato y por grupos pueden ser deportados.
Según esta ley, el menor detenido, sin ser deportado, tiene derecho a juicio, en un tratamiento de caso por caso, y asistido por un defensor público o un abogado voluntario, que le brinde gratuitamente sus servicios legales. El proceso tiene la posibilidad que el menor detenido se quede legalmente en Estados Unidos, si el juez de la Corte de Migración decide a su favor.
En las Cortes de Migración estadounidenses hay al presente más de 375 mil casos en mora judicial, entre adultos y menores, que esperan ser juzgados. Tomaría de 3 a 4 años limpiar la mora judicial existente con los 243 jueces hoy activos en el sistema de las Cortes de Migración. La experiencia nos dice que solo el 17% del total de migrantes enjuiciados en tales Cortes logra un fallo favorable, mientras el 83% restante es deportado, casi todos adultos.
El cumplimiento de esta Ley por Estados Unidos explica el por qué en los vuelos de ese país que llegan con deportados a la Base de Palmerola o al Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, solo vienen unidades familiares, casi siempre madres con su hijo o hija.
A esos deportados que llegan a Honduras por ambos aeropuertos sería recomendable que el Gobierno hondureño, le hiciera dos preguntas, agregadas a la Ficha de Registro de Atención al Migrante Retornado, para saber hasta qué punto, y en qué grado, se cumplen en cada deportado las prioridades antes señaladas y la Ley Wilberforce. Los resultados de tales preguntas, los debería de compartir el Gobierno hondureño con el de Estados Unidos, su histórico aliado geopolítico, y ahora también socio co-responsable diferenciado en el tema migratorio.
Contenido y datos
Título del documento: La condición migratoria no autorizada de los padres pone en desventaja a 5.1 millones de niños, aún cuando cerca del 80 por ciento de ellos nació en los Estados Unidos.
Subtítulo: 86% de esos niños podrían potencialmente beneficiar a sus padres a través del Programa DAPA, el cual continúa sin vigencia pero con potencial de aplicación hasta el presente.
Desde el 16 de febrero del año 2015, Andrew Hanen, un juez federal de Texas, decidió bloquear las acciones ejecutivas migratorias ordenadas por el presidente Barack Obama, incluyendo la creación del DAPA, Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA, por sus siglas en inglés). El programa DAPA sale de un decreto del Presidente de Estados Unidos, emitido en noviembre de 2014. Pretende darle protección a unos 4 millones de padres indocumentados que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, otorgándoles permiso de trabajo y un número del seguro social por un periodo de tres años, que ambos pueden renovarse.
La decisión del juez Hanen se basó en la demanda presentada por 26 estados del país, que tienen gobernadores y fiscales estatales republicanos (dos fiscales bajo gobernadores demócratas), incluido Texas, para frenar la acción ejecutiva de Obama, con el argumento de que el presidente violó sus deberes constitucionales al actuar sin el consentimiento del Congreso. Hasta el presente, la Corte Suprema de Estados Unidos no ha decidido sobre la apelación que presentó la administración Obama, solicitando la suspensión del interdicto temporal que presentó el juez de Texas, bloqueando los programas de DACA y DAPA.
La investigación analizada muestra que los niños que tienen un padre/madre que es un inmigrante no autorizado en Estados Unidos enfrentan una desventaja significativa, aún cuando tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. Una nueva hoja de datos del MPI, que utiliza una metodología innovadora, permite identificar los beneficios económicos, educativos y lingüísticos de programas federales que pudieran tener los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes no autorizados al compararlos con otros menores también nacidos en los Estados Unidos.
El MPI estima que unos 5,1 millones de niños (menores de 18 años) – 79 por ciento (4,1 millones) nacieron en los Estados Unidos – viven con un padre que es un inmigrante no autorizado, tal total de menores representa el 7 por ciento de la población infantil total de Estados Unidos. En la nueva hoja de datos, los investigadores MPI encontraron las desventajas que enfrentan estos menores, debido a la situación migratoria no autorizada de sus padres, en específico, padecen de más pobreza y de aislamiento lingüístico. Muestran menor movilidad socioeconómica familiar y menos dominio del inglés, así como una tasa inferior de matrícula preescolar cuando tienen menores elegibles para esos servicios.
El bloqueo legal existente se vuelve un desafío, al menos temporal, ante una iniciativa de la administración Obama que podría otorgar permisos de trabajo y un alivio temporal que prevenga la deportación de los padres al 86 por ciento de estos niños, de lo contrario, la desventaja esbozada por los investigadores del MPI probablemente persista en los millones de niños mencionados.
Se espera que este mes –enero 2016– la Corte Suprema de Estados Unidos decida si ha de examinar el caso de impugnación presentado por el juez de Texas contra la Acción Diferida para los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes del Programa (DAPA), explicada al principio de este escrito.
La hoja informativa, “Perfil de los niños estadounidenses con padres inmigrantes no autorizados” del MPI, evidencia que el 42 por ciento de los niños con un padre inmigrante no autorizado se encuentra viviendo en uno de los 26 estados que se unieron al bloqueo contra el DAPA. Los 10 estados que tienen una mayor proporción de niños con padres inmigrantes no autorizados en relación al total de los hijos de la población inmigrante –Carolina del Norte, Arkansas, Carolina del Sur, Alabama, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Idaho y Texas– se unieron a la demanda presentada por el juez Hanen contra el DAPA.
La hoja de datos, si nos fijamos en los casos extremos superiores, proporciona una visión única de los hijos de inmigrantes no autorizados a nivel estatal y por condado, incluyendo su número, características (ciudadanía, edad, dominio del Inglés y la matrícula en la escuela) y el estatus socioeconómico, así como el número de padres que estén protegidos contra deportaciones por el amparo que les ofrece los programas de acción diferida. Estos datos debían ser analizados por alguna entidad del Gobierno, la sociedad civil y las iglesias de Honduras, y en base a sus hallazgos, dentro de una estrategia de co-responsabilidad diferenciada de nuestra parte hondureña, adoptar estrategias más realistas, dignas y pertinentes ante el Gobierno, los entes de la sociedad civil e iglesias norteamericanas.
Los investigadores del MPI encontraron lo que les ofrecen y a lo que tienen derecho los no-ciudadanos inmigrantes, según los programas federales vigentes, de acuerdo a lo publicado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos (Encuestas del American Community 2009-2013 y de Ingresos y Participación en el Programa):
· Tres cuartas partes de los niños con padres inmigrantes no autorizados vivían en familias cuyos padres tienen un ingreso menor al umbral exigido para llegar a ser beneficiado con almuerzos escolares gratuitos o dados a precio reducido para sus hijos, comparado con el 51 por ciento de los niños de todos los inmigrantes y el 40 por ciento de toda la población infantil de Estados Unidos.
· A diferencia con lo sucedido a los niños estadounidenses en general, los niños con padres inmigrantes no autorizados se quedaron tan pobres como estaban, en su tránsito de niñez a adolescencia.
· Los niños de 3-4 años con padres inmigrantes no autorizados tenían menos probabilidades de estar matriculados en preescolar: 37 por ciento en comparación al 45 por ciento como sucede con los hijos de los inmigrantes en general y con el 48 por ciento, como sucede con la población infantil total de Estados Unidos.
· En todas las edades, los niños con padres inmigrantes no autorizados son más propensos a estar lingüísticamente aislados, es decir, que viven en una familia donde no hay un dominio del Inglés entre los miembros que tienen 14 o más años de edad. En general, el 43 por ciento de ellos esta lingüísticamente aislado, en comparación con el 24 por ciento para los hijos de todos los inmigrantes y el 6 por ciento de los niños estadounidenses en general.
· Los niños con 5 y más años de edad con padres inmigrantes no autorizados tienen más probabilidades de tener un dominio limitado del idioma inglés (LEP por sus siglas en Inglés, Limited English Proficiency) en comparación a los niños de los padres de inmigrantes, que tienen el 27 por ciento, y de la población de Estados Unidos en general, que tienen no más del 3 por ciento. La brecha entre poblaciones se va cerrando a medida que aumenta la edad de los menores en las poblaciones que fueron comparadas.
· La hoja de datos también confirma que la proporción de niños no autorizados a beneficiarse de los programas antes mencionados, aumenta con la edad: en las edades de cero a 2 años 3 por ciento, aumenta al 17% para quienes tienen edades entre 5 a 11 años y y se incrementa aún más, al 41 por ciento, para quienes tienen edades de 15 a 17 años.
La hoja de datos que ha servido de base para los análisis citados pueden descargarse en: www.migrationpolicy.org/research/profile-us-children-unauthorized-immigrant-parents
Proyecciones y otros estudios del MPI
«Con la prohibición del DAPA y de otros cambios mayores ocurridos en la política migratoria estadounidense, el desarrollo de estos niños se llevará a cabo con desventajas, si sus padres se mantienen en el estado migratorio no autorizado que ahora poseen», tal como lo dijo Randy Capps, Director de Investigación de los Programas Estadounidenses del MPI.
Los hallazgos que resultan de la hoja de datos analizadas son consistentes con otras investigaciones que realizaron el MPI, que indagan sobre el impacto que tiene el estado migratorio no autorizado de sus padres en las familias y sus miembros menores de edad. Entre esos estudios hay un informe que examina los efectos que tiene la deportación y los temores a la deportación, en familias de inmigrantes no autorizados y en sus hijos, cuando fue ya deportado el padre o la madre. Tal deportación y los temores ante la misma, se relacionan después con los grados de participación que mantienen los miembros de esas familias en los sistemas de salud y de servicios sociales existentes en cinco Estados de la Unión.
Para más información sobre el tema o sobre el panel del MPI pueden solicitarla a Elizabeth Heimann eheimann@migrationpolicy.org, Coordinadora de Comunicaciones del MPI.
