Por: Luis Cosenza Jiménez
Hace unas semanas el Embajador de Estados Unidos declaró que, una vez más, no calificamos para obtener una nueva donación de la Cuenta del Milenio.
Como consuelo agregó que continúan trabajando para que el Congreso apruebe al menos parte de los fondos solicitados para la Alianza para la Prosperidad, los cuales beneficiarían a los tres países del llamado Triángulo Norte de Centro América. Pero veamos en más detalle las implicaciones de las declaraciones del Embajador.
Para calificar para una nueva donación de la Cuenta del Milenio, para lograr un nuevo “Compacto” (usando la jerga de la Cuenta), nuestro país debe cumplir con un conjunto de indicadores. No obstante, el único indicador que no puede incumplirse es el referente a corrupción. Si se incumple, el país resulta automáticamente descalificado, cosa que no ocurre si se contraviene otro u otros de los indicadores. En lo referente a corrupción, el requisito es que nuestro indicador sea mejor que el que corresponde a la media de los países con los cuales se nos compara. Ese grupo de países cuenta con un ingreso per cápita similar al nuestro, y la experiencia indica que a medida que se incrementa el ingreso per cápita, disminuye la corrupción. En otras palabras, a medida que aumenta nuestro ingreso per cápita, la prueba se vuelve más exigente. Habiendo explicado esto, el hecho es que, nuevamente, no hemos podido aprobar la prueba de corrupción, lo cual debe ser preocupante para todos. Claramente que lo que hemos venido haciendo resulta insuficiente y eso demanda que tomemos medidas adicionales. Más de lo mismo llevará a los mismos, y negativos, resultados.
Cabe recordar, para nuestro análisis, que la Corporación de la Cuenta del Milenio cuenta con una Junta Directiva presidida por el Secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el jefe del Embajador. En otras palabras, los mismos que gestionan los fondos de la Alianza para la Prosperidad ante el Congreso han decidido que no podemos acceder a los fondos de la Cuenta por no cumplir con el indicador referente a corrupción. Siendo esto así pareciera que la única posición coherente sería solicitar los fondos para la Alianza, a la vez que proponen un mecanismo para que nuestro gobierno no pueda tocar dichos recursos. Claramente que esta no es una situación de la cual podamos sentirnos orgullosos.
Recordemos además que nuestros compañeros en el Triángulo Norte están similarmente cuestionados en cuanto a corrupción, por lo que probablemente se busque una institución internacional para que maneje los fondos. Todo parece indicar que, salvo que el Congreso de Estados Unidos opte por otra vía, esa institución sería el BID. Si bien eso seguramente contribuirá al uso probo de los fondos, las medidas para prevenir la corrupción también seguramente resultarán en el lento desembolso de los fondos. O sea que en el mejor de los casos nosotros no administraremos los fondos y estos llegarán lentamente a los necesitados. Todo como consecuencia de no avanzar lo suficiente en la lucha contra la corrupción.
Para mejorar el ataque a la corrupción me parece que habría que agilizar la impartición de justicia y actuar transparentemente. No es aceptable, ya que contribuye a generar la percepción de impunidad, que en lo concerniente al IHSS, mientras la justicia chilena actuó expeditamente con el caso que le correspondió, en nuestro suelo los procedimientos para fallar los casos parecen ser interminables y eternos. ¿Cuánto más tendremos que esperar para que se falle, y se ponga punto final, a los casos que ya están en los Tribunales? Por otro lado, ¿cuál es el cronograma para que a la brevedad podamos contar con la MACCIH? Sin ese ente no podremos convencer al pueblo que el gobierno tiene la capacidad para investigar imparcialmente los actos de supuesta corrupción de altos funcionarios y los casos de recursos presumiblemente otorgados a la recién pasada campaña presidencial por empresas de maletín aparentemente involucradas en el saqueo del IHSS. Sin respuestas convincentes a estas interrogantes, y a otras que seguramente tendrán los lectores, difícilmente se reducirá la percepción de corrupción e impunidad.
En cuanto a transparencia, tal vez Transparencia Internacional pueda auxiliarnos ya que firmaron un documento con la Administración Hernández. Quizás puedan lograr que el gobierno informe quienes han sido los beneficiarios finales de los generosos contratos suscritos para la generación de energía fotovoltaica. Igualmente, quizás puedan conseguir que el gobierno presente un informe detallado del uso de los recursos provenientes de la tasa de seguridad, incluyendo los procedimientos empleados para contratar bienes y servicios. Si esto resulta imposible, entonces habría que preguntar cuál ha sido el beneficio del documento firmado con el gobierno y cuál será el impacto sobre la reputación del gobierno y de Transparencia Internacional.
Al final, una lucha exitosa, o al menos percibida como denodada, contra la corrupción es fundamental para la estabilidad social y política y aún para nuestro auto estima como hondureños. Seguramente que a las lectoras les indigna que usualmente figuremos en la lista de los países más corruptos. Si como consecuencia de esa lucha logramos otra donación de la Cuenta del Milenio, todavía mejor. Dios quiera que pronto podamos celebrar la suscripción de un nuevo “Compacto”.
